Publicado: diciembre 4, 2025, 7:39 am
La nueva empresa estatal de vivienda que parte de Sepes echa a andar oficialmente tras un año cocinándose y da el pistoletazo de salida con el renombramiento de la histórica empresa pública de suelo . La entidad se llamará Casa 47 en referencia al artículo 47 de la Constitución, el que dice que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna». El anuncio lo ha hecho este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación del nuevo gestor público, cuya creación fue adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en diciembre de 2024. «El dar respuesta al derecho a la vivienda es un mandato constitucional y por eso la casa y el 47 para recordarnos que no es algo que esté al deseo de las administraciones, sino que creyendo en el estado democrático y constitucional que tenemos, tenemos que dar respuesta cada día a ese derecho para garantizar la vivienda digna y frenar la especulación», ha dicho Rodríguez en la presentación. La titular del ramo ha apuntado en distintas ocasiones contra los fondos de inversión durante su intervención. Según Rodríguez, la nueva empresa estatal de vivienda blindará «para siempre» las casas que promueva, y en este sentido ha asegurado que su departamento ha encontrado «los mecanismos jurídicos necesarios» para que no se puedan vender estas casas, aún reconociendo que el último ‘ok’ para que esto sea posible lo tienen las comunidades autónomas. «Espero de todas ellas que lo hagan, pero por si acaso, hemos encontrado el mecanismo jurídico para que todo lo que construya la entidad estatal sea público para siempre», ha avisado la exalcaldesa de Puertollano, quien ha dicho que en un pasado «dejamos marchar» parte del parque de vivienda pública porque «hubo quien trató de hacer negocio con estas viviendas vendiéndolas a fondos y dejando a sus inquilinos fuera». Rodríguez ha señalado también que las viviendas promovidas por Casa 47 se construirán con el apoyo de los promotores sociales «y acompañando y entrelazando nuestras manos con el sector privado, con financiación con el Perte y las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda». La ministra ha recordado que la entidad «no nace de 0» porque próximamente se incorporarán desde Sareb 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con las que pretenden llegar a un total de 55.000 casas para destinarlas al alquiler asequible, «que estarán muy pronto a disposición». La titular del ramo también ha anunciado que «con la mayor celeridad» se lanzará una oferta pública de vivienda con un fondo de 100 millones de euros. Sobre los alquileres promovidos por Casa 47, la ministra Rodríguez también ha adelantado que los contratos que se firmen con los inquilinos tendrán una duración de hasta 75 años, con prórrogas de otros 14, «para que las preocupaciones de los ocupantes de estas viviendas sean las cotidianas y no el pago el alquiler». Por lo que en la práctica supondrá que el arrendatario podrá estar de por vida en el inmueble. Como requisito económico las personas que accedan a las mismas deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del Iprem, por lo que a día de hoy podrían entrar rentas anuales de entre 16.800 y 63.000 euros. Según Rodríguez, el objetivo es también que «nadie» destine más del 30% de su renta a pagar el alquiler y ha subrayado que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construirla, «sino de lo que la ciudadanía puede pagar». «De esta manera, en un municipio como Madrid, la renta del alquiler a pagar bajarían un 30%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%», ha dicho. La nueva entidad de vivienda nace con ambición de perpetuarse en el tiempo , pero desde el principal partido de la oposición no dan ni mucho menos alguna certeza de si tendrá continuidad ante un eventual cambio de Gobierno. Fuentes del PP han calificado la iniciativa de ser un «acto de maquillaje para ocultar el fracaso de la gestión del Gobierno que está aniquilando los proyectos de vida de miles de españoles». Las discrepancias de los populares son múltiples. Aseguran que se trata de «otro chiringuito ideológico» que costará 16.500 millones a los españoles, que es el dinero que calculan que supone el traspaso de las 40.000 viviendas y 2.400 terrenos que la Sareb pasará al perímetro de Patrimonio del Estado para que la empresa pública las gestione, lo que para el PP significa que «el Gobierno asume la deuda de la Sareb». Para el PP, este traspaso anunciado hace un año significa además que «se ha retrasado la puesta a disposición de los ciudadanos de este valioso parque inmobiliario, perdiendo un tiempo necesario en una situación de máxima urgencia» al privarse de la venta a estos activos en favor de Sepes. El PP también incide en que las viviendas de la nueva entidad saldrán a licitación «con medidas restrictivas que generan problemas de concurrencia que dificultará mucho su gestión» y señalan que con este dinero «se podrían construir hasta más de 100.000 viviendas asequibles para jóvenes». «Los siete años que lleva Sánchez en Moncloa solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%; la okupación ha crecido en un 54,7% y el propio Banco de España calcula un déficit de 700.000 casas en nuestro país», señalan las mismas fuentes populares. Para el PP la solución para la crisis habitacional pasa por «liberar más suelo, reducir la burocracia y las trabas administrativas, favorecer el acceso a los jóvenes con bonificaciones fiscales y avales de las hipotecas y, también, proteger a propietarios e inquilinos con una legislación que ofrezca más seguridad jurídica», medidas que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo dice proponer en su plan integral.
