Publicado: agosto 19, 2025, 7:00 pm
<![CDATA[
La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ), ha generado un ambiente de profunda incertidumbre entre los trabajadores del organismo autónomo. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encargada de conformar al nuevo regulador, ha condicionado la incorporación de personal del IFT a la plantilla de la CRT a cambio de renunciar a su derecho a liquidación , una prestación laboral fundamental, denunciaron fuentes internas del Instituto a Expansión.
“A varios colaboradores, por su experiencia en el Instituto, los contactan directamente por personal de la ATDT para trabajar (en la CRT) pero les están pidiendo forzosamente que renuncien un día antes de que se extinga el IFT y se conforme la Comisión”, aseguró una de las fuentes. Expansión cuenta con una lista de trabajadores del IFT a los que se les pidió expresamente renunciar a su liquidación a cambio de una vacante en la CRT. “El tema laboral, independientemente de la situación del Instituto, es muy complicado para las personas que se dedican al servicio público. Es difícil que puedan tener una certidumbre y ahora el personal de la ATDT se enfoca en perfiles más vulnerables (económicamente) para que puedan ceder a su petición”, dijo la fuente. La ATDT enfrenta presión para conformar a la brevedad la plantilla operativa de la CRT, ya que se prevé que el próximo 15 de septiembre la presidenta, Claudia Sheinbaum, envíe al Senado la lista de ternas para designar a los comisionados que integrarán el Pleno del nuevo órgano regulador, señalaron las fuentes. Entre los nombres que se barajan para ocupar esos cargos se encuentran Tania Villa y Víctor Hilario, ambos exfuncionarios del IFT que actualmente forman parte de la plantilla de la ATDT. Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, el proceder de la ATDT contraviene lo establecido en el artículo transitorio noveno del Decreto que crea la nueva política de telecomunicaciones, el cual establece que deberán respetarse los derechos de los trabajadores. La ATDT negó a Expansión la situación al interior del IFT y aseguró que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores. “Hay demasiada prisa para conformar a un nuevo regulador que no terminan por cerrar un capítulo en orden para iniciar otro, mientras se vulneran de manera flagrante los derechos de los trabajadores. Toda esa rapidez puede afectar a la operación del nuevo ente que vigilará la operación del sector”, dijo el especialista. A esto se suma que las liquidaciones solo se otorgarán a los trabajadores empleados bajo el estatus de Servicio Profesional de Carrera, bajo el argumento de que son los únicos con estabilidad laboral reconocida. Esto deja en situación vulnerable a más de 200 trabajadores de una plantilla de 1,400 dentro del IFT quienes quedarían excluidos de esa prestación, pese a tener funciones clave en áreas como la Autoridad Investigadora y el Órgano Interno de Control. “Las indemnizaciones se pagarán a las personas servidoras públicas que gocen de estabilidad laboral (…) los que no gocen de estabilidad serán finiquitados en términos de las disposiciones aplicables”, señala el Decreto de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
¿Quebrantos a los derechos laborales? Condicionar el pago de la liquidación a cambio de ofrecer una nueva plaza laboral es una práctica frecuente en el ámbito gubernamental, aunque no necesariamente legítima, advierte la abogada Estefanía Rueda García, socia del despacho Little. La eliminación de órganos autónomos ha derivado en conflictos para proteger los derechos laborales. Los colaboradores del INAI, por ejemplo, fueron encapsulados por elementos de la policía por luchar por una indemnización a su trabajo en el Instituto. Otro caso fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) que solicitó la renuncia de los trabajadores para ceder a las indemnizaciones que les corresponden por derecho. “No puedo decir que sea correcto, porque estas desvinculaciones deberían darse en las mejores condiciones, sin coaccionar a nadie ni condicionar sus derechos. Sin embargo, muchas veces se hace como parte de una negociación para dejar abierta la puerta a otra oportunidad laboral”, explicó. García también señala que, en procesos de transición institucional —como la desaparición o reestructuración de dependencias públicas—, es habitual que se asigne una partida presupuestaria específica para cubrir indemnizaciones, finiquitos y liquidaciones. “Pero la planeación presupuestaria no siempre ha sido la mejor en México y posiblemente por ese motivo a veces se tiende a negociar las salidas de los trabajadores con montos menores”, dijo. En abril, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación de presupuesto de más de 622 millones de pesos para hacer frente a sus compromisos laborales, debido a que para este año, solo le fue asignado 500 millones de pesos, equivalentes al 29.8% de lo que había solicitado. Pero en junio pasado, el ente fiscalizador negó esa posibilidad, al señalar que “cuenta con suficiencia presupuestaria”, según el documento que tiene en poder Expansión.
Acción colectiva laboral Moreno Loza recordó que cuando se extinguió a la Cofetel para dar paso al IFT no se vulneraron tantos derechos laborales, ya que la transición se realizó con mayor diligencia. Pero esta vez, la falta de planeación en el proceso actual para eliminar al Instituto está generando un entorno de incertidumbre, en el que podrían surgir acciones colectivas por parte de los colaboradores del regulador. “El IFT habló en varias ocasiones que hacía falta presupuesto para las liquidaciones laborales conforme a la ley, pero por las omisiones, la falta de previsión, ahora estamos viendo todas las consecuencias”, lamentó el analista. Pero el mecanismo legal colectivo enfrentará un reto: la reciente selección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Estefanía Rueda, advirtió que en los Tribunales Laborales de Asuntos Colectivos, que forman parte del Poder Judicial, se conformarán por candidatos que mostraron durante sus campañas vínculos o afinidades con dependencias gubernamentales, lo que podría comprometer su imparcialidad. “Nos cuestionamos qué tan imparciales van a ser estas personas para resolver conflictos entre un trabajador que es un ciudadano normal y un empleador que es una entidad de gobierno, porque con tal de proteger el sistema gubernamental, quizá estos juzgadores vayan a darle la razón al gobierno a pesar de que no la tiene y no han seguido los requisitos y formalidad de la Ley”, advirtió la abogada.
]]>
