Publicado: septiembre 10, 2026, 4:02 am
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 509 protestas durante julio de 2026, equivalente a un promedio de 16 manifestaciones diarias. Esta cifra representa un aumento de 246% en comparación con julio de 2025, cuando se registraron 144.
Por Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
La conflictividad social estuvo marcada principalmente por las exigencias relacionadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos. Vecinos de distintas regiones reclamaron acceso a electricidad, agua potable y combustible, en un contexto agravado por los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026. A estas demandas se sumaron las protestas de trabajadores, jubilados y pensionados por salarios y pensiones dignas, asà como las movilizaciones vinculadas al derecho a la salud ante el deterioro de la infraestructura hospitalaria.
Se documentaron 317 protestas vinculadas a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), equivalentes al 62% del total general.
En conjunto, estas expresiones reflejan la persistencia de problemas estructurales que afectan la vida cotidiana y la continuidad de la protesta pacÃfica como mecanismo de exigibilidad de derechos frente a respuestas institucionales insuficientes.
Por su parte, los Derechos Civiles y PolÃticos (DCP) fueron exigidos en 192 protestas, lo que representa 38% del total general. Principalmente derecho a la justicia, participación polÃtica, seguridad ciudadana y la manifestación pacÃfica.
Familiares de presos polÃticos, vÃctimas y organizaciones sociales continuaron reclamando libertad, debido proceso, garantÃas judiciales y el cese de actuaciones arbitrarias. Paralelamente, distintos sectores exigieron mayores garantÃas para la participación polÃtica y denunciaron abusos de autoridad.
Estas movilizaciones confirman que, pese a la reorientación de la conflictividad hacia los Desca observada desde marzo, las demandas por libertades, justicia y ampliación del espacio cÃvico continúan ocupando un lugar relevante en la agenda ciudadana.
Distribución geográfica de las protestas durante julio de 2026
Durante julio de 2026, el estado BolÃvar registró el mayor número de protestas, con 60, seguido por Anzoátegui y Miranda, con 49 cada uno, y Lara, con 43.
En contraste, Delta Amacuro no registró protestas; en Amazonas se documentó una; en Apure, cuatro manifestaciones; y Portuguesa y Trujillo, cinco cada uno. La distribución territorial evidencia que la conflictividad social continuó extendida en prácticamente todo el paÃs, aunque con diferentes niveles de intensidad.
Caracterización de las manifestaciones pacÃficas durante julio de 2026
Comunidades afectadas por los terremotos exigieron atención gubernamental, búsqueda y rescate de personas desaparecidas, distribución oportuna de agua y alimentos, transparencia en la entrega de ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción de viviendas.
Los daños ocasionados por los terremotos agravaron las fallas preexistentes en los servicios de electricidad y agua potable, incrementando las demandas comunitarias.
Habitantes de distintas regiones protestaron por la escasez y las irregularidades en el suministro de gasolina, indispensable para la movilidad, el transporte público y distribución de alimentos.
Persistieron las manifestaciones en rechazo a las detenciones arbitrarias, la persecución y la criminalización, con exigencias de justicia, debido proceso y libertad.
Familiares de presos polÃticos y activistas mantuvieron vigilias y otras acciones pacÃficas para exigir libertad plena, asà como el cese de prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Trabajadores rechazaron la polÃtica de bonificación del ingreso y exigieron un aumento salarial real que permita cubrir el costo de vida, asà como recuperar derechos laborales.
Transportistas reclamaron la revisión de las tarifas para responder al incremento de los costos operativos y al deterioro de las unidades.
El sector educativo denunció suspensiones salariales y cuestionó la ampliación de horarios sin condiciones laborales adecuadas. Padres, representantes y estudiantes también expresaron rechazo al incremento de matrÃculas.
Modalidades de protesta más frecuentes durante julio de 2026
Las concentraciones continuaron siendo la principal modalidad de protesta, con 331 registros, equivalentes al 65% del total documentado. Esta forma de movilización confirma la preferencia de la ciudadanÃa por ocupar de manera pacÃfica espacios visibles, especialmente frente a instituciones públicas, para interpelar directamente a las autoridades y posicionar sus demandas.
En segundo lugar se ubicaron los cierres de calles y avenidas, con 66 registros, seguidos por 44 vigilias. Estas últimas continuaron asociadas principalmente a las exigencias de justicia y libertad de presos polÃticos. La coexistencia de concentraciones, cierres de vÃas y vigilias demuestra la diversificación de los repertorios de protesta y la persistencia del espacio público como escenario central de presión y participación ciudadana.
Protestas combinadas
De las 509 manifestaciones documentadas durante julio, 256 fueron protestas combinadas, acciones en las que se exigió simultáneamente el respeto y garantÃa de más de un derecho. Esta modalidad representó 50% del total registrado y refleja la interdependencia de las problemáticas que afectan a la población, especialmente cuando las fallas de servicios públicos se vinculan con demandas de vivienda, salud, trabajo, seguridad y justicia.
Derechos más exigidos en las protestas durante julio de 2026
Durante julio, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) se ubicaron en el centro de la conflictividad social. Las movilizaciones estuvieron impulsadas principalmente por el deterioro de los servicios básicos, en particular electricidad, agua y combustible, asà como por las demandas de trabajadores, jubilados y pensionados frente a la pérdida del poder adquisitivo. Este patrón mantiene la tendencia observada desde marzo de 2026, cuando los reclamos asociados a las condiciones materiales de vida recuperaron protagonismo sin desplazar las exigencias de justicia, participación y libertades fundamentales.
Protestas por el derecho a la vivienda y el colapso de los servicios básicos
Durante julio, el OVCS documentó 219 protestas vinculadas al derecho a la vivienda, equivalentes al 43% del total registrado en el mes.
Dentro de este conjunto, en 148 oportunidades se exigieron mejoras o restitución de servicios básicos. Destacaron las demandas por electricidad (109), agua potable (38), gasolina (16), recolección de desechos sólidos (14) y gas doméstico (1), entre otros reclamos comunitarios.
Protestas por el servicio eléctrico
El OVCS documentó 109 protestas relacionadas con las continuas y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico, convirtiéndose en la principal demanda vinculada a los servicios básicos durante julio. La recurrencia de estas acciones evidencia el impacto de las fallas del sistema sobre la vida cotidiana y la necesidad de respuestas institucionales oportunas y sostenibles.
Durante julio, las fallas estructurales del sistema eléctrico se vieron agravadas por los daños ocasionados por los terremotos, incluidos postes derribados y afectaciones al cableado en distintas localidades. Comunidades denunciaron demoras en la atención de reportes y en la restitución del servicio, situación que incrementó la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y añadió presión a las demandas de atención y reconstrucción posteriores a la emergencia.
Protestas por agua potable
La falta de agua potable ocupó el segundo lugar entre las demandas por servicios básicos, con 38 protestas documentadas. Comunidades denunciaron interrupciones prolongadas, irregularidad en los ciclos de distribución y dificultades para acceder de forma segura y suficiente a este recurso esencial.
Estas protestas demuestran la vulnerabilidad de comunidades urbanas y populares frente al deterioro de la infraestructura hÃdrica. La persistencia de las fallas afecta de manera directa las condiciones de salubridad, alimentación y cuidado en los hogares, y mantiene el acceso al agua como una demanda recurrente dentro de la conflictividad social.
Protestas por el servicio de gasolina
Las irregularidades en la distribución de gasolina generaron 16 protestas, registradas en estados del interior del paÃs. Conductores, transportistas y comunidades denunciaron largas esperas y restricciones en el suministro, con efectos directos sobre la movilidad, el transporte de personas y mercancÃas y las actividades productivas.
A estas demandas se sumaron comunidades indÃgenas que rechazaron el cobro en divisas y las restricciones para acceder al combustible. Los manifestantes solicitaron a las autoridades regionales y a PDVSA revisar medidas que afectan sus economÃas de subsistencia y sus posibilidades de traslado.
La continuidad de estas protestas evidencia que el acceso regular al combustible sigue siendo una demanda relevante en distintas regiones.
Derechos laborales
De las 509 protestas documentadas durante julio, en 81 oportunidades se exigieron derechos laborales, equivalente a un promedio aproximado de tres acciones diarias y a 16% del total registrado.
Las protestas laborales mantuvieron como principales demandas la recuperación del salario, ingresos acordes con el costo de la canasta básica, respeto a las contrataciones colectivas, libertad sindical y cese de prácticas de persecución contra trabajadores y dirigentes sindicales. Distintos sectores convocaron movilizaciones y acciones nacionales para exigir cambios en las polÃticas laborales y económicas.
El sector educativo y universitario participó en 22 acciones, con demandas por remuneraciones adecuadas y respeto a las contrataciones colectivas; los transportistas protagonizaron siete protestas para exigir tarifas compatibles con sus costos operativos; y trabajadores del sector salud realizaron cinco acciones en reclamo de mejores condiciones laborales. En conjunto, estas movilizaciones confirman que la conflictividad laboral continúa conectada tanto a la insuficiencia de los ingresos como al deterioro de los mecanismos de protección y negociación colectiva.
Protestas por Derechos Civiles y PolÃticos
Entre los Derechos Civiles y PolÃticos más exigidos durante julio se ubicaron el derecho a la justicia (154), la participación polÃtica (135), la seguridad ciudadana (65) y la manifestación pacÃfica (54).
El OVCS documentó 154 protestas por el derecho a la justicia, convirtiéndose en la principal exigencia dentro de los Derechos Civiles y PolÃticos durante julio. Familiares de presos polÃticos, vÃctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones sociales reclamaron el cese de la impunidad, respeto al debido proceso y garantÃas judiciales.
La continuidad de estas movilizaciones evidencia que el acceso efectivo a la justicia permanece como una demanda central en el proceso de transición polÃtica iniciado en enero de 2026. Los reclamos por revisión de expedientes, independencia judicial, debido proceso y rendición de cuentas muestran que las medidas de excarcelación y apertura adoptadas durante los primeros meses del año no han eliminado las fallas en el funcionamiento del sistema de justicia ni las consecuencias de años de criminalización y persecución.
Durante julio también se mantuvieron las demandas relacionadas con la participación polÃtica y las garantÃas electorales. Diversos sectores reclamaron procesos electorales transparentes, respeto a la soberanÃa popular, pluralismo y condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos polÃticos.
Estas demandas se expresaron en 135 protestas relacionadas con el derecho a la participación polÃtica, equivalentes al 27% del total documentado. Las movilizaciones reflejan que la reinstitucionalización del sistema electoral y la generación de condiciones para procesos libres, competitivos y transparentes continúan formando parte de las expectativas ciudadanas en el escenario de transición.
Derecho a la seguridad ciudadana
El OVCS documentó 65 protestas relacionadas con el derecho a la seguridad ciudadana. Estas acciones reflejaron preocupaciones por la violencia, la desprotección de las comunidades y las actuaciones de los organismos responsables de garantizar la seguridad.
Comunidades y vÃctimas exigieron respuestas institucionales eficaces, polÃticas públicas de prevención y protección, asà como actuaciones de los cuerpos de seguridad ajustadas a la legalidad y a los estándares de derechos humanos. Estas demandas adquieren especial relevancia en un contexto de transición que requiere recuperar la confianza ciudadana y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Protestas por el derecho a la manifestación pacÃfica
El derecho a la manifestación pacÃfica fue exigido en al menos 54 protestas durante julio. VÃctimas, familiares y organizaciones sociales reclamaron garantÃas para ejercer esta libertad fundamental sin temor a detenciones, represalias o criminalización.
La continuidad de estos reclamos expone que la apertura del espacio cÃvico requiere tanto una reducción de la represión visible como garantÃas institucionales que prevengan nuevas detenciones arbitrarias y aseguren el ejercicio pleno de las libertades de reunión, expresión y asociación.
Represión contra las protestas durante julio de 2026
La reducción de la represión no implica el desmantelamiento de las estructuras y prácticas de control que durante años han restringido el ejercicio del derecho a la manifestación pacÃfica.
Durante julio, el OVCS documentó cuatro protestas reprimidas en tres entidades del paÃs: BolÃvar, Distrito Capital y La Guaira. Aunque el número de acciones reprimidas se mantiene en niveles inferiores a los observados en perÃodos de mayor conflictividad polÃtica, persisten prácticas de obstaculización, intimidación y control que continúan generando riesgos para quienes ejercen el derecho a la protesta. En el contexto polÃtico iniciado después del 3 de enero, el mayor escrutinio y acompañamiento internacional ha contribuido a contener expresiones más abiertas de represión. Sin embargo, la continuidad de estructuras de seguridad e inteligencia con amplias capacidades de vigilancia y coerción obliga a mantener el monitoreo y las garantÃas de no repetición.
Asimismo, durante julio se registraron nueve manifestaciones en rechazo a actuaciones de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Las denuncias por presuntos abusos de poder, arbitrariedades y actuaciones contrarias a los derechos humanos refuerzan la necesidad de avanzar en procesos de reforma institucional, supervisión independiente y rendición de cuentas de los organismos de seguridad.
Reconstruir instituciones y fortalecer la democracia
Julio confirmó la reactivación sostenida de la protesta social durante 2026. Las 509 manifestaciones documentadas por el OVCS, 246% más que en julio de 2025, evidencian una ciudadanÃa con mayor disposición a recuperar el espacio público, expresar sus demandas y ejercer pacÃficamente sus derechos. Este incremento adquiere especial relevancia después de un perÃodo marcado por el temor, la criminalización de la protesta y las restricciones al espacio cÃvico.
En este escenario, la veedurÃa de organismos multilaterales, gobiernos democráticos y otros actores de la comunidad internacional ha desempeñado un papel relevante para contener posibles retrocesos represivos y ampliar los márgenes para el ejercicio de las libertades públicas. La disminución de la represión abierta constituye un avance que debe ser valorado positivamente; sin embargo, no significa que hayan sido desmanteladas las estructuras y prácticas de vigilancia, intimidación y control que permanecen operativas.
La respuesta a los terremotos del 24 de junio demostró también el valor de la solidaridad ciudadana y la cooperación internacional. Frente a las denuncias sobre la limitada capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas durante las primeras horas de la emergencia, organizaciones de la sociedad civil, voluntarios y comunidades activaron rápidamente redes de búsqueda, rescate y asistencia. Posteriormente, la coordinación promovida por el Gobierno de los Estados Unidos y la participación de actores internacionales contribuyeron al despliegue de equipos especializados y mecanismos de asistencia humanitaria. Esta experiencia demostró tanto la capacidad de organización de la sociedad venezolana como la necesidad de reconstruir las capacidades del Estado para prevenir y atender emergencias con eficacia, transparencia, coordinación y rendición de cuentas.
En este contexto, la reinstitucionalización democrática debe convertirse en una prioridad. Venezuela requiere instituciones independientes, legÃtimas y capaces de garantizar derechos, asà como mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Para avanzar en esa dirección resulta indispensable promover un acuerdo amplio, plural e inclusivo entre los distintos sectores polÃticos y sociales, acompañado de compromisos verificables y resultados concretos. Cualquier entendimiento sobre el futuro del paÃs debe colocar los derechos humanos en el centro del debate, incluyendo la libertad de presos polÃticos, el acceso a la justicia, las garantÃas de no repetición, la ampliación del espacio cÃvico y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
