Publicado: abril 3, 2025, 2:00 am
Cuando hablamos de bienes públicos y privados generalmente nos referimos a su propiedad. Los bienes del Estado son públicos y los de los particulares son privados. Sin embargo, la teoría económica usa otros conceptos para definir qué es un bien público y qué es un bien privado.
Algunos autores separan a los bienes en tres tipos: públicos puros, públicos impuros y privados. Dependiendo de su grado de rivalidad en el consumo y de qué tan posible es excluir a las personas de su consumo.
La rivalidad se refiere a que el bien se desgasta cuando se consume. Por ejemplo, si yo como un helado, nadie más lo comerá. Incluso si lo comparto con alguien, no es posible que un bocado de helado sea consumido por dos personas a la vez.
La exclusión en el consumo se refiere a qué tan fácil es que, quien provea el bien, pueda excluir a quien quiera, por ejemplo, cobrándole a quien lo consume y no dando el servicio a quien no paga.
Cuando el bien es no rival y no hay exclusión, estamos ante un “bien público puro”. Un ejemplo es el alumbrado público: es difícil excluir de ese servicio a quien no paga. Si yo no pago mis impuestos y mi vecino sí, de todos modos, ambos estamos debajo de la lámpara pública. En contraposición, un bien privado puro es aquel en el que hay rivalidad y facilidad de exclusión: por ejemplo, el helado.
Un bien público impuro es aquel que en el que sí hay rivalidad, pero es difícil la exclusión, o viceversa, no hay rivalidad, pero sí posibilidad de exclusión. Bienes públicos impuros son, por ejemplo, las telecomunicaciones: si alguien usa su teléfono no me impide a mí usarlo (no rival), pero la empresa puede fácilmente excluirme de usarlo si no pago. Por el contrario, en las banquetas sí hay rivalidad por el consumo, sobre todo si están saturadas (que alguien más camine por una banqueta saturada me quita espacio a mí), pero no es fácil excluir a las personas de su uso.
Lo anterior es importante porque determina las bases de en qué bienes se justifica económicamente la provisión del Estado, y por tanto su intervención en el mercado.
La Defensa Nacional es un bien público, protege aún a aquel al que no paga impuestos y es difícil excluir a una persona del servicio. Lo mismo cuesta proteger a cien millones de habitantes que a cien millones más uno.
La justicia, la educación y la salud no son bienes públicos puros: falta la posibilidad de exclusión o la rivalidad en el consumo. Por ejemplo, en general no se debería cobrar por la impartición de justicia y no todas las materias del derecho aceptan que se pague por un árbitro. En las escuelas hay poca rivalidad, a menos que estén completamente saturadas. La provisión de salud es más polémica, se puede excluir, pero muchos piensan que, aunque se pueda, no se debería. Por eso generalmente en la provisión de estos tres bienes se involucran tanto empresas públicas como empresas privadas.
Los hidrocarburos y el sistema de transmisión eléctrica son bienes rivales y con posibilidades de exclusión en el consumo, por eso en muchos países los proveen empresas privadas. Sin embargo, en otros los proveen empresas públicas, que han entrado a este mercado argumentando razones no económicas sino principalmente de seguridad y soberanía. Recordemos que el petróleo se expropió en 1938 por problemáticas con los antiguos dueños extranjeros y que la industria eléctrica se nacionalizó en 1960, bajo el argumento de recuperar la soberanía energética.
Si bien las empresas públicas tienen muchas razones de ser, la teoría económica nos ayuda a entender el grado de justificación que tiene su creación. En el grado que se encuentre su justificación, muy probablemente se encontrará también su rentabilidad.
