Publicado: julio 26, 2025, 1:00 am
La ONG Provea alzó su voz el jueves 24 de julio a través de su cuenta oficial en la red social X, exigiendo la libertad inmediata de cuatro adolescentes venezolanos detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro, quienes han sido acusados sin pruebas y permanecen aislados, sin juicio ni garantías procesales.
Por: lapatilla.com
Según la organización defensora de derechos humanos, los jóvenes Gabriel Rodríguez (16), Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17) son víctimas de detenciones políticas, sin flagrancia ni orden judicial, en abierta violación de la Constitución, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Gabriel Rodríguez (16) fue arrestado el 9 de enero de 2025 en Cabudare, estado Lara, cuando salía de su trabajo vacacional en una panadería.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo detuvieron por su vestimenta —suéter y bermuda negros— acusándolo sin pruebas de “tener pinta de guarimbero” y de supuestamente planear comprar gasolina para protestar. No hubo orden judicial.
Ángel González (17) fue arrestado en La Guaira durante las protestas postelectorales de agosto de 2024. Se encuentra incomunicado, sin juicio ni defensa. Denunció presiones para declararse culpable.
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Abraham Rivero (16) también fue detenido en La Guaira el 29 de julio de 2024 durante protestas. No hubo flagrancia ni orden judicial. Su proceso ha estado plagado de irregularidades, con más de 14 audiencias sin garantías y versiones contradictorias de los funcionarios.
Lusneidel Zuñica (17) fue detenido junto a Abraham ese mismo día. Fue presentado días después ante los tribunales sin abogado y sin pruebas. Su familia denuncia incomunicación y tratos crueles.
Provea subrayó que estos casos evidencian una sistemática criminalización de la protesta y persecución política incluso contra menores de edad. La ONG recuerda que: El Artículo 37 de la LOPNNA prohíbe expresamente el aislamiento, la incomunicación y la tortura, y establece que la privación de libertad solo debe aplicarse como última medida y por el menor tiempo posible. El Artículo 44 de la Constitución venezolana garantiza que ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial o en flagrancia, y tiene derecho a comunicarse con su familia y abogado desde el primer momento de la detención. El Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela, prohíbe la detención arbitraria de menores y exige que cualquier medida privativa de libertad sea legal, excepcional y temporal.
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Provea concluyó su mensaje exigiendo la liberación de los cuatro adolescentes, e hizo un llamado directo al Ministerio Público (MP), al fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, a la Defensoría del Pueblo, y al defensor del pueblo Alfredo Ruiz, con la etiqueta #NoLosBorren #LiberenALosNiños.
“El Estado venezolano mantiene a estos 4 niños tras las rejas por motivos políticos, sin garantías y acusados sin pruebas”, denunció la organización.
