Publicado: octubre 2, 2026, 3:00 am
En los últimos días, varios vídeos de mujeres detenidas en Kabul y Herat han vuelto a circular con fuerza en las redes sociales. En algunas imágenes se observa a agentes vinculados a las autoridades talibanes interceptando a mujeres y obligándolas a subir a vehículos.
La explicación oficial ha sido el incumplimiento de las normas sobre el hiyab y la vestimenta femenina.
Pero basta observar algunas de esas imágenes para que surja una pregunta incómoda. Las mujeres aparecen con el cabello cubierto, prendas largas y el cuerpo tapado. Si esto no es suficiente, ¿qué es exactamente lo que se les exige?
Una imagen, por supuesto, no cuenta toda la historia. Un vídeo de unos segundos no permite saber cómo iba vestida una persona antes de que comenzara la grabación ni reconstruir todo lo ocurrido previamente. Tampoco todo el material que circula por las redes sociales puede considerarse auténtico sin una verificación independiente.
Pero hay un hecho que no depende de las redes sociales: las propias autoridades talibanes han reconocido que mujeres han sido detenidas por incumplir sus normas de vestimenta.
Y ahí comienza el verdadero problema.
No se trata únicamente de discutir qué significa el hiyab para los talibanes. Se trata de preguntarse qué ocurre cuando una interpretación sobre la vestimenta puede terminar con una mujer privada de libertad.
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones a las mujeres y niñas afganas. Las adolescentes no pueden continuar la educación secundaria más allá de sexto grado, las universidades permanecen cerradas para las mujeres y sus posibilidades de trabajar se han reducido en numerosos sectores.
A estas restricciones se suman las relacionadas con la presencia femenina en los espacios públicos y con la forma de vestir.
Los talibanes defienden estas medidas como parte de su interpretación de la ley islámica. Desde su perspectiva, el cumplimiento del hiyab no es una elección individual, sino una obligación que las autoridades pueden exigir.
Sin embargo, incluso aceptando como punto de partida que existe una norma que debe cumplirse, queda una cuestión básica: la persona sometida a esa norma debe saber exactamente qué está prohibido.
¿Qué longitud debe tener una prenda? ¿Qué partes del cuerpo deben quedar cubiertas? ¿Debe cubrirse también el rostro? ¿Hay colores considerados inapropiados? ¿Quién decide cuándo una vestimenta deja de ser aceptable?
Y, sobre todo, ¿puede esa decisión quedar en manos del agente que se encuentra con una mujer en la calle?
Estas preguntas no son detalles menores cuando la consecuencia puede ser una detención.
Naciones Unidas ya había expresado su preocupación por este tipo de actuaciones. En Herat, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó anteriormente de la detención de al menos 30 mujeres durante dos días por supuestas infracciones de las normas de vestimenta y advirtió sobre las consecuencias de las detenciones arbitrarias.
Activistas afganas también han pedido que se ponga fin a estas prácticas.
Sin embargo, quizá el efecto más importante de estas detenciones no pueda medirse contando únicamente cuántas mujeres son arrestadas.
Hay otro efecto mucho más difícil de registrar: el miedo.
Imaginemos por un momento la situación de una mujer en Kabul o Herat que ve estas imágenes desde su teléfono.
Observa a otra mujer con el cabello cubierto y ropa larga. Ve cómo es interceptada. Después, cómo la introducen en un vehículo. Entonces mira su propia ropa.
¿Es suficientemente larga? ¿Está bien colocado el pañuelo? ¿El color podría considerarse demasiado llamativo? ¿Su abrigo cumple las normas? ¿Qué pensará el agente que encuentre en la calle?
Cuando ninguna respuesta ofrece seguridad, aparece una solución mucho más sencilla: quedarse en casa.
No hace falta prohibir formalmente a todas las mujeres salir a la calle si salir se convierte en una experiencia marcada por la incertidumbre.
Ahí es donde las detenciones relacionadas con el hiyab adquieren una dimensión mucho mayor.
Ya no estamos hablando únicamente de ropa. Estamos hablando de quién puede ocupar el espacio público y bajo qué condiciones.
Para muchas mujeres afganas, salir de casa no es una actividad opcional. Necesitan comprar alimentos, acudir a un hospital, trabajar allí donde todavía pueden hacerlo o resolver las necesidades cotidianas de sus familias.
La posibilidad de ser detenida debido a una interpretación incierta de la vestimenta añade una nueva barrera a esas actividades. También está la cuestión del uso de la fuerza.
Incluso si aceptáramos que una mujer ha infringido una norma sobre el hiyab, ¿es proporcional detenerla y obligarla a entrar en un vehículo?
Esta pregunta merece una respuesta clara.
Porque una norma sobre la ropa y una privación de libertad pertenecen a categorías muy diferentes. Cuando ambas quedan conectadas, las autoridades deberían explicar qué procedimiento existe, quién determina la infracción, cuánto dura una detención y qué mecanismos tiene una mujer para impugnarla.
También debería existir una respuesta para otra pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando el agente se equivoca?
Una sociedad en la que una persona puede perder temporalmente su libertad debido a la interpretación individual de un funcionario necesita, como mínimo, mecanismos que limiten esa discrecionalidad.
En Afganistán, esta cuestión tiene además una dimensión particularmente sensible.
Las mujeres han ido desapareciendo progresivamente de numerosos espacios de la vida pública desde 2021. Primero fueron las aulas de secundaria para las adolescentes. Después las universidades. También llegaron las restricciones laborales y otras limitaciones sobre su movilidad y participación social.
Por eso, una detención en una calle de Kabul no puede analizarse completamente de manera aislada.
Forma parte de un contexto en el que el espacio disponible para las mujeres se ha reducido de manera constante.
Esto no significa que todo vídeo difundido en las redes sociales deba aceptarse sin preguntas. Precisamente porque Afganistán genera una enorme atención internacional, la desinformación también encuentra terreno fértil.
Organizaciones que verifican contenidos relacionados con el país han advertido anteriormente de imágenes manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial que circulan junto a fotografías y vídeos auténticos.
Los periodistas tenemos, por tanto, una responsabilidad adicional: verificar antes de amplificar. Pero verificar las imágenes no elimina la cuestión central.
Las autoridades talibanes reconocen la existencia de detenciones relacionadas con la vestimenta. Naciones Unidas ha documentado episodios similares. Mujeres afganas y activistas han denunciado sus consecuencias.
La discusión debería avanzar entonces hacia preguntas más concretas.
¿Cuál es exactamente la infracción? ¿Dónde está escrita? ¿Quién la determina? ¿Qué garantías tiene la mujer detenida? ¿Y qué justifica el uso de la fuerza?
Los vídeos procedentes de Kabul y Herat duran apenas unos segundos. Su efecto, sin embargo, puede durar mucho más. Porque cada mujer que contempla esas imágenes recibe también un mensaje sobre su propia presencia en la calle.
El debate, por tanto, ya no consiste solamente en determinar cuánto debe cubrir el hiyab.
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cuánto espacio les queda a las mujeres en el Afganistán de los talibanes?
