Publicado: mayo 23, 2025, 10:00 am
El Senado de la República aprobaría en julio el nuevo marco legal aplicable para las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión con actividad en México, esto después de que la Cámara Alta dio por terminado la etapa de conversatorios que abrió un diálogo entre legisladores e industriales de estos dos sectores para definir una legislación moderna que aproveche oportunidades como el nearshoring, pero que responda también a demandas históricas sobre los elevados precios del espectro radioeléctrico.
Las telecomunicaciones y la radiodifusión son dos sectores productivos que aportan anualmente alrededor del 3% del PIB de México, unos 32,600 millones de dólares por año, y dan empleo directo a 301,806 personas, pero sobre todo hacen posible las comunicaciones de cerca de 35 millones de hogares en el país.
El Senado realizó cinco conversatorios para tocar asuntos como política fiscal sobre aprovechamiento de frecuencias; también sobre regulación asimétrica, derechos de audiencias, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y atribuciones reguladoras, entre otros temas.
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La retroalimentación conseguida por los senadores de sus conversaciones con empresarios, académicos, especialistas y público interesado en estas dos industrias, serán consideradas en una nueva etapa sobre modificaciones al todavía proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) que fue diseñado a principios del 2025 por un área de la Presidencia de la República.
La nueva etapa comienza hoy a correr su tiempo y con el lunes 30 de junio como fecha límite para lograr un dictamen que será sometido a valoración y aprobación en comisiones del Senado, para luego ser presentado ante la Mesa Directiva de la Cámara Alta, para que ésta evalúe y convoque a un periodo extraordinario de sesiones, ya en julio próximo.
Los conversatorios fueron “un ejercicio plural, democrático, de gran apertura y de retroalimentación (…) Vamos a hacer una minuta con las principales propuestas y cambios que se perfilen; tenemos que hacer una especie de compendio de propuestas y sugerencias”, dijo el senador morenista Javier Corral, también hace una década uno de los principales promotores de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), pero entonces bajo bandera panista.
Los conversatorios fueron una demanda lograda de la industria, las organizaciones civiles y la academia, que denunciaron que la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es contraria a los compromisos de México con el T-MEC y presentaba también matices de censura, así como demasiada concentración de poder y sin un órgano técnico colegiado en la autoridad reguladora, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Ahí sí va a haber toda una reconfiguración del diseño del órgano”, advirtió Javier Corral con respecto a las atribuciones de la ATDT.
Habrá un cambio estructural allí, declaró Javier Corral: “En materia del órgano regulador, el cambio es prácticamente total”.
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De esta manera, la ATDT incluiría hasta cinco comisionados con perfiles técnicos, para así tratar de emular al pleno de siete comisionados, pero hoy con cuatro en activo, que todavía dirige al IFT, uno de los órganos reguladores más respetados del mundo en telecomunicaciones.
Por ahora, entre los primeros resultados de los conversatorios están la promesa del Senado de que desaparece el polémico artículo 109 de la LMTR, que le estalló al gobierno federal debido a que en su contenido establece que el Estado podrá bloquear plataformas digitales.
Las otras tres grandes promesas están entre aquellas en que por primera ocasión el gobierno reconoce que se pone en riesgo la viabilidad de las empresas por concesionar espectro caro y que por tanto habrá una política pública que priorice la cobertura sobre los precios.
También está la promesa respecto a que el Estado competirá con las mismas condiciones que las empresas privadas cuando se trate de concursos por espectro para servicios comerciales, y una última, que por primera vez las radios públicas, sociales e indígenas podrán comercializar pauta local.
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Pero en lo que el Senado de la República reescribe la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones exhorta al Poder Legislativo a liberar recursos para pagar los sueldos de sus casi 1,300 trabajadores, ya que la Cámara de Diputados le asignó un presupuesto de 500 millones de pesos, suficientes como para pagar la nómina del IFT hasta junio, estimando, quizá, en que la nueva ley de telecomunicaciones se votaría en el primer semestre, si bien ahora ésta conseguiría su aprobación en julio entre los senadores y en agosto en San Lázaro, para ser efectiva más allá de septiembre.
Informes auditados indican que el IFT recaudó 180,917.8 millones de pesos en diez años para la Tesorería de la Federación, recursos que el Estado habría utilizado para obras de infraestructura y programas sociales.
En tanto, el senador Javier Corral insiste en que la nueva ley tendrá apertura para todas las voces y que estará a la altura de las telecomunicaciones mexicanas:
“Viene un tiempo de trabajo, de arrastrar el lápiz; incluso, vamos a continuar platicando con algunos expertos de forma ya más directa (…) Tendremos una mejor ley, un mejor dictamen y, sobre todo, una legislación que esté a la altura de los derechos de los mexicanos”.
