Publicado: noviembre 11, 2025, 12:00 pm
La Corte Conjunta del Caribe Neerlandés da la razón al gobierno de Willemstad, señalando que la credibilidad del relato del solicitante no basta si no presenta pruebas concretas de persecución personal
El Tribunal Común de Justicia de Aruba, Curazao, Sint Maarten y los Países Bajos Caribeños confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de Curazao de rechazar la solicitud de protección internacional de un ciudadano venezolano, al considerar que no demostró un riesgo real de persecución o de trato inhumano si fuera devuelto a su país.
El caso, registrado bajo el número CUR2025H00179, se originó cuando el solicitante, de nacionalidad venezolana, llegó a Curazao en septiembre de 2020 a bordo de una lancha. Según el expediente, poco después de su llegada fue detenido y más tarde presentó una petición formal de asilo el 10 de mayo de 2021, asistido por la organización Human Rights Defense Curaçao (HRDC).
En su solicitud, el hombre afirmó temer por su vida debido a los abusos de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), quienes supuestamente lo detuvieron y golpearon en Venezuela tras un intento previo de abandonar el país.
El proceso judicial
El Ministerio de Justicia rechazó su solicitud el 4 de octubre de 2024, y el Tribunal de Primera Instancia de Curazao ratificó esa decisión en mayo de 2025. El solicitante, representado por la abogada S.N. Zahedi, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Común, alegando irregularidades en el procedimiento y falta de un examen exhaustivo de su caso.
Entre sus argumentos, el apelante sostuvo que la entrevista oficial fue realizada sin intérprete ni asistencia legal, y que el funcionario encargado pertenecía al Departamento de Supervisión e Investigación, un área policial no especializada en solicitudes de asilo. Afirmó, además, que el interrogatorio fue incompleto, ya que el entrevistador no profundizó en la desaparición de su hermano, que según él fue la causa principal de su huida de Venezuela.
El fallo
El Tribunal desestimó todos los argumentos del apelante. En su sentencia, los jueces señalaron que no se necesitaba un intérprete, ya que tanto el solicitante como el entrevistador dominaban el idioma español, y que no hubo evidencia de problemas de comunicación. También constataron que el solicitante tuvo la oportunidad de revisar el acta de la entrevista y presentar correcciones o comentarios posteriormente, lo cual no hizo.
En cuanto a la queja sobre el perfil del entrevistador, el Tribunal concluyó que el funcionario había recibido capacitación especializada para realizar audiencias de protección internacional, y que el proceso se llevó a cabo de forma estructurada y profesional. El solicitante fue informado del propósito de la entrevista, se le pidió que relatara libremente su historia y se le ofreció la oportunidad de añadir información o aclaraciones, algo que tampoco aprovechó.
El Tribunal rechazó también el argumento de que el funcionario debió hacer más preguntas sobre la desaparición del hermano del solicitante. Según el fallo, la responsabilidad de aportar todos los elementos relevantes del relato recae tanto en el solicitante como en las autoridades, y en este caso el hombre no mencionó haber presentado una denuncia formal en Venezuela, limitándose a decir que acudió al organismo policial CICPC en busca de información.
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