Publicado: agosto 3, 2026, 12:00 am
Los 146 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos el pasado 24 de junio llegaron al país convencidos de que, tras meses de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), finalmente podrían reencontrarse con sus familias. Sin embargo, en lugar de ser liberados, fueron trasladados bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a un edificio gubernamental en La Guaira que colapsó horas después durante el doble terremoto que sacudió al país. La reconstrucción de los hechos, publicada por The Washington Post, revela una cadena de decisiones que terminó con decenas de fallecidos, desaparecidos y familias que todavía buscan respuestas.
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La investigación del diario estadounidense, elaborada tras entrevistar a familiares de 16 pasajeros, tres sobrevivientes, funcionarios venezolanos y expertos en derechos humanos, sostiene que ni la administración de Donald Trump ni el gobierno venezolano han publicado la lista completa de pasajeros del llamado Vuelo 164, ni han explicado por qué los deportados fueron retenidos por el Sebin al aterrizar en Maiquetía. El reportaje también afirma que, más de un mes después de la tragedia, las autoridades venezolanas aún no habían informado oficialmente cuántos deportados murieron ni cuántos permanecían desaparecidos entre los escombros.
Muchos de los pasajeros habían emigrado buscando una oportunidad económica o huyendo de la persecución política. Varios tenían solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos y otros estaban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que posteriormente fue eliminado para los venezolanos. Según el reportaje, numerosos migrantes aceptaron ser deportados después de pasar semanas o meses detenidos por el ICE, mientras otros denunciaban largas esperas, problemas de salud mental y condiciones de reclusión cada vez más difíciles. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aseguró al periódico que el vuelo “llegó a Venezuela sin contratiempos” y que, una vez entregados a las autoridades venezolanas, dejaron de estar bajo responsabilidad estadounidense.
Las familias esperaban recibirlos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con globos, comida y carteles de bienvenida. No obstante, eso nunca ocurrió. De acuerdo con la investigación, agentes del Sebin subieron a 146 deportados —entre ellos 19 mujeres y siete niños— a autobuses con destino al Hotel Santuario La Llanada, una antigua instalación gubernamental utilizada para procesar repatriados. Allí les informaron que permanecerían retenidos durante 24 horas mientras eran investigados, les retiraron los teléfonos celulares y, según varios sobrevivientes, algunos funcionarios revisaron sus dispositivos para buscar evidencias de posiciones críticas contra el gobierno.
Horas después ocurrió la tragedia. Dos fuertes terremotos sacudieron el centro-norte del país y el edificio de cuatro plantas donde permanecían los deportados se desplomó. La sobreviviente Jeycibeth Montiel Nava relató al diario que despertó cuando comenzó el movimiento y vio cómo las paredes se derrumbaban a su alrededor. “Podía oír a la gente gritar y llorar. Para salir, tuve que trepar por encima del trozo de cemento que había aplastado a la mujer que estaba junto a mi cama”, recordó. La mujer aseguró que, tras escapar, pidió ayuda a funcionarios presentes en el lugar para rescatar a quienes seguían atrapados, pero afirmó que no respondieron a sus llamados.
A partir de ese momento comenzó otra odisea para las familias. El reportaje sostiene que muchas recorrieron hospitales, morgues y centros de rescate sin recibir información clara sobre el paradero de sus seres queridos. En algunos casos, funcionarios notificaron a familiares que una persona había fallecido y posteriormente afirmaron que seguía desaparecida; en otros, ofrecieron cuerpos equivocados o incluso pidieron dinero para entregar supuestas pruebas de supervivencia. “Ellos fueron quienes lo llevaron allí. Ellos son quienes deberían estar buscándolo”, declaró Adela Osuna, prima del deportado Jhonattan Lamus, quien continúa desaparecido.
La investigación también documenta los casos de venezolanos como Juan Carlos Villegas Castillo, Eduardo José Osal Mujica y Richard José Pereira Amesty, quienes habían construido una nueva vida en Estados Unidos antes de ser detenidos por las autoridades migratorias. Pereira fue rescatado con vida de entre los escombros, pero murió posteriormente en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Osal Mujica fue localizado días después por su esposa en una morgue, gracias al reconocimiento de un tatuaje y de la pulsera colocada por las autoridades migratorias estadounidenses antes de su deportación. En el bolsillo de su pantalón todavía conservaba la orden de deportación doblada y cubierta de polvo.
Además de las víctimas civiles, The Washington Post señala que un funcionario de inteligencia venezolano afirmó bajo condición de anonimato que al menos 20 agentes del Sebin también murieron durante el derrumbe, aunque el gobierno nunca reconoció públicamente esas bajas. Según la investigación, la zona permaneció bajo control de los cuerpos de inteligencia, con acceso restringido para familiares y periodistas, mientras muchos allegados denunciaban haber recibido advertencias para no hablar públicamente sobre el caso.
La sobreviviente Jeycibeth Montiel Nava resumió al periódico el sentimiento de muchos de los afectados al afirmar que la tragedia quedó invisibilizada. “Ocultaron nuestra historia. Nos ocultaron. Nadie mencionó el vuelo 164. Las familias tuvieron que investigar por su cuenta para averiguar qué les había sucedido a sus seres queridos. Ni el presidente Trump ni el gobierno venezolano nos mencionaron ni hablaron de nosotros”, declaró. Mientras tanto, decenas de familias continúan buscando respuestas sobre un vuelo cuyos pasajeros sobrevivieron a la deportación desde Estados Unidos, pero terminaron enfrentando una tragedia que, según el reportaje, aún permanece rodeada de interrogantes.
