Publicado: noviembre 6, 2026, 3:00 am
Hay una peligrosa desconexión entre la retórica gubernamental y la realidad que se respira en la calle. Esta semana, al presentar el balance del Plan Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la percepción de inseguridad en puntos críticos como Uruapan sigue siendo muy alta; sin embargo, atribuyó este fenómeno a una falta de sintonía ciudadana con los datos oficiales, bajo la premisa de que los supuestos avances institucionales ocurren independientemente de lo que experimenta la población. Esa es la distancia entre el escritorio y la calle: si la seguridad no se percibe en la vida diaria, simplemente no existe.
Y eso es aplicable a la percepción de bienestar, crecimiento o Estado de derecho: si no se perciben, no existen. Gobernar a partir de otros datos mientras el ciudadano vive a la defensiva es, básicamente, autocomplacencia.
En el terreno económico, por ejemplo, si cruzamos los reportes recientes de noviembre del 2026 del Inegi y del Banco de México, el contraste es brutal. Por un lado, la narrativa oficial presume estabilidad macroeconómica y un tímido respiro industrial con el repunte del Indicador de Pedidos Manufactureros en 50.5 puntos. Sin embargo, la Confianza del Consumidor (ICC) se mantiene estancada en 45 puntos y arrastra un desplome anual en la expectativa sobre la economía del país que se hunde más de dos puntos.
El ICC había funcionado extrañamente como un indicador político; en tiempos de Peña Nieto, cuando la inflación estaba controlada, se creaban empleos y la economía se expandía tres veces más rápido que con este régimen, ese indicador mostraba niveles bajos de confianza.
Sin embargo, con López Obrador, que se estrenó con una recesión y con una brutal destrucción de la confianza empresarial, ese ICC tocó niveles históricamente altos. Hoy los consumidores ya no parecen engatusados con la llamada 4T y parecen voltear a ver las condiciones de sus bolsillos.
¿Por qué hoy el mexicano promedio rechaza el optimismo gubernamental? Sencillamente porque su microeconomía opera bajo un esquema de supervivencia. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) desnuda el verdadero impuesto invisible que pagan las familias: 58.1% de la población urbana se siente insegura en su ciudad, 68.7% desconfía de los cajeros automáticos, y 83.1% sufre a diario por los baches monumentales y las fallas en los servicios públicos.
Ya no funcionan igual las ocurrencias de “como Dinamarca” o “es mejor medir la felicidad que el PIB”: hay más atención a las expectativas de empleo a 12 meses, que siguen cayendo, y a la contracción del gasto en alimentos y ropa básica. Se puede realzar el dato de cómo un consumidor opta por comprar una pantalla o un electrodoméstico, pero se tiene que contrastar con la decisión de congelar cualquier gasto en la remodelación de la vivienda.
El gobierno puede decretar el éxito cada mañana y presumir inversiones o planes con porcentajes de avances estadísticos, pero ninguna gráfica de escritorio podrá convencer jamás a un ciudadano que esquiva baches lunares, paga pipas de agua y camina con miedo de que vive en un país próspero. Si el optimismo no se siente en las calles ni en las empresas, simplemente es un espejismo.
La Confianza del Consumidor se mantiene estancada en 45 puntos y arrastra un desplome anual en la expectativa sobre la economía del país que se hunde más de dos puntos.
