Publicado: noviembre 14, 2026, 1:30 am
Los familiares de los 36 militares que mantienen una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, expresaron este viernes 13 de noviembre su temor ante un posible traslado de detenidos hacia el Fuerte Guaicaipuro, luego de un cacerolazo realizado dentro del penal, una situación que, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), podría derivar en hechos de violencia.
lapatilla.com
La preocupación surgió durante la noche, cuando los reclusos ubicados en las torres del centro penitenciario comenzaron a golpear objetos metálicos como forma de protesta. Los parientes temen que las autoridades respondan a esa manifestación con el traslado de algunos militares a otras instalaciones.
La tensión ocurre en medio de una protesta que comenzó el lunes 9 de noviembre. Los militares reclaman que se investiguen las presuntas irregularidades de sus procesos judiciales y exigen que se les aplique la Ley de Amnistía o se les conceda la libertad plena.
El panorama se complicó este viernes, cuando al menos ocho huelguistas sufrieron descompensaciones y necesitaron asistencia médica, de acuerdo con la organización.
El OVP también denunció que el general Luis Marcelo Ojeda ordenó cerrar el portón que comunica la torre donde permanecen los manifestantes con el patio del establecimiento penitenciario, una medida que habría restringido su movilidad desde el inicio de la huelga.
Según los señalamientos de los familiares, los militares permanecen confinados en esa área sin acceso al agua potable ni a los baños. Los parientes responsabilizan a Ojeda por las condiciones de reclusión y por cualquier deterioro en el estado de salud de los detenidos.
Los presos políticos militares también solicitan que sus expedientes sean incluidos en las conversaciones que mantienen Dinorah Figuera y representantes del régimen de Delcy Rodríguez, así como en el proceso de revisión de casos anunciado por la Asamblea Nacional chavista.
La huelga reúne a detenidos de distintas causas judiciales. Según informaciones anteriores del OVP, la protesta comenzó con militares vinculados al caso Cotiza y posteriormente se incorporaron otros privados de libertad que también cuestionan sus procesos.
