Publicado: septiembre 24, 2025, 10:30 pm
Casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños y adolescentes , según datos del Ministerio de Interior en 2023. Esto implica hasta 25 casos conocidos al día , «un porcentaje muy alto que no se consigue cambiar», afirma Catalina Perazzo a ABC, portavoz de Save the Children. Sin embargo, estos datos sólo reflejan «una pequeña parte de la realidad», ya que «sólo el 15% se llega a denunciar», apunta la jurista. Los abusadores son, en ocho de cada diez casos, personas del entorno de la víctima. Según Perazzo, los agresores amenazan a los niños con frases como «si se lo cuentas a mamá, se va a poner triste» o «si se lo dices a tus padres, se va romper la familia». El sentimiento de culpa —«de que algo peor va a pasar»—, sumado a la vergüenza y al miedo a «quedar etiquetado como víctima», explica la cifra negra. «Pensamos que si esto ocurriese en nuestro entorno —hijos, alumnos, hermanos— nos daríamos cuenta, pero vemos que no es así, no sale a la luz», sentencia. El silencio se agudiza en los chicos, porque «el estigma es aún mayor» . Aunque los casos «nunca van a llegar al nivel de las niñas», que, según los datos de Save the Children, son el 82,9% de las víctimas. En este contexto, la organización ha publicado un nuevo informe que pone el foco en la Justicia: «El sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos». La mitad de los procesos se alarga más de 3 años , la mayoría de las víctimas quedan en manos de secciones no especializadas en la infancia y más de la mitad de los menores tienen que revivir los hechos declaración tras declaración. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Por una justicia a la altura de la infancia (2025)’, que analiza 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024. Los 12 años es la edad media del primer abuso, que se suele producir en el entorno de la víctima . Más del 40% de los agresores son familiares de la víctima; el otro 38,7%, profesionales que trabajan con ellos o amigos de la familia. Así, sólo en el 19,5% de los casos se trata de un desconocido. La tendencia de que las niñas y adolescentes sean las principales damnificadas es «una tendencia creciente» que se refleja en 8 de cada 10 casos, según los últimos datos de Interior. Además, a Save the Children le preocupa que «los casos contra las niñas van a ir a violencia de género», cuando «deberían ser tratadas como niñas». Por otro lado, «se mantiene» el problema de los abusos sexuales a personas con discapacidad, un 5% de las víctimas. Los agresores son hombres —en un 98% de los casos— y personas no reincidentes —seis de cada diez no tienen antecedentes penales; y, si los tienen, sólo el 16% son por delitos sexuales—. «Esto evidencia lo difícil que es identificar los casos de abuso infantil, aunque es no imposible, ya que se produce un impacto en el comportamiento de los niños», indica Perazzo. «La Justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual», sentencia Save the Children. Y es que la lentitud con la que avanzan los procesos —el 40,9% se alarga más de 3 años y el 12,1%, más de 5— revive el dolor y dificulta la recuperación. El testimonio de la víctima es una prueba crucial y, a veces, la única. «Cuantas más veces lo tienen que repetir, más alta es la barrera que crean los niños. Empieza a parecer que algo es aprendido y se duda de sus declaraciones», añade Perazzo. Por tanto, la organización demanda incrementar el uso de la prueba preconstituida — grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio—. Este método, obligatorio para menores de 14 años, debería extenderse a todos los menores, a su juicio. También consideran «insuficientes» los profesionales con formación en violencia contra la infancia. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, hace ya 4 años, sólo se prevén tres secciones especializadas en toda España —Barcelona, Madrid y Málaga—. Tampoco se han creado todavía las fiscalías especializadas ni los equipos técnicos multidisciplinares que se prometían. Y es que, aunque todos los grupos parlamentarios, partidos y gobiernos están de acuerdo con Save the Childen en que los abusos a menores se tratan de un problema, «da la sensación de que no siempre se convierte en prioridad». «Hay mucho consenso, pero poca intensidad. Claro, como los niños y niñas no votan… », apuntala Perazzo.