Publicado: diciembre 16, 2025, 2:30 pm
Donald Trump no quita el dedo del renglón. Tras anunciar el presidente de EEUU que las Fuerzas Armadas de su país comenzarán a atacar «muy pronto» a los narcotraficantes en territorio venezolano, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha asegurado en una entrevista publicada este martes en Vanity Fair que el mandatario seguirá destruyendo lanchas cargadas con drogas. «(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará», ha afirmado Wiles. Sus declaraciones se han publicado tras los ataques de este lunes a otras tres narcolanchas en el Pacífico, cerca de Colombia, y después de que Trump dijera que el presidente colombiano, Gustavo Petro, será el «siguiente», en referencia a la estrategia de presión que lleva a cabo contra el líder chavista.
Las declaraciones de Wiles parecen contradecir la versión oficial del Gobierno de EEUU con respecto a las operaciones que lleva a cabo desde hace más de tres meses en el Caribe, durante las cuales el Ejército ha atacado una veintena de embarcaciones y ha matado a más de 80 personas. Washington sostiene que su objetivo es combatir el tráfico de drogas, aunque varios analistas entrevistados por 20minutos consideran que todo apunta a que Trump busca un cambio de régimen en Venezuela. En este sentido, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha dicho este martes que podría recibir a Maduro si abandona Venezuela.
«Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él», ha sostenido el mandatario bielorruso en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida por la agencia estatal bielorrusa BELTA. No obstante, ha reconocido que nunca se ha abordado el tema. «Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un chavista, es un tipo duro como [el expresidente Hugo] Chávez», ha afirmado antes de rechazar las acusaciones de Trump, quien asegura que Maduro es el líder del Cártel de los Soles.
En medio de la escalada de tensiones, Trinidad y Tobago —país que se encuentra a unos 11 kilómetros de Venezuela— ha anunciado que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses en sus aeropuertos en las próximas semanas con el fin de «promover la seguridad y la estabilidad regionales». De esta manera, la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar, que en agosto apoyó el despliegue militar de EEUU en el Caribe, ha reafirmado su intención de seguir colaborando con Washington para combatir «la delincuencia transnacional».
Tras la decisión de Trinidad y Tobago, Venezuela anunció la suspensión de «manera inmediata» de cualquier «acuerdo, contrato o negociación» para suministrar gas natural al país vecino. Además, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, acusó al Gobierno de Persad-Bissessar de participar en el «robo del petróleo venezolano», en referencia a la incautación, por parte de EEUU, del petrolero Skipper. El buque, que navegaba con falsa bandera frente a Venezuela, fue confiscado la semana pasada por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos con el contrabando de petróleo iraní. No obstante, en esta ocasión el barco transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, aunque Caracas no ha querido informar hacia dónde se dirigía.
Si la intención de Washington es cortar las vías de financiación del régimen venezolano, que se mantiene casi exclusivamente gracias a la exportación de petróleo, los últimos reportes de Reuters confirmarían que la estrategia de EEUU estaría surgiendo efecto. De acuerdo con la agencia británica, un petrolero que transportaba nafta rusa —diluyente que se debe aplicar al petróleo venezolano para facilitar su flujo a través de oleoductos— para la estatal Pdvsa y al menos cuatro superpetroleros que debían recoger cargamentos de crudo en Venezuela dieron marcha atrás después de la incautación del Skipper por parte de EEUU.
De acuerdo con los datos de monitoreo de buques de LSEG, el petrolero Boltaris —que navega con bandera de Benin— transportaba unos 300.000 barriles de nafta rusa hacia Venezuela, pero ahora se dirige hacia Europa sin haber descargado. Además, al menos cuatro superpetroleros que, según los cronogramas de Pdvsa, debían cargar petróleo en puertos venezolanos en las próximas semanas también han cambiado de ruta, según el servicio de monitoreo TankerTrackers. Los datos recopilados por Reuters indican que la presión de EEUU ha paralizado casi por completo las exportaciones petroleras desde la semana pasada y que los únicos buques que zarpan con crudo venezolano son los de Chevron, empresa petrolera estadounidense que cuenta con autorización para ello.
El tráfico aéreo también sigue limitado después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) instara el pasado 21 de noviembre a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y de que Trump advirtiera a «pilotos, aerolíneas, narcos y traficantes de personas» que debían considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado. Después de que aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Turkish Airlines, Gol (Brasil), Avianca (Colombia) y Latam (Chile) cancelaran sus vuelos a Venezuela, la panameña Copa Airlines —una de las últimas empresas internacionales que volaba hacia el país caribeño— anunció este martes que extenderá la suspensión de los vuelos hasta el 15 de enero.
La Unión Europea, por su parte, anunció este lunes que renovará hasta enero de 2027 las sanciones al círculo de Maduro. La decisión se tomó «a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″. Las sanciones afectan a 69 personas, que no pueden viajar a la UE y cuyos activos ya han sido congelados. Venezuela no tardó en criticar la medida y afirmó que la decisión va en contra del derecho internacional.
