Publicado: junio 10, 2025, 4:00 am
La presidenta tiene parámetros peculiares de éxito: una elección prácticamente ignorada, una inducción al voto mediante amenazas y acarreos y el novedoso fraude con acordeones. ¿Un “éxito” cuando votó el 13% del padrón, que una vez restando los votos nulos y en blanco se reduce a 9.8%?
Aunque sea reiterativo, debe insistirse que no se puede aceptar que el nuevo Poder Judicial que emanó a partir del 1 de junio tenga legitimidad, confianza y que refleje la voluntad de una mayoría de mexicanos. Será inevitable que, como lo señaló el respetado jurista Diego Valadés, esta elección acelerará la ingobernabilidad y culminará un proceso de destrucción institucional, de rompimiento de equilibrio de los tres poderes y perfila al país hacia una autocracia de partido, monolítica y antidemocrática. Se consolida así un Poder Judicial sin contrapesos ni críticas, vulnerando el Estado de derecho. El informe de los observadores de la OEA es impecable y el reclamo de Sheinbaum es infundado.
El fraude vía millones de acordeones impecablemente impresos es una triste patente morenista que, como sabemos, se llevó a cabo de manera descarada a la vista de todos. Es patético el video donde la presidenta alerta a su esposo en la casilla que lo estaban filmando consultando su acordeón y la exhibición cínica de ilegalidad de Beatriz G. instruyendo a su hijo en la casilla. El INE no quiso sancionar. Increíble que la consejera Carla Humphrey exija una investigación para saber quién, dónde y cuántos acordeones se imprimieron y distribuyeron. Nadie sabe nada, pero la sospecha es clara: fue diseño y orden de la misma presidenta.
Los nuevos jueces y magistrados sin experiencia y conocimiento implica que los ciudadanos enfrentemos abandono jurídico e indefensión legal. La mayoría de los nuevos juristas heredarán miles de casos y expedientes desconocidos para ellos que retrasarán aún más muchos procesos. En el mejor de los casos, si muestran voluntad y responsabilidad, su curva de aprendizaje será lenta. La captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de Morena es un daño estructural muy grave. Ahora será una entidad política y no el tribunal supremo de justicia. Las primeras declaraciones públicas de quien será el próximo presidente de la SCJN alimentan la incertidumbre jurídica y no dan confianza.
Esta farsa de elección se replicará en 2027, para elegir la segunda mitad de puestos del Poder Judicial que quedó pendiente. Desde ahora se anticipa una absoluta inoperatividad electoral, pues es prácticamente imposible que concurran en ese año la elección para renovar 500 diputados, elegir 16 gubernaturas y cientos de presidencias municipales y diputaciones locales, con el galimatías de elección de jueces y magistrados. Gobierno e INE deben enfrentar ya esta problemática, porque simple y sencillamente una elección de esa magnitud no tiene operación práctica y el sistema electoral se colapsará. Pero además toda esta jerigonza electoral tiene un elevado costo fiscal, recursos que socialmente serían más productivos en salud y educación.
Que Morena no nos engañe, se consumó un grave retroceso para el país, y que tengan bien presente que no hubo voluntad popular: sólo uno de diez votantes apoya esta devastación.
