Publicado: octubre 1, 2025, 8:00 pm
Alfredo Álvarez y la abogada laboralista Milagros Agreda de Álvarez enviaron una carta a la Dirección General de The New York Times para criticar el «marcado sesgo» de un reportaje sobre Venezuela, el cual fue publicado el pasado 29 de septiembre. Los autores de la misiva acusaron a la cobertura de ser un posible «trabajo intencionado de relaciones públicas» para «lavar la cara a un régimen opresivo».
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La carta, dirigida a la gerencia en Nueva York , tiene como objetivo el reportaje titulado «Venezuela, Estados Unidos y el espectro del cambio de régimen», redactado por Julie Turkewitz, jefa del buró para el Área Andina del diario. Los firmantes expresaron su «profundo desencanto, decepción y justificada molestia», alegando que el artículo incurre en «inobservancia de las normas éticas y profesionales».
La principal crítica es que el reportaje presenta una visión «unilateral, en extremo superficial» que excluyó aquellas opiniones que «realmente representan a los demócratas y sectores plurales de nuestra sociedad».
Entre los voceros consultados por el diario neoyorquino, la carta menciona a Delcy Rodríguez, a voceros de gremios empresariales «previamente cooptados por el régimen» y a Henrique Capriles Radonski, centrado en la posición oficialista. Los firmantes argumentaron que esos nombres «no representan el criterio de cerca del 80% de nuestra población».
Álvarez y Agreda acusaron que esta «operación mediática» distorsiona la realidad y pone «en entredicho la reputación de objetividad que debería caracterizar a su diario». A su juicio, el reportaje refleja una inobservancia básica de «equilibrio, pluralidad y verificación rigurosa» en un contexto tan delicado como el venezolano.
La misiva lista el contexto que, según los autores, The New York Times omitió. Se refieren a las «violaciones sistemáticas y graves de derechos humanos», documentadas por la ONU, la «persecución política intensificada» y el uso del sistema de justicia «bajo control del Ejecutivo para impedir investigaciones y castigar a opositores».
También señalaron la omisión de las «acusaciones de delitos de lesa humanidad» y los supuestos «vínculos del gobierno con redes de narcotráfico y terrorismo», información que consta en informes de agencias internacionales.
Finalmente, los firmantes exigieron al medio que «restaure su imagen como un medio de comunicación comprometido con la verdad y la justicia» y no como un producto de «intereses particulares ni operaciones interesadas de lobby».
