Publicado: junio 27, 2025, 1:00 am
La reforma a la Ley Antilavado, que el miércoles fue avalada por el Senado de la República, avanzó en una coyuntura donde se le recortó el gasto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un año donde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará su revisión al país, mientras que Estados Unidos ya ha empezado a señalar a instituciones financieras mexicanas relacionadas con el blanqueo de activos.
Al igual que otros rubros del gasto público, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, vio este año su gasto afectado por el intento del gobierno de Claudia Sheinbaum de lograr una consolidación fiscal.
De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para este año se autorizó un presupuesto de 163 millones de pesos para la UIF, lo que representa una caída de 19.7% en comparación con el año pasado.
“El recorte al gasto de la UIF no es personal, es algo que se hizo parejo para muchas dependencias. Este recorte no afectaría, por el momento, la revisión del GAFI, ya que este organismo revisará lo que está hecho y los pendientes que se quedaron en la última revisión. Ya con la revisión –que se dará a conocer hasta el siguiente año– el gobierno decidirá si aumenta o no el presupuesto”, señaló Silvia Matus, socia en PLD de BHR México.
La disminución del gasto del GAFI se da en un año donde se buscan aprobar modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Lo aprobado por el Senado amplía la lista de actividades vulnerables y el concepto de beneficiario controlador, además de reforzar la cooperación entre Hacienda y la Guardia Nacional, entre otras modificaciones que ahora tendrán que ser aprobadas por la Cámara de Diputados.
Atender pendientes
La reforma a la Ley Antilavado tiene el objetivo, de acuerdo con la iniciativa presentada por el senador morenista Javier Corral, atender las recomendaciones del GAFI en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Genaro Eliseo Gómez, integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recordó que se tienen que cumplir las recomendaciones que queden pendientes del Grupo de Acción Financiera para evitar la llamada “lista gris” del GAFI, donde integra a las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por su parte, Dharanee Vázquez, consultora en PLD/FT, indicó que la reforma a la Ley Antilavado ha sido algo que se ha esperado por mucho tiempo, pero se necesita observar un “verdadero cambio y ejecución de fondo” dado que, desde su entrada en vigor en el 2013, no se ha podido observar de manera concreta una curva de madurez y de implementación.
“Recordemos que el objetivo principal de lo que busca el GAFI es que tanto los países como los sujetos obligados tengan estas medidas de control para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero para lograrlo tiene que ser de fondo, o sea, las empresas y los sujetos obligados realmente deben de contar con las herramientas y estar en ese cumplimiento. Creo que aquí lo complejo es que se puedan publicar muchísimas reformas, se pueden hacer muchos ajustes, pero sí o sí debe haber una fase real de implementación de esta ley”, señaló.
