Publicado: octubre 10, 2025, 4:00 am
La iniciativa por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales podría generar un incremento en la burocracia, fomentar la informalidad en el manejo del recurso hídrico y debe de acompañarse de recursos para su pleno funcionamiento, consideraron especialistas en temas hídricos consultados por El Economista.
José Antonio Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte, destacó que el reconocimiento del agua como bien estratégico y derecho humano es un avance, pero insistió en que la mayoría de los 28,000 comités comunitarios de agua en zonas rurales e indígenas carecen de reconocimiento jurídico y recursos económicos.
“Decir que se les va a reconocer el derecho a gestionar el agua está bien, pero ¿cómo van a pagar las concesiones o mantener la infraestructura si no tienen dinero ni respaldo legal? Se necesitaría un estudio mucho más profundo para atender su realidad”, dijo.
Además, criticó que el nuevo proyecto no aborda de forma clara la sustentabilidad ambiental ni los llamados caudales ecológicos, necesarios para mantener los flujos naturales de los ríos.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la propuesta de prohibir el traspaso o venta de concesiones y obligar a los usuarios a devolver al Estado las que no utilicen, para su posterior reasignación, tiene un problema que puede afectar a pequeños usuarios.
Puso como ejemplo el caso de un productor agrícola que vende su rancho: bajo el nuevo esquema, dijo, ya no podría transferir la concesión junto con la propiedad, sino que tendría que devolverla a Conagua, que posteriormente decidiría si la reasigna o no al nuevo propietario.
“Esto eleva los costos y fomenta la informalidad en un sector donde ya existen malas prácticas. En lugar de corregir el problema de fondo —la falta de inspección y supervisión— se están creando nuevos incentivos para operar fuera de la ley”, advirtió.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, advirtió que, pese a la incorporación de un capítulo de delitos hídricos, que endurece las sanciones penales y administrativas por el robo o extracción ilegal de agua, las sanciones por sí solas no bastan. Es necesario acompañarlas con inteligencia operativa y más supervisión, lo que requiere presupuesto y personal especializado.
“El esquema de inspección fue prácticamente desmantelado con la austeridad republicana. Hoy hay muy pocos inspectores para revisar pozos o detectar extracciones ilegales. Si no se fortalece esa parte, no habrá manera de prevenir los delitos”, alertó.
