Publicado: junio 16, 2026, 3:00 pm
Transparencia Venezuela presentó los hallazgos de su investigación denominada “Mapa de los Decomisos”, un trabajo que identifica bienes incautados y decomisados en distintos países como resultado de casos de corrupción vinculados a Venezuela.
Por lapatilla.com
Durante el evento “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas: Desafíos y oportunidades de la recuperación de activos para la democracia”, especialistas analizaron los obstáculos que enfrenta el país para recuperar recursos que actualmente permanecen bajo control de autoridades extranjeras.
De acuerdo con los datos expuestos por la organización, hasta ahora se han identificado 719 bienes incautados o asegurados, cuyo valor conjunto asciende a 3.993.862.935 dólares.
Sin embargo, de ese total solo 287 bienes han sido formalmente decomisados, por un monto superior a 1.300 millones de dólares, mientras que el resto permanece congelado o asegurado a la espera de decisiones judiciales definitivas.
Los activos identificados están distribuidos en 15 categorías distintas, entre ellas dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro.
María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), señaló que Estados Unidos es el país que más investigaciones ha impulsado sobre presuntas tramas de corrupción con origen en Venezuela.
La especialista explicó que la recuperación efectiva de esos activos enfrenta importantes obstáculos institucionales.
“Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene: separación de poderes, garantías anticorrupción y transparencia”, afirmó.
Márquez recordó que hace seis años apenas se conocían alrededor de 20 casos relacionados con activos presuntamente obtenidos mediante corrupción.
“Ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación va a aumentar”, sostuvo.
Asimismo, indicó que diversas organizaciones de la sociedad civil trabajan en propuestas que permitan agilizar los mecanismos de recuperación de bienes.
“Estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque de lo contrario Venezuela, en democracia, tendría que pelear caso por caso”, advirtió.
Por su parte, Guillermo Jorge, experto en cumplimiento anticorrupción y prevención de lavado de activos, explicó que los procesos de recuperación de bienes son particularmente complejos y suelen extenderse durante años.
Según detalló, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla la posibilidad de que los activos sean repatriados a los países afectados, pero exige la participación activa del Estado víctima durante todo el proceso.
Jorge explicó que existen dos mecanismos principales para intentar recuperar esos recursos. El primero consiste en que el país afectado investigue los hechos de corrupción y solicite cooperación internacional a las jurisdicciones donde presume que se encuentran los activos.
La segunda vía implica que el país perjudicado litigue directamente en las jurisdicciones donde están ubicados los bienes.
Como ejemplo, señaló que si existe una cuenta bancaria en Suiza vinculada a fondos obtenidos mediante corrupción, Venezuela tendría que presentarse ante las autoridades de ese país como potencial víctima del delito.
El experto también precisó que actualmente los bienes ya decomisados pertenecen legalmente a los países que realizaron las investigaciones y ejecutaron las confiscaciones, como Estados Unidos o Suiza.
En consecuencia, la eventual repatriación de esos recursos dependerá de que Venezuela pueda demostrar ante las instancias correspondientes que los activos pertenecían originalmente a instituciones públicas como Pdvsa o el Banco Central de Venezuela.
Los especialistas coincidieron en que la recuperación de estos fondos podría representar un aporte significativo para la reconstrucción institucional y económica del país, aunque advirtieron que el proceso requerirá reformas profundas, cooperación internacional y mecanismos transparentes de administración de los recursos recuperados.
