Publicado: julio 25, 2025, 6:00 pm
Por tercera vez, el chavismo guardó silencio ante los cuestionamientos formales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre hostigamientos contra abogados en Venezuela.
lapatilla.com
El pasado 6 de mayo, la ONU publicó una comunicación emitida por la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, sobre el caso de la defensora María Alejandra Díaz, tras cumplirse el plazo reglamentario de 60 días sin respuesta por parte del Estado venezolano. La divulgación se realizó conforme al protocolo de los procedimientos especiales, que autoriza alertas públicas ante posibles violaciones de derechos humanos.
En el documento, la relatora denuncia que la abogada «ha sido objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y un proceso disciplinario como aparente represalia por su labor de defensa legal y su participación en un amparo constitucional que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación desagregada de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio».
Satterthwaite advierte que la sanción impuesta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «carece de base legal clara y presenta graves irregularidades».
“La Sala Constitucional también calificó la solicitud de amparo como ‘temeraria’ e impuso una sanción económica a la abogada Díaz Marín, fijando una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, según lo establecido por el Banco Central de Venezuela. Además, ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados donde está inscrita que iniciara de inmediato un procedimiento disciplinario, y suspendió su ejercicio profesional hasta la conclusión del mismo. Según la información recibida, dicha suspensión del ejercicio de la abogacía no está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, señaló la experta.
Satterthwaite sostiene que el caso de Díaz «forma parte de un patrón más amplio de intimidación contra abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos, impugnan normativas contrarias al derecho internacional o emprenden acciones legales contra funcionarios presuntamente involucrados en abusos».
La relatora también denunció amenazas, riesgo de detención y presiones contra familiares de la abogada.
En lo que va de 2024, al menos otras dos comunicaciones de relatores de la ONU tampoco han sido respondidas por el gobierno venezolano. La primera fue enviada por tres expertos sobre el caso del abogado del Foro Penal, Kennedy Tejeda, detenido desde el 2 de agosto; la segunda, por la desaparición forzada, detención arbitraria, incomunicación y falta de garantías procesales en el caso del asesor legal Perkins Rocha.
Esta es la tercera vez en menos de un año que el chavismo no responde a solicitudes o cuestionamientos de la ONU sobre casos de hostigamiento contra defensores y representantes legales de víctimas.
Con información de Provea
