Publicado: agosto 18, 2025, 4:00 am
Sin lugar a dudas, es una buena noticia la reducción observada tanto en la pobreza moderada como en la pobreza extrema, tal como lo informó el INEGI. Respecto de la primera, esta pasó de abarcar al 41.9% de la población en 2018 al 29.6% en 2024, mientras la segunda pasó de 7% en 2018 a 5.3% en 2024. A pesar de esta reducción, el número de mexicanos que se encontraban el año pasado en una situación de pobreza moderada ascendió a 38.5 millones de individuos y aquellos en pobreza extrema ascendieron a siete millones de personas. Destaca también como un avance el que, mientras en 2018 el 23.5% de la población era no pobre y no vulnerable tanto por su nivel de ingreso como por no tener carencias sociales, para 2024 este porcentaje llegó a 32.2%, lo que significó 42.3 millones de individuos.
Estos resultados se opacan parcialmente por el aumento en el porcentaje de la población que carece de acceso a la seguridad social y el hecho de que 29.6% de la población se encontraba en una situación de pobreza multidimensional. Destaca también, como un elemento cualitativo, la menor calidad tanto de la educación pública como de los servicios de salud provistos en instituciones públicas, como resultado, en parte, del estancamiento en el presupuesto asignado a estas dos áreas, recursos que se canalizaron para financiar obras públicas con rentabilidad social negativa y a Pemex.
La reducción en el porcentaje de la población que experimenta pobreza por ingresos y que pasó de 49.9% en 2018 a 35.4% en 2024 se debe principalmente a dos factores. El primero es el incremento en el ingreso laboral como resultado, básicamente, de una agresiva política de incrementos salariales, la cual no podrá seguir repitiéndose en el futuro sin que venga acompañada de aumentos significativos en la productividad factorial total.
El segundo es el incremento en las transferencias a las familias, las cuales fueron de dos tipos. La primera fueron las remesas enviadas a sus familiares en México por parte de migrantes que laboraban en el exterior, principalmente en Estados Unidos. El monto acumulado de remesas en el período 2019-2024 fue de 318.3 mil millones de dólares. Sin embargo, hacia el futuro el monto que se reciba de estas dependerá principalmente de dos factores: el crecimiento que experimente la economía estadounidense y la política migratoria xenofóbica implementada por el presidente Trump. Para el período enero-junio de 2025 ya se observó una caída de 10% en el monto de remesas recibidas respecto del mismo período del año anterior; si se endurece la política de expulsión de migrantes ilegales, estas se seguirán contrayendo.
El segundo tipo de transferencias son las gubernamentales a través de los diferentes programas sociales (pensiones contributivas y no contributivas, mujeres de entre 60 y 64 años, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas escolares, transferencias a indígenas y afromexicanos, etcétera), mismas que se incrementaron significativamente en el bienio 2023-2024 con el propósito de comprar votos con vistas a las elecciones federales de 2024. Sin duda, estas transferencias contribuyeron a reducir la pobreza por ingresos, pero el costo fue recortar el gasto en educación y, sobre todo, en salud, y de ahí que 44.5 millones de individuos no tengan acceso a los servicios de salud y los que sí lo tuvieron se enfrentaran a una menor calidad del servicio.
Hacia adelante, el financiamiento de estos programas implicará incurrir en un costo de oportunidad cada vez mayor, más aún porque varios de ellos se incluyeron en la Constitución como “derechos”, algunos de ellos indexados a la inflación y sujetos a incrementos discrecionales. Si los ingresos del gobierno crecen a una tasa menor que el monto asignado a estos programas, particularmente las pensiones para adultos mayores, para financiarlos se seguirán sacrificando rubros como educación, salud e inversión pública, lo que afectará negativamente el potencial de crecimiento y de desarrollo económico.
Aunque las transferencias ayudan a paliar la pobreza que se deriva de tener ingresos propios por debajo de la línea de pobreza, realmente no son la solución estructural de este problema. Para reducir la pobreza de manera permanente es indispensable que la economía crezca a tasas relativamente elevadas y de forma sostenida, tal que ello se traduzca en mayores empleos con salarios reales crecientes derivados de una mayor productividad. Y, al respecto, las perspectivas no son halagüeñas, empezando por que en este año la economía crecerá, en el mejor de los casos, un 0.5 por ciento.
El principal problema es que, aunque en el discurso gubernamental se menciona al crecimiento como uno de los objetivos de política pública, en los hechos el propio gobierno no está proveyendo a los agentes económicos de un arreglo institucional (organizaciones, leyes y reglamentos) que genere los incentivos alineados con el objetivo de impulsar la inversión privada y el avance tecnológico que permita aumentar la productividad factorial total, las principales fuentes de crecimiento económico. Parecería que el gobierno prefiere mantener una clientela electoral leal a Morena y atada a las transferencias que generar efectivamente las condiciones para un mayor progreso económico; prefiere perpetuar la pobreza.
