Publicado: diciembre 15, 2025, 3:00 am
Los gobernantes con una filosofía estatista que postulan que el gobierno debe planificar la actividad económica nacional tienen algo en común: creen que los precios son irrelevantes y que estos pueden ser determinados exógenamente en el nivel que ellos consideran como “justo”, además de que los incentivos no importan. En ambos casos cometen un error que se traduce en un menor nivel de bienestar.
Primero, los precios “justos” no existen; el precio “más justo” para los consumidores es cero, mientras que el precio “más justo” para los productores sería infinito. Lo que los estatistas desconocen es que los precios tienen dos funciones primordiales. La primera es reflejar la escasez relativa de los bienes de producción, es decir, cumplen la función de enviar las señales para cómo asignarlos. La segunda es equilibrar los mercados, igualar la cantidad demandada con la cantidad ofrecida (la demanda y la oferta nunca se igualan porque son funciones diferentes).
Determinar exógenamente los precios resulta en una asignación ineficiente de recursos e impiden que las cantidades demandadas y ofrecidas se igualen; si está por arriba del equilibrio (salarios, precios de garantía) genera un exceso de oferta, mientras que si se fija por debajo del equilibrio (precios máximos) genera un exceso de demanda. En ambos casos, hay una pérdida de bienestar social.
Por otra parte, los incentivos sí importan. Si estos no están alineados con el objetivo deseado (son incentivos perversos), generarán un resultado subóptimo o incluso contrario al deseado. Si los precios son fijados exógenamente a un nivel diferente al de equilibrio, no se generan los incentivos para lograr la asignación de recursos escasos que permita la maximización del bienestar social.
Está por analizarse en el Congreso la propuesta de reforma constitucional para que en 2030 los trabajadores mexicanos formales laboren 40 horas semanales en lugar de las 48 horas actuales, con una reducción anual de dos horas empezando en 2027, limitando además las horas extras. Suena bien, ya que los trabajadores mexicanos laboran en promedio más horas al año (2,220) que, por ejemplo, los estadounidenses (1,892), franceses (1,565), canadienses (1,644), israelíes (1,820), alemanes (1,783) e ingleses (1,866). Sin embargo, se le olvida un pequeño detalle: en los países desarrollados los individuos trabajan menos horas porque, sorpresa, son desarrollados y más productivos. La propuesta de reducir la jornada laboral en México no considera ni los salarios ni la productividad y menos aún el arreglo institucional del mercado laboral, particularmente lo correspondiente a la seguridad social.
Al contratar trabajadores, las empresas toman en consideración su costo integral y la productividad que tienen al combinarse con el capital físico, dada una determinada tecnología de producción. La empresa compara el costo de la mano de obra con el valor de su productividad, es decir, cuánto contribuye a los ingresos y utilidades. Este costo está compuesto de varios elementos: el salario bruto a pagar, las contribuciones al sistema de seguridad social (IMSS, Afore, Infonavit), vacaciones, aguinaldo, capacitación, potenciales licencias por maternidad/paternidad, potencial reparto de utilidades, prestaciones dentro de la empresa en caso de haberlas (comedores, uniformes, transporte, etcétera) y cuotas sindicales en su caso.
Vamos a la Encuesta de Ocupación y Empleo. Según esta, en el mes de octubre del presente año, de una población total de 15 años o más de 104.7 millones de individuos, 62.5 millones conforman la PEA, a los cuales habría que agregar 3.3 millones que no están económicamente activos, pero se encuentran disponibles para incorporarse al mercado laboral. De los que están en la PEA, 60.9 millones estaban ocupados.
Por otra parte, del total de individuos ocupados, el 55.7% de ellos (33.9 millones) se encontraba en una situación de informalidad, es decir, no tienen acceso al sistema de seguridad social. Más aún, del total de individuos ocupados, el 29.6% (18 millones) laboraba en el sector informal de la economía, en empresas no constituidas formalmente, con una muy baja productividad factorial total, un lastre para el crecimiento.
Varios son los elementos que explican estas dos elevadas magnitudes de informalidad, destacando las barreras regulatorias a la entrada y salida de empresas de los mercados, el alto costo de cumplir con las disposiciones tributarias y, de manera sobresaliente, el esquema de contribuciones patronales al sistema de seguridad social que actúan como un impuesto implícito al empleo formal.
Reducir la jornada laboral semanal a 40 horas sin una mayor productividad y sin modificar el esquema de seguridad social implicaría un encarecimiento efectivo de la mano de obra. El potencial resultado de esta medida sería que varias empresas y sus trabajadores migrarían hacia la informalidad, lo cual a su vez se traduciría en una menor productividad y, muy significativo, una pérdida para los trabajadores que ya no tendrían el acceso a la seguridad social ni otras prestaciones.
Estaríamos en el caso de una medida con incentivos perversos cuyo resultado sería el contrario al deseado, con un efecto adicional: reduciría aún más la tasa de crecimiento de la economía. Si queremos reducir la jornada laboral, primero hay que generar los incentivos correctos alineados con el objetivo de crecimiento y desarrollo económico, lo que el gobierno no está haciendo.
