Publicado: mayo 3, 2026, 10:00 am
Académicos y especialistas en materia electoral y judicial consideraron necesario posponer la elección para 2028 y corregir las deficiencias del modelo actual, principalmente su concurrencia con la elección de gobernadores, presidentes municipales y legisladores y su falta de mecanismos técnicos para seleccionar candidatos.
Para el gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, Juan Carlos Campos González, si bien no es una buena idea elegir a las personas juzgadoras mediante voto popular, debe considerarse que eso ya es una realidad prevista en la Constitución y en el marco legal del país.
Una vez superada esa discusión —continuó—, lo que debe hacerse es establecer garantías para candidatos íntegros y cuenten con capacidad técnica probada; que haya equidad en la contienda y que las autoridades electorales actúen con neutralidad.
Al respecto, la diputada federal Mariana Benitez Tiburcio destacó que no se trata de sustituir la reforma judicial de 2024 o cambiar su esencia, sino de asegurar que funcione mejor.
Dijo que lo que se busca es que el proceso para la elección de jueces dé certeza, eleve el estándar y calidad de las personas juzgadoras y, con ello, otorgue más legitimidad a jueces, magistrados y ministros y al sistema judicial.
Reconocen “áreas de oportunidad”
El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Sánchez Gutiérrez, consideró que la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 22 de abril por los diputados morenistas Alfonso Ramírez Cuellar, Mariana Benitez Tiburcio y Olga Sánchez Cordero, así como por los senadores también morenistas Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría, constituye un reconocimiento de Morena y del gobierno federal de que el actual marco legal que rige la elección de jueces presenta deficiencias y debe corregirse.
A esa lectura se sumó el también exconsejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, quien expuso que hay muchos aspectos que deben modificarse, sobre todo porque se trató de una reforma apresurada con reglas inaceptables e inaplicables.
En entrevista mencionó que lo importante es que se tome con seriedad esta reforma y que no solamente se trate de desvincular las fechas de las elecciones judiciales con el resto de las elecciones.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados, la implementación del nuevo modelo para designar personas juzgadoras “evidenció áreas de oportunidad”.
Concretamente que la concurrencia de elecciones con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales y que los requisitos vigentes para acceder a los cargos jurisdiccionales como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación resultan insuficientes para evaluar competencias técnicas necesarias para ser juez y no garantizan que quienes resulten candidatos cuenten con las competencias y habilidades sustantivas como razonamiento jurídico, interpretación normativa, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, capacidad de gestión judicial y compromiso social.
La iniciativa retoma preocupaciones de organizaciones civiles, sobre todo la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación utilizados por los comités correspondientes particularmente los que definen la idoneidad de los aspirantes.
Proponen eliminar concurrencia y reforzar selección de candidatos
La iniciativa de reforma de los legisladores morenistas se fija como meta:
Evitar la concurrencia de elecciones de personas juzgadoras con la de autoridades de gobiernos y legisladores.
Fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional.
Aprovechar la Escuela Nacional de Formación Judicial para certificar a los aspirantes.
Establecer criterios objetivos y homogéneos de evaluación.
Despolitizar la elección judicial.
Armonizar el modelo federal con los locales.
Dotar a la Suprema Corte de mecanismos para gestionar cargas de trabajo y ausencia de jueces, magistrados y ministros.
Arturo Sánchez plantea iniciar con el aplazamiento de la elección
La iniciativa fue presentada a una semana de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, todo parece indicar que no concitó el entusiasmo de los legisladores.
Ante esa situación, el exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, planteó que podría llamarse a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso únicamente para aprobar que la elección de personas juzgadoras no se haga en 2027, sino en 2028 y así ganar tiempo para discutir y en su caso aprobar los demás cambios que contempla la propia iniciativa.
Desde su perspectiva, lo primero que debería establecerse es que la elección de jueces no debe coincidir con ninguna otra elección y para eso todo parece indicar que sí hay consenso.
En 2025 el INE se vio saturado, señalan
La directora de México Evalúa, Mariana Campos, aseguró que las elecciones concurrentes de 2025 saturaron las capacidades del INE; además, el diseño del proceso dificultó el voto informado y expuso las candidaturas judiciales a prácticas partidistas.
A su juicio aplazar la elección para 2028 permitiría dar tiempo de pensar cómo resolver el aspecto logístico y dotar al INE de un marco normativo que le permita tener una mejor coordinación.
Además, se contaría con tiempo para diseñar procedimientos institucionales que permitan escoger candidatos con todas las capacidades para ser jueces.
Se trata de dos elecciones con logísticas distintas
Por su parte, la consejera del INE, Rita López Vences, mostró que, tal como está programado hasta hoy, en 2027 se elegirán integrantes de la Cámara de Diputados federal, 17 gobernadores, la mayoría de los congresos estatales y más de 1,000 ayuntamientos.
Además, se elegirán 386 jueces de circuito; 463 magistrados de circuito, y cinco magistraturas de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los jueces y magistrados de 17 entidades federativas.
Además de la enorme carga de trabajo que eso representa, lo relevante es que se trata de dos modelos de elección distintos, que por sí mismos implican diferentes logísticas, añadió.
En ese sentido, el exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez explicó que, contrario a lo que se ha argumentado en el sentido de que al realizar las elecciones concurrentes se disminuyen costos, en realidad se duplican las elecciones concurrentes.
Simplemente recordó que será necesario instalar casillas para elegir jueces en donde no debe haber representantes de partidos políticos y otras casillas para elegir autoridades de gobierno y legisladores donde sí debe haber representantes de partidos.
También comentó que se tendría que contratar y capacitar a un grupo de personas para la elección de jueces y otro para la elección ordinaria.
Mencionó que el proceso de cómputo de la elección judicial tiene un marco muy diferente al del cómputo de las elecciones de funcionarios de gobierno y legisladores y los consejos distritales van a hacer el cómputo de las dos elecciones.
En 2024, la elección presidencial tuvo un costo de más de 8,000 millones de pesos; la del poder Judicial de 2025, alrededor de 6,000 millones de pesos.
Las proyecciones que se han hecho indican que para las elecciones concurrentes de 2027 se necesitarían 15,000 millones de pesos.
Plantean certificación previa para aspirantes
La senadora Susana Harp Iturribarría opinó que es necesario fortalecer los mecanismos de selección de las personas juzgadoras para que los nombres que lleguen a las boletas electorales sean solamente los de las personas mejor preparadas y calificadas.
Dijo que por esa razón la iniciativa propone que los aspirantes tengan certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) y que sean evaluados por un comité único y especializado.
Según la legisladora, estas modificaciones aportarían elementos de mayor objetividad e imparcialidad que un promedio mínimo en una licenciatura o cartas de recomendación.
En la iniciativa que presentamos se pretenden evaluar conocimientos reales como derechos constitucionales, derechos humanos, razonamiento jurídico, perspectiva de género, interpretación de normas y habilidades indispensables para dictar resoluciones, sin dejar de lado la experiencia y trayectoria profesional, pues impartir justicia requiere de experiencia y de una gran especialización, relató.
Piden blindar comités de evaluación contra vínculos partidistas
Marco Baños consideró que deberían participar instituciones académicas con experiencia en la enseñanza de ese tipo de materias.
Subrayó que es muy importante la forma de designar los comités de evaluación de aspirantes a candidatos.
Concretamente deben tomarse medidas para evitar vínculos partidistas al partido en el gobierno o sus aliados o cercanas al gobierno, como ocurrió en las elecciones de 2025 tanto en el ámbito federal como local.
Pueden participar personas de organizaciones ciudadanas o académicas que impartan la materia de derecho. Lo importante es que los comités pudieran integrarse con gente desvinculada de los gobiernos, cualquiera que sea el color de ese gobierno y también de todos los partidos políticos, abundó.
A su vez la directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, Julia María del Carmen García González manifestó que hay que preguntarse si la ENFJ tendrá recursos y capacidad para la certificación de todos los candidatos.
Además, destacó que debe tomarse en cuenta si van a contar con el tiempo necesario para ello, las salvaguardas y los estándares adecuados para cumplir esa encomienda.
En el mismo sentido, el consultor del Laboratorio Electoral, Víctor Díaz de León dijo que es necesario dotar a la ENFJ de capacidad para diseñar los instrumentos de evaluación y para procesar todas las certificaciones que deberá expedir.
