Publicado: mayo 16, 2025, 6:30 pm
El pasado lunes, un grupo de 49 personas llegó a Estados Unidos en calidad de refugiados. No era un grupo más: 49 sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses, los llamados afrikáners. El Gobierno de EEUU les dio la bienvenida porque huían de lo que el presidente, Donald Trump, califica como «genocidio».
El grupo llegó al Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia. Fueron recibidos por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que les dijo: «Cuando tienes semillas de calidad, puedes sembrarlas en tierra extranjera y florecerán. Nos emociona darles la bienvenida a nuestro país, donde creemos que florecerán». En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, tachó a la operación de «gran logro».
La Administración Trump considera que los afrikáners son un «grupo vulnerable que enfrenta una discriminación racial injusta en Sudáfrica«. El actual inquilino del despacho oval asegura que estas personas están sufriendo un «genocidio«. «Que sean blancos o negros no es importante para mí, pero son granjeros blancos que están siendo asesinados brutalmente y sus tierras están siendo confiscadas», dijo.
También conocidos como bóeres o burghers, los afrikáners son un grupo étnico de origen europeo asentado principalmente en Sudáfrica y Namibia, aunque con presencia en otros países como Botsuana, Zimbabue, Zambia y Angola.
Este grupo tuvo su origen en la colonización neerlandesa del Cabo de Buena Esperanza en el siglo XVII. Durante el siglo XX alcanzaron su apogeo en Sudáfrica, en donde se estableció una política de apartheid para segregar a la población negra (los blancos representaban solo el 21% de la población). Con el fin de ese régimen de segregación racial a principios de años años 90, comenzaron a perder el dominio político.
Tres meses de espera y una casa al llegar
Los sudafricanos llegaron a EEUU gracias a un programa que brinda asilo a personas que huyen de conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias, el cual permanece suspendido desde la llegada al poder en enero de Trump, quien ha promovido una dura política migratoria y «fronteras cerradas». Este estatus brinda una vía directa a la ciudadanía estadounidense a estos sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses.
Un solicitante de asilo en EEUU suele afrontar una espera de entre 18 y 24 meses, pero para los 49 afrikáners apenas han sido tres meses. Los recién llegados a suelo estadounidense se han encontrado ya con una vivienda, además de que serán asistidos con comida, ropa y teléfonos de prepago.
El 7 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de «proteger a los descendientes de minorías étnicas de grupos de colonos que sufren discriminación, incluida la reciente ley de confiscación de tierras que permite la confiscación de propiedades sin compensación», asegura la web Refuge for Afrikaners, en teoría independiente del Gobierno estadonunidense.
La decisión del presidente de EEUU implica la suspensión de la ayuda y la asistencia a Sudáfrica «hasta que se aborden las violaciones de los derechos humanos» y el establecimiento de un programa de reasentamiento de refugiados para lo que califican de «minorías discriminadas».
La oferta de Trump
En las 18 horas posteriores a la orden firmada por Trump en febrero, la Cámara de Comercio de Sudáfrica en Estados Unidos asegura que recibió más de 10.000 solicitudes de reubicación, según informa el periódico sudafricano Cape Argus. Sin embargo, de momento, apenas un centenar han sido identificados como potenciales solicitantes por cumplir los requisitos. De ellos 49 fueron trasladados en el primer vuelo, el del lunes pasado.
Todos los afrikáners «afectados» tienen dos vías legales para aceptar la oferta de Trump. La primera es el reasentamiento de refugiados desde fuera de EEUU. Para ello, los solicitantes «deben demostrar un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política», según explica a ese medio la abogada de inmigración Gwen Vermeulen de Move Up.
Los candidatos necesitan entonces una remisión de entidades como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la embajada o el consulado de EEUU u organizaciones no gubernamentales designadas. También hay una preselección y una entrevista en la que, tras la remisión, los solicitantes se someten a una preselección por parte del Centro de Apoyo al Reasentamiento y a una entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
También se hace una exhaustiva comprobación de antecedentes y un examen médico para garantizar que los solicitantes no suponen un riesgo para la seguridad o la salud pública. Según Vermeulen, las personas aprobadas reciben visados en virtud del artículo 207 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y acceden a servicios de apoyo a su llegada a EEUU (ya se ha dicho: vivienda, comida, ropa y teléfono).
Hay una segunda opción, según la cual los solicitantes pueden entrar con varios visados o solicitar asilo en un puerto de entrada a EEUU. Tendrían que solicitar asilo (presentando un documento llamado I-589) en el plazo de un año desde su llegada, con algunas excepciones aplicables en circunstancias concretas.
La crisis entre EEUU y Sudáfrica
Este episodio es el último giro en la crisis diplomática desatada entre Washington y Pretoria tras la orden ejecutiva firmada por Trump a principios de febrero. El presidente estadounidense tomó esa medida después de acusar al país africano de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners. A finales de enero, el Gobierno sudafricano promulgó una ley que facilitará la expropiación de tierras por interés público.
Trump también alega que Pretoria ha adoptado «posiciones agresivas hacia Estados Unidos y sus aliados, incluida la acusación de genocidio a Israel» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de «genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
En marzo, Washington expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una «insurgencia supremacista» impulsada desde Estados Unidos. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un «agitador racial» que «odia a América». Tampoco hay que olvidar que Elon Musk, tan implicado en el segundo mandato de Trump, nació en Sudafrica en el seno de una familia blanca privilegiada.
Ramaphosa dijo este lunes que los afrikáners que partieron hacia Estados Unidos no cumplen con las características de refugiados porque no sufren ningún tipo de persecución. A finales de febrero, afirmó que quiere alcanzar un «acuerdo» con su homólogo estadounidense para resolver la tensión entre ambos países. Trump dijo que podría reunirse con el presidente sudafricano la próxima semana en la Casa Blanca.
Deportaciones de Trump
La llegada de estos 49 afrikáners se ha producido en un proceso acelerado. Éste, según manifestantes reunidos en el Aeropuerto de Dulles al que llegaron el lunes, denota un «trato especial». Normalmente, el periodo de espera para que un refugiado reciba la autorización de viajar a EEUU puede tardar años.
El trato recibido por los sudafricanos blancos descendientes de colonos contrasta con el dado a otros grupos. El lunes, Washington acabó con un amparo migratorio que protege a miles de ciudadanos afganos de la deportación y les permite trabajar legalmente en EEUU. La administración dice ahora que la situación de Afganistán ha «mejorado» y que los migrantes que huyeron tras la salida de las tropas estadounidenses pueden volver a su país.
Aunque sus soflamas electorales presagiaban otra cosa, las deportaciones no han aumentado en los dos primeros meses de las políticas migratorias del presidente Trump. Aunque los funcionarios migratorios han intensificado sus esfuerzos para expulsar a personas de EEUU, «aún no se han realizado las deportaciones masivas que Trump prometió llevar a cabo», asegura The New York Times. En general, el número de vuelos y sus destinos se parecen en gran medida a los del presidente Joe Biden.
Según una revisión hecha por este periódico, desde que Trump asumió el cargo se han realizado 258 vuelos de deportación, el mismo nivel alcanzado en los últimos meses del gobierno de Biden. El ritmo de vuelos de deportación se mantuvo estable entre noviembre y marzo. Sí ha cambiado algo: al menos 31 vuelos fueron en aviones militares, que son mucho más caros de operar que los vuelos fletados que utiliza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.
