Publicado: agosto 28, 2025, 1:00 am
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este lunes el despliegue de 15.000 soldados y policías para “resguardar la frontera” con Colombia, en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos por el envío de buques y personal de la Armada de ese país a aguas cercanas a la costa venezolana.
Cabello dijo que la medida forma parte de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, una estrategia militar que busca reforzar la seguridad territorial en el occidente del país ante lo que el gobierno venezolano califica como “amenazas externas”.
“El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la, de la Operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número uno. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de quince mil hombres y mujeres”, dijo Cabello.
Ante estos anuncios expresamos que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía nacional, en el pasado operativos de este tipo como el llamado “Escudo Bolivariano” o el propio “Relámpago del Catatumbo”, por citar dos casos, han demostrado su ineficacia y lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares en nuestro país, han elevado los abusos contra los pobladores fronterizos.
Una práctica arraigada en la dinámica estatal es la imposición de la seguridad territorial hegemónica, caracterizada por el privilegio del elemento militar-policial (la “mano dura”) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional, es decir, la presencia de un Estado que provea calidad de vida y garantice derechos.
Esto es particularmente relevante en zonas pobres y desasistidas, como las poblaciones fronterizas.
La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo, ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.
El proyecto político bolivariano reforzó, como nunca antes, los cimientos de esa visión antidemocrática de la seguridad.
La construcción de una nueva “geometría del poder”, como prometió Hugo Chávez, se tradujo en la sofisticación de los mecanismos de vigilancia y control de territorios.
Pero, aunque parezca contradictorio, esa hegemonía securitaria es compartida con un vasto universo de actores criminales que operan economías delictivas en el territorio nacional, y que contribuyen a consolidar la tecnología bolivariana del control poblacional.
Lo ocurrido en 2015 arroja luces sobre esta afirmación.
Ese año el Ejecutivo venezolano promulgó ocho estados de excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos.
Entonces, los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la “presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos contra nuestra moneda y contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo”.
Esa afirmación dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de “bachaqueros”, “contrabandistas” y “traidores a la patria”.
En Zulia, se reforzó la presencia militar en La Guajira, aumentando con ello los abusos contra indígenas Wayuü y Añu.
Organizaciones indígenas de la región denunciaron los abusos cometidos por funcionarios militares adscritos a la Brigada 13 de Infantería Motorizada del Ejército, quienes habrían cometido actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra pobladores de Paraguaipoa, en su mayoría indígenas Wayúu.
De acuerdo a las denuncias, en la sede de la Brigada 13 se habrían cometido y ordenado decenas de atropellos contra los habitantes de Paraguaipoa y sus comunidades vecinas.
Los militares de la Brigada 13 han sido acusados por la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, centenares de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia,.
Los abusos, que se hicieron frecuentes tras la instalación del Distrito Militar N° 1 en 2010, se incrementaron en medio de la vigencia del Decreto de Estado de Excepción y la ejecución de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015.
En Táchira, las medidas de excepción aprobadas por Maduro, dieron sustento a las OLP que produjeron –entre otros abusos- el desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia militar-policial en Venezuela.
Ninguno de los ocho decretos de Estado de Excepción, aprobados en 2015, mencionó la presencia de guerrilleros de Colombia en nuestro país, pese a que estas agrupaciones operan economías ilícitas en territorio nacional.
Advertimos que esta nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos. Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos «ejemplarizantes» para toda la población, generando con ello la re-victimización de cientos de familias.
Con información de Provea
