Publicado: julio 3, 2025, 10:30 pm
Basta que el Ministerio de Agricultura tome la decisión y a partir de octubre, que es cuando arranca la campaña de recolección de la aceituna , miles de agricultores en España podrían enfrentarse a la obligación de retener una parte de su producción de aceite de oliva y guardarla para el año siguiente o venderla a la industria no alimentaria. Será el departamento que dirige Luis Planas el que tomará la decisión de a qué categorías de oro líquido o regiones afecta la medida, y las comunidades autónomas las que asegurarán el cumplimiento de la misma, con multas para los incumplidores. Este esquema, que constituye el primer mecanismo de intervención del sector que se recuerda, es el que el Gobierno se prepara para poner en marcha si, como prevén las estimaciones, durante la próxima campaña la producción alcanza unas cifras que sitúen a miles de olivareros ante la tesitura de vender a pérdidas. El Ejecutivo se arrogó por decreto esta capacidad en el año 2021, amparándose en el principio constitucional que otorga al Estado la exclusividad en la planificación económica, aunque hasta ahora no se había visto en la necesidad de usarla. No había ningún motivo. Entre 2022 y 2024 el sector enfrentó una crisis de producción que llevó el litro del aceite de oliva virgen extra por encima de los diez euros en los supermercados. Sin embargo, a tres meses de que empiece la próxima cosecha, la situación es bien distinta. Con un saldo de 1,4 millones de toneladas de aceite producidas, un 40% más que el año anterior, la campaña 2024/2025 marcó el inicio de la recuperación. Es cierto que el dato es apenas un 17% superior a la media de la última década, pero concurren otras circunstancias que insinúan que habrá sobreproducción este otoño. Por ejemplo, las buenas condiciones climatológicas de los últimos meses, o que la demanda mundial está estancada en torno a los tres millones de toneladas anuales; y los expertos consultados por ABC avisan de que no va a aumentar en un futuro cercano. Hace ya meses que los productores vienen quejándose de los precios, que son en torno a un 50% inferiores a los de 2024 . De hecho, los sindicatos agrarios han sido los más activos en solicitar la activación del dispositivo previsto en la Real Decreto 84/2021. Pues bien, el pasado 18 de junio el ministerio escuchó esa solicitud e inició el proceso de consulta pública previo a la aprobación de la orden ministerial que permitirá al Gobierno intervenir el mercado. Consultadas las comunidades autónomas y las demás partes interesadas, antes del próximo 31 de octubre Agricultura debe tomar una decisión. Como explica a ABC Manuel Parra , que es investigador de mercados oleícolas, el acierto en la decisión que tome Planas dependerá del uso de datos «científicos» para hacer predicciones de precios y costes a futuro. Este experto las hizo, junto a un equipo de la Universidad de Jaén, y concluyó que en España hay 650.000 hectáreas de olivar (sobre un total de 2,7 millones) ‘vulnerable’; es decir, insostenible por debajo de los 3,2 euros el kilo en origen. Pues bien, según datos del POOLred, entre el 23 y el 29 de junio la media estuvo en los 3,50 euros.
