Publicado: abril 21, 2026, 5:14 am
Donald Trump aceptó como regalo un Boeing 747-800 de la familia real de Qatar, una aeronave de 400 millones de dólares destinada a servir como un Air Force One “temporal” antes de pasar, convenientemente, a su patrimonio personal. En México, López Obrador montó el teatro de la rifa del Avión Presidencial, cuyo desenlace fue una muy opaca venta a Tayikistán. No son solo anécdotas de mandatarios excéntricos; son síntomas de una erosión institucional donde los bienes públicos y la información privilegiada se confunden con el patrimonio privado.
Es materia de comentarios en los mercados, pero una investigación reciente de la BBC documenta cómo la comunicación política se ha transformado en una herramienta de manipulación bursátil.
La evidencia a la que apunta este medio británico es el flujo de mensajes y anuncios de todo tipo de Trump, desde arancelarios hasta bélicos, que no solo buscaban efectos electorales, sino que generaba una volatilidad aprovechada con fines de lucro.
Tocará en algún momento al poder Legislativo y a las autoridades estadounidenses determinar si los dictados de la política a través de filtraciones o anuncios dirigidos se han convertido en mecanismos de transferencia de riqueza hacia quienes poseen los datos antes que el resto.
En Estados Unidos, las elecciones de noviembre próximo podrían definir una nueva composición del Congreso, lo que inclinaría la balanza hacia una supervisión, con cierto grado revanchista, del lado demócrata. Trump podría enfrentar investigaciones de comités especiales del poder Legislativo que podrían sentarse en presuntos casos de peculado y uso de información privilegiada.
Independientemente del resultado de una investigación a esos niveles, la reaparición en aquel país de un Congreso con contrapesos reales actuaría como un ancla de certidumbre para Wall Street; siempre con el riesgo de una parálisis inducida por cuestiones electorales, pero con un eventual freno al capitalismo de cuates.
Mientras tanto en México, la impunidad de la gestión de la información ya es parte del costo de oportunidad del país. Los ejemplos ya son incontables, pero, entre los más recientes, desde un derrame petrolero de Pemex del que no informan al director y no pasa nada, hasta el descaro de funcionarios públicos que usan las embajadas como hoteles particulares sin ninguna consecuencia.
Y no es que una embajadora con instintos maternales afecte el desempeño de los mercados financieros, es la señal de alerta de la impunidad en las esferas gubernamentales, que además no tienen ningún tipo de contrapeso.
Al final, toda factura acaba con cargo al desempeño de la economía. La esperanza para Estados Unidos es el retorno a los controles democráticos y el fortalecimiento de agencias como la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), que tradicionalmente castigan el insider trading.
En México, las opciones son tan limitadas como urgentes: sin una autonomía real de los órganos reguladores, y ante la ausencia de contrapesos políticos y judiciales; la transparencia y el buen gobierno simplemente no forman parte de la oferta para la inversión.
La opacidad y la falta de Estado de derecho siempre serán barreras de entrada que castigan a las inversiones directas y a los mercados financieros. Porque una economía de privilegios solo premia a los que tienen acceso al despacho principal, de cualquier casa presidencial.
