Una argucia del Gobierno deja en vilo la moratoria de Verifactu para millones de empresas y autónomos

Publicado: diciembre 3, 2025, 10:24 pm

Una argucia política para tratar de aumentar las posibilidades de que el traspaso a la Generalitat de Cataluña del proceso de selección y nombramiento de interventores y secretarios de ayuntamiento pase el corte del Parlamento mantendrá en vilo durante los próximos treinta días a millones de empresarios y profesionales autónomos, que tras el Consejo de Ministros de este pasado martes creían haber visto aplazada la obligación de implantar a partir del 1 de enero el nuevo sistema de facturación electrónica que permitirá a la Agencia Tributaria tener un acceso inmediato a todas las facturas que hayan emitido. El aplazamiento podría haberse sustanciado a través de un real decreto sin necesidad de ulterior ratificación en el Parlamento, ya que es una norma de ese rango la que reguló el calendario de entrada en funcionamiento del conocido popularmente como Verifactu, pero el Gobierno ha optado por incluir la medida en un real decreto ley más amplio, en el que se incluyen otras cuestiones aprobadas también en el último Consejo de Ministros como la posibilidad de que los ayuntamientos destinen su superávit de 2024 a inversiones en vivienda y la más controvertida, la cesión de las competencias integrales sobre los secretarios, los interventores y los tesoreros municipales a la Generalitat. De este modo, el aplazamiento a 2027 de la entrada en vigor de este sistema dependerá de la convalidación de la totalidad de este paquete legislativo. Este nuevo, y evitable, foco de incertidumbre se une a la sensación de indignación que la maniobra de última hora del Gobierno ha generado en algunos ámbitos. El Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas ha lamentado en un comunicado difundido este miércoles la decisión del Gobierno de desactivar la activación de este sistema a solo un mes de su entrada en vigor. «Es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres», ha asegurado el presidente del REAF, Agustín Fernández. «Para la gran mayoría del tejido empresarial, esta prórroga supone reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora», ha remachado. Incluso las consultoras y organizaciones empresariales que han respaldado la prórroga para dar más tiempo de adaptación a empresas y profesionales cuestionan el ‘modus operandi’ gubernamental , que ha dejado para última hora el aplazamiento de un sistema en el que han estado trabajando durante meses los profesionales de la Agencia Tributaria, los asesores fiscales y las propias empresas, acometiendo importantes inversiones. Esa forma de actuar también ha condicionado el impacto real de otra de las medidas, la que habilita a los ayuntamientos para aplicar sus remanentes por el superávit de 2024, que fueron de 6.642 millones de euros, pero que a estas alturas de año están disponibles en una cuantía mucho más baja. Fuentes del ámbito municipal subrayan, además, que sin un cambio legislativo adicional que amplíe el plazo de ejecución previsto para estas inversiones , que suele ser de unos 30 meses y que el decreto gubernamental obliga a desarrollar en un plazo no superior a 24 meses y a ejecutar de forma efectiva el año que viene, el nivel de ejecución de inversiones sea igual de marginal que lo ha sido en los últimos años.