Publicado: agosto 9, 2025, 7:30 pm

La ONG Provea denunció que el sistema judicial controlado por el régimen chavista, negó la recepción de una acción de hábeas corpus introducida en favor de la activista y defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales, detenida arbitrariamente el pasado viernes 8 de agosto y actualmente en condición de desaparición forzada.
Por: lapatilla.com
Según el comunicado publicado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Provea, Antonio González, esposo de Grajales, acompañado por miembros de la organización, permaneció más de siete horas en los tribunales de Caracas intentando introducir el recurso, sin recibir respuesta por parte de las autoridades judiciales.
“Nuevamente, la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas niega el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada”, expresó la ONG en sus redes sociales.
Provea recordó a la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a la jueza Carolina Molinos Romero, presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de una acción de hábeas corpus no es un acto discrecional, sino un derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.
La organización advirtió que, de acuerdo con la legislación nacional e instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, las autoridades judiciales tienen la obligación de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En un video difundido por Provea, Antonio González relató que esperó siete horas y 45 minutos para que se recibiera el escrito de hábeas corpus, sin que el tribunal lo aceptara.
“Se está violentando la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad Personal, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y nuestra Constitución. Es un abuso de poder que deja a los ciudadanos en mayor indefensión frente a las arbitrariedades que cometen los organismos policiales”, denunció Antonio González.
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El recurso legal buscaba exigir la presentación inmediata de la activista, cuya integridad física estaría en riesgo.