Publicado: mayo 14, 2025, 4:00 pm
Luego de más de 96 horas sin respuesta oficial, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, reconoció este martes 13 de mayo que Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Provea, está detenido bajo custodia del Estado.
Por lapatilla.com
El anuncio fue hecho a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, sin mayores detalles sobre la detención.
Pese al reconocimiento público, la organización denunció que el fiscal no informó sobre la fecha, hora, ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Torres. Tampoco ofreció detalles sobre una orden de aprehensión, la Fiscalía a cargo, ni el lugar en el que se encuentra recluido el activista.
Provea recordó que la última vez que Torres tuvo contacto con su familia fue el viernes 9 de mayo a las 4:00 p.m, cuando les notificó que se dirigía a su residencia. Desde entonces, su esposa, Emiselys Núñez junto al equipo de la ONG, visitó múltiples centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN, PNB), recibiendo la misma respuesta: negación de que se encontrara en esos lugares.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, junto con medios de comunicación, denunciaron la desaparición forzada del abogado, exigiendo respuestas al Estado venezolano. Ante esto, surgen graves interrogantes: si el Ministerio Público ya conocía sobre su detención, ¿por qué no se notificó a su familia o abogados?
La organización no gubernamental alertó que aunque el fiscal aseguró que Torres fue presentado “conforme a los lapsos procesales”, ni sus familiares ni sus representantes legales han tenido acceso a él, por lo que la situación continúa siendo calificada como «desaparición forzada», en violación a los artículos 44 y 45 de la Constitución venezolana.
El pasado domingo 11 de mayo, la familia de Torres esperó por más de siete horas su supuesta presentación en tribunales. Esta nunca ocurrió. Tampoco fue aceptado un recurso de hábeas corpus por parte del tribunal, bajo el alegato de que se requería una “autorización superior”.
Desde Provea, se advirtió que la situación representa un grave riesgo para la integridad física y mental de Eduardo Torres, y se denuncia un patrón sistemático de criminalización contra quienes promueven y defienden los derechos humanos en Venezuela.
