Publicado: noviembre 12, 2025, 9:00 pm
Diversas denuncias presentadas por trabajadores de la cadena restaurantera La Casa de Toño han destapado un esquema de presuntas irregularidades laborales que, de acuerdo con estimaciones de los propios afectados, podrían representar ganancias indebidas de hasta 20 millones de pesos mensuales para la empresa, derivadas de descuentos y cobros ilegales.
Los señalamientos, que apuntan directamente al empresario Antonio Campos y sus hijos Patricio y Fabricio Campos, exponen una serie de prácticas que contravienen la Ley Federal del Trabajo y que han generado un llamado a la intervención de las autoridades mexicanas, así como de los agregados laborales de Estados Unidos y Canadá del T-MEC.
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En ese sentido, los trabajadores argumentan que la queja central es la “apropiación indebida de propinas, pues estas percepciones, que según los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo deben formar parte del salario, no se integran correctamente, lo que podría implicar una potencial evasión fiscal y de seguridad social al no reflejar las percepciones reales de los empleados”, explicaron en una comunicación con El Economista.
En cuanto a cobros ilegales y sanciones, dijeron que han presentado pruebas de la venta obligatoria de uniformes de baja calidad a precios altos, “nos amenazan con sancionarnos e incluso hay impedimento para laboral si no lo compramos” a lo que se suman jornadas extenuantes, un solo día de descanso semanal, sanciones económicas por retrasos y descuentos por faltas presuntamente inexistentes.
Adicionalmente, en el rubro de Omisiones en Seguridad e Higiene, los trabajadores denuncian el incumplimiento en el suministro de equipo de protección personal esencial (calzado, guantes, gogles), contraviniendo la normativa laboral. Finalmente, las denuncias incluyen Acoso y Restricción de Derechos, con casos de acoso sexual por parte de mandos medios y la prohibición a los empleados de consumir alimentos traídos desde sus hogares dentro de las instalaciones.
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Ante la magnitud de las acusaciones y las implicaciones financieras que superan los 20 millones de pesos al mes, se ha cuestionado la inacción de las autoridades laborales e hicieron un llamado para que las autoridades, incluyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las Secretarías del Trabajo de la Ciudad de México y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tomen cartas en el asunto.
Los afectados urgen una investigación a fondo para determinar si intereses económicos o políticos han impedido las inspecciones y sanciones correspondientes, con el fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y laborales en el sector restaurantero.
