Publicado: noviembre 4, 2024, 11:00 pm
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Un ejemplo de cómo la Secretaría de Hacienda puede tratar de salvar la tarde a los arranques populistas del régimen se dio con el premio M&A Loan Deal of the Year otorgado en los Global Banking & Markets: Latin America Awards 2024.
Fue un reconocimiento por la manera como lograron ejecutar la operación de financiamiento para la adquisición de las 12 centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado y un parque eólico, que el gobierno de López Obrador compró de la empresa española Iberdrola.
En términos de políticas públicas fue una barbaridad que el gobierno mexicano gastara 6,200 millones de dólares en comprar dos docenas de plantas eléctricas contaminantes, dedicadas exclusivamente al mercado mexicano, le quitara todo riesgo de operación a la empresa española, le limpiara la cara en términos de sus metas europeas de eliminar combustibles fósiles y todo por un capricho estatista de aquel mal Presidente.
Sin embargo, lo que reconoce este galardón que está por recibir la Secretaría de Hacienda es la manera creativa y viable de financiar ese arranque autoritario del gobierno pasado.
Más vale que las autoridades fiscales vayan preparando la estrategia que les haga obtener otro premio, o al menos salvar a las finanzas públicas, con la ocurrencia en marcha del régimen de elegir jueces, magistrados y ministros.
El proyecto aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral contempla un costo de ese invento autoritario de la elección de juzgadores de 13,205 millones 143,620 pesos, para una elección contemplada para junio próximo.
Esto que es una barbaridad por donde se le quiera ver tiene ese otro riesgo, el presupuestal, en un año, el 2025, en que la Secretaría de Hacienda tiene que presentar un plan de corrección fiscal que pueda ser creíble para los mercados y la economía mexicana no reciba un castigo del tamaño de una degradación crediticia.
Además de ser una cantidad suficiente para, por ejemplo, no desaparecer los organismos autónomos, o mejorar el mantenimiento de los planteles escolares del país, o dar una mejor atención médica en miles de hospitales públicos, son recursos que difícilmente estarán disponibles si se pretende bajar el déficit presupuestal.
Si todo este proceso que hemos visto en México desde la operación electoral, la conformación de una mayoría calificada artificial, hasta la aprobación de la reforma al Poder Judicial tuviera un beneficio para el país, tal monto sería una inversión.
Pero está muy lejos de serlo. Todo parte de una venganza personal del expresidente López Obrador y ese pulso autoritario tan vivo en el régimen.
La elección de jueces, ministros y magistrados, como está planteada, será un fracaso en las urnas, por su complejidad y su predecible desenlace de simplemente justificar el hacerse del control de ese poder de la Unión.
Y en términos presupuestales debe ser de enorme incomodidad para el secretario Rogelio Ramírez de la O, quien tiene comprometido su nombre en la tarea de corregir las cuentas nacionales sin echar mano de una reforma fiscal.
Si las cuentas no cuadran para el 2025, no se corrigen los desequilibrios fiscales y aumenta la deuda pública, no habrá premio, sino castigo de los mercados.
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