Publicado: noviembre 26, 2025, 9:30 am
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la realidad venezolana es un crudo testimonio de la violación sistemática de las garantías fundamentales que sufren las mujeres, pues el Estado, lejos de ser garante de derechos, es el principal victimario.
Tal como lo hemos denunciado la extorsión en nuestro país se ha convertido en un «paso ineludible» en casi cualquier interacción de los ciudadanos con funcionarios públicos, lo que se acentúa por la debilidad institucional, la opacidad y la impunidad. Esto adopta una dimensión particularmente cruel contra las mujeres a través de la sextorsión, una forma de corrupción que conjuga el abuso de poder con la finalidad de obtener un favor sexual a cambio de prestar algún servicio, y que es perpetrada tanto por redes criminales como, de manera alarmante, por funcionarios públicos.
En su informe del 20 de septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció “actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención».
La instancia de la ONU incluso denunció que, tras la elección presidencial de julio de 2024, una mujer fue extorsionada sexualmente por un militar a cambio de conseguir mejores condiciones para su familiar preso. Esta práctica criminal tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y afecta desproporcionadamente a las mujeres.
El análisis de esta modalidad de extorsión con perspectiva de género revela una gran desigualdad: mientras que a los hombres se les exigen generalmente pagos en moneda, trabajo o productos, las mujeres son coaccionadas a realizar actividades sexuales para evitar ser penalizadas, castigadas o desatendidas en la situación que les atañe.
Ser mujer en Venezuela se configura como un altísimo factor de vulnerabilidad, pero pese a esta grave realidad, la sextorsión no está tipificada como delito en la legislación venezolana, lo que genera impunidad y dificulta el acceso a la justicia.
Esta coerción se intensifica en contextos de precariedad como el venezolano. La emergencia humanitaria compleja ha incrementado, por ejemplo, el riesgo de que las mujeres recurran al «sexo por supervivencia».
En Venezuela está vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 —reformada luego en 2014 y 2021—, pero existe solo en el papel. En la práctica, instituciones y funcionarios encargados de cumplirla y hacerla cumplir no solo no lo hacen, sino que la violentan flagrantemente.
Presas políticas: La crueldad en el sistema judicial
La persecución política se suma a este panorama de violencia de género. Más de 180 mujeres defensoras de derechos humanos, líderes sociales, abuelas, niñas y periodistas han sido sometidas a detenciones arbitrarias. Tal es el caso de la profesora y dirigente sindical Lourdes Villareal, detenida en mayo de 2025 y cuyo paradero se desconoce, lo que se configura como una presunta desaparición forzada. También la defensora Rocío San Miguel Sosa, directora de la organización Control Ciudadano, fue víctima de desaparición forzada en febrero de 2024, permaneciendo incomunicada por más de 120 horas y aún está tras las rejas.
Las detenidas por motivos políticos sufren una doble condena de abuso y negligencia. Emirlendriz Benítez, detenida en 2018 y condenada injustamente a 30 años, fue sometida a torturas que le provocaron un aborto. Las autoridades penitenciarias le han negado la atención médica urgente que necesita para sus afecciones de salud, lo que pone en peligro su vida.
La crueldad del sistema también tiene una víctima en Marggie Orozco, de 65 años y con antecedentes de dos infartos y depresión crónica, quien fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp que criticaba al gobierno. Yosida Vanegas Monasterios, de 67 años y jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), fue detenida en 2023 por ser madre de un preso político, a pesar de que ella misma necesitaba una colonoscopia urgente.
Estos casos de mujeres, perseguidas por su activismo cívico o por sus vínculos familiares, como Nélida Sánchez (coordinadora de organización Súmate) o Angela Lisbeth Expósito Carrillo (docente e investigadora), demuestran que la maquinaria represiva utiliza la detención y el abuso como una táctica abierta de control social y político, sin respetar las garantías constitucionales ni los derechos humanos más básicos.
