Publicado: octubre 13, 2026, 2:00 am
Nadie puede oponerse a que niñas, niños y adolescentes naveguen en entornos digitales seguros. Así lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar, el viernes pasado, el decreto que impondrá obligaciones a las plataformas digitales, y en ese propósito tiene razón. Precisamente por eso conviene examinar la información que se ha revelado hasta ahora, porque cuando el objetivo es tan importante el gobierno no puede darse el lujo de salir con un diseño deficiente.
El punto de partida de la administración Sheinbaum son los casos de violencia escolar, como el lamentable episodio de Coahuila, en los que, según la propia presidenta, hubo evidencia de comunicación a través de redes entre quienes planearon los hechos. Además, está la convicción de la presidenta de que las plataformas promueven entre los niños y adolescentes contenidos con violencia, y que ello explica en parte los lamentables hechos en los que se han visto involucrados menores de edad como agresores y en los que algunas personas han sido asesinadas.
Lo que presentó la consejera jurídica Luisa María Alcalde pretende atender el problema, prohibiendo a las plataformas exponer o recomendar a menores contenidos de odio, violencia, autolesiones o material sexual, y les ordena clasificar contenidos por edad, ofrecer controles parentales y retirar cuentas violentas. Regula lo que los menores ven, no cómo se comunican quienes planean un ataque.
En la primera pregunta de la prensa en la mañanera del pasado 9 de octubre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, aclaró que los servicios de mensajería cifrada quedan fuera del decreto que se pretende anunciar, porque este se refiere a contenidos de acceso público. Pero es justamente en esos canales, y en los chats de videojuegos que la presidenta también mencionó, donde con mayor probabilidad se fragua la coordinación que motivó el decreto. Lo que sí se incluye en el decreto, la detección y remoción de contenido dañino, es algo que las grandes plataformas ya hacen a escala masiva, como reconocieron la propia consejera y Merino en la misma conferencia.
La aclaración del titular de la ATDT revela además un potencial problema de redacción. La definición de plataforma digital abarca cualquier servicio en Internet que permita la interacción, comunicación o difusión de contenidos entre usuarios. Incluye desde un videojuego en línea hasta la sección de comentarios de un diario, y por supuesto la mensajería. Así que se anticipa un problema de conceptualización.
Tampoco están claros los alcances del decreto. La presidenta dijo primero que no tiene sanciones y que el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria; minutos después, que es obligatorio y que “no es si quieren o no quieren”. La consejera lo resumió como “obligatorio, no punitivo”. Este lunes, la presidenta deseó que de las pláticas con las plataformas “pueda salir algo de acuerdo”. Así que de pronto parece decreto y de pronto un intento de convenio entre gobierno y plataformas.
Hay omisiones de fondo. Nadie explicó cómo se sabrá quién es menor de edad, condición sin la cual toda la arquitectura de prohibiciones es inaplicable. Categorías como “conductas ilícitas” o “discursos de odio” carecen de definición, lo que en la práctica delega en las propias plataformas la determinación de qué está prohibido. Y la consulta con jóvenes anunciada para el martes, un día antes de la publicación en el Diario Oficial, no tiene ningún mecanismo para incorporar lo que se escuche.
Detrás de todo esto parece haber un prejuicio que estorba al buen diseño. El lunes, la presidenta calificó a una de las plataformas como una “empresa monopólica, mundial”. No dijo a cuál se refería, parecería que hablaba de Meta. El problema es que ninguna autoridad, ni mexicana ni de EUA ha emitido una calificación que tenga esos alcances. Con ese tipo de pronunciamientos que delatan una posición claramente adversa hacia las plataformas, se antoja difícil lograr un escenario de cooperación con dichos actores.
La protección de la infancia en el entorno digital merece una política seria: un diagnóstico preciso de cómo ocurre el daño, definiciones claras, una autoridad responsable y obligaciones verificables. La propia presidenta reconoció que una regulación más amplia requeriría foros con académicos y las fuerzas políticas. Ese es el camino correcto, y debió ser también el de este decreto.
