Publicado: diciembre 12, 2025, 7:56 pm
El régimen de Nicolás Maduro decidió mantener la vigencia del estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio venezolano por un lapso adicional de 60 días. La medida quedó oficializada mediante la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.944, fechada el pasado 8 de diciembre, otorgando al líder chavista facultades especiales para legislar en materia financiera y administrativa.
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Esta nueva prórroga dio continuidad al decreto que rige en el país desde abril de este año y que ya fue extendido previamente en agosto y octubre. La decisión se produjo en un contexto de escalada en las tensiones políticas con Estados Unidos, situación marcada por el despliegue militar norteamericano en el Caribe, la reciente incautación de un buque con crudo venezolano y las sanciones aplicadas a seis navieras.
La normativa facultó al chavismo para dictar regulaciones excepcionales orientadas a supuestamente proteger el aparato productivo. Entre las potestades descritas, el régimen podrá suspender la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales. Asimismo, se autorizó la concentración en el Tesoro Nacional de la recaudación de tasas y contribuciones especiales, permitiendo el redireccionamiento de los fondos disponibles.
Para intentar fomentar la economía local, el decreto estableció mecanismos de compra obligatoria de producción nacional como vía para la sustitución de importaciones. El texto legal también contempló la adopción de medidas para estimular tanto la inversión nacional como internacional y promover las exportaciones de rubros no tradicionales para la generación de divisas.
En materia presupuestaria, la norma permitió al chavismo autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén previstas en el Presupuesto Anual. De igual forma, otorgó la potestad de dictar normas para autorizar operaciones de crédito público y endeudamiento sin sometimiento a otro Poder Público, eludiendo los límites de la Ley Especial de Endeudamiento.
El documento incluyó una disposición relevante en su artículo 3, donde estableció que «se suspende por el periodo que dure la emergencia económica la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria». Esto eliminó temporalmente las restricciones legales habituales para la toma de decisiones en estos ámbitos.
Finalmente, el decreto dejó abierta la posibilidad de que Maduro dicte otras medidas de orden social o político que considere convenientes «frente a la situación mundial».
