Publicado: noviembre 3, 2025, 7:30 am
Entre 2017 y 2025, el gobierno venezolano avanzó en su intención de convertir el ecosistema de criptomonedas en una herramienta para la corrupción, el control político y la evasión de sanciones internacionales, inicialmente a través del malogrado Petro que formó parte del enorme desfalco contra las arcas públicas denominado Pdvsa Cripto, y que llevó a prisión a decenas de funcionarios y empresarios, entre ellos el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
El Petro, presentadocomo “criptoactivo soberano”, se pareció más a un token, y sirvió de fachada para el desvío de fondos públicos y la comercialización opaca de petróleo. Tras su colapso en 2024, el Estado impulsó una nueva etapa de uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) que hoy favorece el lavado de dinero y el arbitraje cambiario a través de empresas privadas vinculadas al poder.
Cinco claves sobre las criptomonedas en Venezuela
1. El Petro fue una fachada de control político y corrupción estatal (2017–2024).
Aunque se presentó como una criptomoneda soberana para evadir sanciones y modernizar la economía, el Petro nunca fue una cripto descentralizada ni transparente.
Fue un token controlado por el Ejecutivo, utilizado para transacciones opacas y malversación de fondos públicos, especialmente a través de Sunacrip y PDVSA.
2. Tareck El Aissami concentró todo el poder sobre el sistema cripto venezolano.
Las instituciones creadas para manejar el Petro (Sunacrip, Tesorería de Criptoactivos, VEX, Registro de Minería) estaban subordinadas a su figura. Las normas cambiaban a discreción, lo que permitió la manipulación del sistema y el desvío de recursos, hasta su caída tras el escándalo PDVSA–Cripto.
3. La trama PDVSA–Cripto (2019–2023) desvió más de USD 16.000 millones.
Las operaciones petroleras con criptoactivos sirvieron para comercializar crudo fuera de control fiscal y financiero, con pagos en Bitcoin y otras criptos. Las billeteras digitales del Estado fueron usadas para pagar comisiones, bonificaciones y operaciones internacionales sin trazabilidad.
4. Tras el colapso del Petro, el gobierno abrió una nueva fase (2024–2025) de uso de criptos con fines de lavado y control cambiario.
Empresas privadas con licencias oficiales son Kontigo y Crixto Pay, que realizan operaciones masivas de compra y venta de stablecoins (USDC y USDT) sin controles de origen de fondos, facilitando el arbitraje cambiario y potencial lavado de dinero.
5. La corrupción cripto se convirtió en una política económica tolerada.
El gobierno promueve el uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) para sostener el mercado cambiario y suplir la falta de divisas, mientras los bancos privados involucrados (Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo) operan como intermediarios sin regulación efectiva ni transparencia.
En conclusión:
1. Uso del Petro y la Sunacrip para el desfalco de PDVSA.
El informe documenta cómo la Tesorería de Criptoactivos y la Sunacrip, bajo control de El Aissami y Joselit Ramírez, canalizaron pagos petroleros en criptomonedas sin registro contable ni control del Banco Central o la Contraloría. Entre los pagos que no se recibieron en divisas y las que se procesaron por criptos, el desfalco se estima en USD 16.950 millones.
2. Participación de bancos privados en esquemas de cambio y lavado.
Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo actuaron como intermediarios entre el Estado y la Exchange Kontigo, permitiendo compras y recargas en efectivo de hasta 100.000 USDC mensuales sin verificación de identidad ni control de origen de fondos.
3. Reactivación de mecanismos de corrupción con el diferencial cambiario.
A través de las apps autorizadas por el propio gobierno, se permite comprar stablecoins al tipo de cambio oficial y revenderlas a precio paralelo, generando ganancias inmediatas con respaldo institucional y sin supervisión, una reedición del esquema de “dólar preferencial” de años anteriores.
El sistema cripto venezolano ha pasado de ser un experimento fallido de soberanía digital a ser hoy un mecanismo institucionalizado con altísimos riesgos de lavado de dinero y corrupción financiera.
Las estructuras responsables del Petro fueron sustituidas, no eliminadas: el esquema continúa bajo nuevas marcas, actores y justificaciones tecnológicas.
