Publicado: abril 21, 2026, 10:00 am
En mis entrevistas a pie de fábrica con trabajadoras y trabajadores en distintas regiones industriales del país, el tema de la inseguridad y la violencia brota por sí sólo. Cada vez con más frecuencia. Uno aprende: Conforme la zona industrial se encuentra en regiones o localidades más atrasadas o aisladas, la violencia e inseguridad cuesta y cobra más a los asalariados.
Es como si vivir en medio de la pobreza más extrema, en territorios marginados y distantes, no fuera suficiente. Es como si ganar el salario mínimo y experimentar día tras día con que no alcanza para pagar la mesa, la vivienda, los servicios (que no existen), la escuela y el vestido de la familia, tampoco fuera suficiente. A dichos costos y penas estas mujeres y hombres asalariados ahora deben de sumar más asaltos, amenazas y extorsiones. No sólo eso; deben de pagar hoy “derecho de paso”.
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Por increíble e indecible que sea. En las zonas atrasadas y aisladas que referencio, a la entrada, pero sobre todo a la salida de las fábricas, en el trayecto al hogar, el derecho de paso se hace efectivo. Resistirse puede representar perder algo más que la tranquilidad. Hay localidades industriales en donde el tema se ha vuelto tan grave, que las empresas han debido cancelar los turnos nocturnos. Otras han renunciado a la provisión de transporte por el temor y los riesgos que representa, dejando a su suerte a sus mujeres y hombres asalariados.
Aquí hay otra historia del México profundo y bárbaro que se viene enhebrando sin que sepamos bien a bien sus alcances e implicaciones. Por ignorancia, por conveniencia, o por la elección que oscila de la displicencia a la autoprotección e intereses que llevan a voltear a otro lado. Por eso la violencia e inseguridad están anidando en el mundo del trabajo, como lo han hecho en otras esferas vitales de la vida nacional.
Esta es otra faceta, en suma, del progreso de la ilegalidad que afecta a México. En este escenario cobra mayor relieve la resolución del Panel Independiente de Expertos Laborales sobre el caso de Minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, propiedad de la empresa canadiense Orla Mining.
Casi dos años después de que el sindicato de “Los Mineros” denunciará denegación de derechos de libertad sindical y negociación colectiva, el Panel no sólo encontró que había tal denegación de derechos por intervención de la empresa, favoreciendo a un sindicato sobre otro. Sino que la gerencia misma toleró un entorno de coerción, miedo e intimidación de los trabajadores.
También subrayó que el conocimiento de la empresa sobre riesgos de crimen organizado en la zona elevaba su responsabilidad para proteger los derechos de los trabajadores. En conjunto, estas prácticas constituyen una violación directa a la legislación laboral mexicana y a los compromisos del T-MEC.
No terminamos de lamentar la desaparición de una docena de mineros de la empresa canadiense Vizla Silver Corp en Concordia, Sinaloa, de unas semanas atrás, cuando ahora debemos procesar Camino Rojo. La pregunta es obligada: ¿Estamos ya frente a un patrón de presencias ilegales en la industria que se superpone a la ya legendaria estrechez de la observancia de la ley laboral del país?
¿Qué dicen las autoridades encargadas al respecto? El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha rechazado las conclusiones del Panel porque en su versión “se extralimitó (al) valorar conductas de posible naturaleza penal”. En breve, bajo su perspectiva, los Expertos y el Mecanismo Laboral están invadiendo la soberanía nacional.
La realidad es que la nombrada soberanía nacional se ha convertido en comodín de gobierno para capear las tempestades. Todavía resuenan las palabras del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) llamando a ponderar la situación del país pues, en su evaluación, “(existen) indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Posición del CED que, sin dudarlo, el gobierno rechazó con la misma soberana carta. El tema es advertir que, de la economía que no crece y las inversiones que no llegan, a la ilegalidad que se planta como hidra de mil cabezas, las tempestades se siguen acumulando en México. Tanto que tienen a la nación a las puertas de una tormenta perfecta; de esas que pueden arrastrar a todos y arrasar con todo. Por más soberanía que se agite.
