Publicado: junio 4, 2026, 4:00 pm
La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA, aseguró que Venezuela ha desarrollado durante los últimos 26 años un sistema de represión que evolucionó desde las torturas físicas tradicionales hacia métodos cada vez más sofisticados y psicológicamente devastadores, diseñados para sembrar terror en la población y garantizar el control político.
Por LaPatilla
Durante esta entrevista, Sujú repasó décadas de documentación de casos de tortura, desapariciones forzadas y persecución política, al tiempo que explicó cómo operan los organismos de inteligencia y cuáles son, a su juicio, los principales responsables de una estructura que ha sido denunciada ante instancias internacionales por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
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La directora del Instituto CASLA recordó que comenzó a documentar casos de tortura desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Según explicó, los primeros objetivos fueron militares que se oponían al proyecto político impulsado desde Miraflores.
“Los primeros torturados fueron militares. Chávez necesitaba controlar completamente la Fuerza Armada porque sabía que era la única institución capaz de desafiarlo. Todo aquel que pensara distinto o actuara institucionalmente podía convertirse en objetivo”, afirmó.
Con el paso de los años, esa práctica dejó de concentrarse exclusivamente en sectores militares y se extendió a dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, trabajadores y ciudadanos comunes.
Para Sujú, la tortura no ha sido utilizada únicamente para obtener información o confesiones. Su propósito principal ha sido ejercer control social sobre la población mediante el miedo.
“La tortura se convirtió en una herramienta de terrorismo de Estado. No se trata solamente de obtener información. Se trata de enviar un mensaje a toda la sociedad”, sostuvo.
De las golpizas a las torturas sofisticadas
Uno de los aspectos más impactantes de la conversación fue la descripción de las nuevas modalidades de tortura que, según los testimonios recopilados por CASLA, han sido utilizadas en centros de detención venezolanos.
Sujú explicó que las torturas han evolucionado desde métodos tradicionales como golpizas, descargas eléctricas o aislamiento, hacia procedimientos mucho más elaborados destinados a generar sufrimiento físico y psicológico extremo.
Entre los casos más graves mencionó prácticas de “entubamiento” aplicadas a presos políticos recluidos en El Rodeo I.
Según relató, algunas víctimas fueron sometidas a la introducción forzada de cánulas de gran tamaño por distintas cavidades corporales mientras otros detenidos eran obligados a presenciar el procedimiento como mecanismo de intimidación.
“En 26 años documentando torturas nunca había visto algo semejante”, aseguró.
También describió la existencia de celdas donde los detenidos permanecen expuestos las 24 horas del día a luces extremadamente potentes que les impiden dormir durante días consecutivos.
En otros casos, denunció que algunos presos fueron mantenidos suspendidos durante largos períodos o incluso enterrados parcialmente bajo tierra durante jornadas completas.
“Cuando escuché esos testimonios pensé en las torturas medievales. Son prácticas que parecían pertenecientes a otra época”, afirmó.
Los centros clandestino
Sujú también habló sobre la existencia de centros clandestinos de detención utilizados por organismos de inteligencia venezolanos.
Aunque organismos internacionales han mencionado decenas de instalaciones de este tipo, la activista explicó que muchas operan en viviendas particulares, inmuebles expropiados o propiedades abandonadas que son utilizadas temporalmente para interrogar y torturar detenidos antes de trasladarlos a instalaciones oficiales.
Algunos de esos lugares han sido identificados y geolocalizados por CASLA en informes presentados ante organismos internacionales.
Entre ellos mencionó instalaciones vinculadas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicadas en zonas de Caracas como Santa Mónica, San Bernardino y sectores cercanos a La Carlota.
Según explicó, en varios de esos lugares se han documentado casos de tortura, desapariciones temporales y tratos crueles.
“Son casas que pueden pasar desapercibidas para cualquier vecino. Pero allí se han cometido atrocidades”, señaló.
Las familias también son víctimas
Otro fenómeno que preocupa especialmente a la defensora de derechos humanos es la utilización de familiares como mecanismo de presión contra personas perseguidas políticamente.
Sujú recordó casos en los que organismos de seguridad detuvieron a madres, hermanas, tíos o hijos de militares y dirigentes opositores cuando no lograban localizar a la persona que buscaban.
A su juicio, esta práctica constituye una expansión de la persecución política hacia el entorno familiar de las víctimas.
“Ellos dicen constantemente que no se metan con sus familias, pero han hecho exactamente eso con las familias de otros venezolanos”, denunció.
La abogada considera que esta modalidad de persecución ha generado un profundo impacto psicológico y emocional en miles de familias venezolanas.
Las desapariciones forzadas después del 28 de julio
Sujú también hizo referencia a las detenciones ocurridas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según explicó, uno de los elementos más alarmantes fue la desaparición forzada de miles de personas cuyos familiares desconocieron durante semanas o meses dónde se encontraban.
“Hubo alrededor de dos mil personas detenidas cuyo paradero era desconocido. Las familias no sabían si estaban vivas, muertas o siendo torturadas”, afirmó.
La directora de CASLA considera que la desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos porque mantiene a las familias en una situación permanente de incertidumbre y sufrimiento.
Entre los casos emblemáticos mencionó el de Hugo Marino, cuyo paradero continúa siendo objeto de interrogantes.
El papel de Alexander Granko
Durante la entrevista también se abordó la figura del coronel Alexander Granko Arteaga, señalado por distintos informes internacionales como una de las piezas clave dentro del aparato represivo venezolano.
Sujú aseguró que ha seguido su trayectoria desde hace varios años y lo describió como uno de los funcionarios más influyentes dentro de la estructura de inteligencia.
Afirmó que Granko habría participado en el diseño de mecanismos de represión y control dentro de organismos de seguridad y centros penitenciarios.
“Es una de las figuras más importantes dentro de esa estructura criminal”, sostuvo.
Asimismo, señaló que existen numerosos testimonios de víctimas que identifican su participación directa o indirecta en diversos casos documentados por organismos nacionales e internacionales.
La responsabilidad de altos funcionarios
La activista también se refirió al papel de altos funcionarios civiles dentro de la estructura represiva.
Según explicó, la persecución política no puede entenderse únicamente como responsabilidad de agentes operativos o funcionarios de bajo rango.
Por el contrario, considera que existe una cadena de mando claramente definida cuyos máximos responsables deben responder ante la justicia.
Sujú sostuvo que distintas instituciones del Estado habrían participado coordinadamente en operaciones de persecución, detención y procesamiento de opositores.
También cuestionó el papel desempeñado por funcionarios del sistema judicial y del Ministerio Público durante los años más intensos de represión política.
¿Qué ha cambiado tras la salida de Maduro?
Tras los acontecimientos políticos del 3 de enero, Sujú reconoció que se han producido algunas liberaciones y retornos de dirigentes políticos al país.
Sin embargo, advirtió que todavía permanecen cientos de presos políticos bajo distintas condiciones judiciales.
“Muchos no han sido realmente liberados. Han sido excarcelados y siguen sometidos a procesos judiciales”, explicó.
También señaló que continúan operando estructuras represivas, colectivos armados y mecanismos de intimidación contra opositores y familiares de presos políticos.
A pesar de ello, considera que el escenario actual es diferente al de años anteriores y que existen oportunidades para avanzar hacia cambios institucionales más profundos.
Justicia, reparación y memoria
Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas.
Sujú insistió en que las personas que han sufrido torturas, encarcelamientos arbitrarios o desapariciones forzadas no están impulsadas por sentimientos de venganza.
Por el contrario, afirmó que la mayoría desea que los responsables rindan cuentas y que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse.
“No buscan venganza. Lo que buscan es justicia”, aseguró.
Según explicó, muchas víctimas están dispuestas a declarar ante tribunales nacionales o internacionales y colaborar en procesos judiciales destinados a esclarecer responsabilidades.
La defensora de derechos humanos considera que una verdadera transición democrática en Venezuela deberá incluir mecanismos de verdad, justicia y reparación para quienes sufrieron violaciones de derechos humanos.
“No puede haber paz duradera sin justicia. No podemos olvidar lo que ocurrió”, afirmó.
El trabajo ante tribunales internacionales
Finalmente, Sujú destacó que el Instituto CASLA continúa trabajando con organismos internacionales y tribunales especializados en la documentación de crímenes de lesa humanidad.
Entre las iniciativas en marcha mencionó acciones legales internacionales impulsadas por víctimas venezolanas y procesos de cooperación con instancias judiciales extranjeras.
La abogada reiteró su confianza en que los mecanismos internacionales terminarán desempeñando un papel fundamental para establecer responsabilidades y garantizar que los principales responsables enfrenten la justicia.
Mientras tanto, aseguró que el trabajo de documentación continúa creciendo con nuevos testimonios, nuevas evidencias y nuevas víctimas que deciden contar lo ocurrido.
“Lo que más me impresiona es la fuerza de quienes sobrevivieron. Muchos salen de prisión más decididos a luchar por la justicia que antes de ser detenidos”, concluyó.
Para Tamara Sujú, esa determinación representa una de las mayores esperanzas para el futuro de Venezuela: una sociedad que, pese al dolor acumulado durante años de represión, sigue apostando por la verdad, la justicia y la reconstrucción democrática del país.
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