Publicado: enero 13, 2025, 3:00 am
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Desde 1983 quedó establecido en el artículo 25 de la Constitución que le “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”. También se establece que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”. Para tal efecto, en el artículo 26 se señala que “el Estado organizará un sistema de planificación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanecía y equidad al crecimiento de la economía…”
Tal como atinadamente señaló Friedrich Hayek, un sistema de planificación centralizada de la actividad económica es ineficiente porque el planificador no tiene y no puede tener toda la información correspondiente a la disponibilidad de recursos, el costo de oportunidad y los precios relativos y menos aún sabe cuales son las preferencias subjetivas de la población respecto del consumo, ahorro y asignación del tiempo entre ocio y trabajo. Países que han seguido esta línea de planificación centralizada, como han sido todos los comunistas, han sido un notorio fracaso económico.
Lo anterior viene a ser relevante porque el día de hoy la presidente Sheinbaum presentará el “Plan México. Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida”, el cual es un nuevo ejemplo de planificación que establece un conjunto de metas que no pasan de ser más que buenos deseos. Las seis misiones del plan son: a) elevar contenido nacional y regional en sectores estratégicos; b) crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura especializada e innovación; c) incrementar el valor agregado en proveeduria local y cadenas globales; d) desarrollo de vocaciones regionales en los polos de bienestar y corredores industriales; e) definir prioridades nacionales de inversiones locales y extranjeras que correspondan a las necesidades de competitividad y bienestar del país; y, f) impulso a la integración regional del continente.
Se establecen 11 metas puntuales, entre las que destacan estar entre las 10 economías más grandes del mundo, captar 100,000 millones anuales de inversión extranjera directa, crear un millón y medio de empleos adicionales en manufactura especializada, alcanzar más de 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor, educar a 150,000 técnicos anuales para sectores “estratégicos” y que 30% de las PyMES tengan acceso a financiamiento.
Para lograr estas metas, se plantea tomar 12 acciones inmediatas entre las que destacan la publicación de un “decreto nearshoring” que establece la depreciación acelerada de entre 56 y 89% de las inversiones nacionales y extranjeras en activos fijos nuevos, establecer los “polos de bienestar”, crear un fondo en la banca de desarrollo para el financiamiento de las PyMES, un nuevo programa para empresas IMMEX, establecer reglas para el consumo energético propio de 0.7 MW a 20 MW y esquemas de participación privada en generación de electricidad, esquemas de inversión mixta en proyectos de infraestructura y publicar la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
Además, en el Plan se establecen metas y acciones específicas (incluyendo aranceles para algunos bienes para impulsar la sustitución de importaciones) en los sectores automotriz, semiconductores, farmacéutica y dispositivos médicos, química y petroquímica, energía, aeroespacial, textil, agroindustria y minería.
Un primer comentario es respecto al objetivo de que la economía mexicana esté entre las diez más grandes del mundo, la cual es una meta sin mucha importancia. En la actualidad, solo por tener una extensión de dos millones de kilómetros cuadrados y una población económicamente activa de 60 millones de individuos, la economía mexicana fue en 2023 la decimosegunda economía más grande del mundo (PIB en dólares ajustado por PPC). Lo relevante, en todo caso, es el PIB por habitante; así medido la economía mexicana está en el lugar 66. En sexenio de López, el “primer piso de la transformación” el PIB por habitante cayó; en el “segundo piso” las cosas no pintan mejor, más aún después del tsunami de destrucción institucional en los últimos cuatro meses del año pasado, empezando que para este año se estima una caída de 1 por ciento.
Segundo comentario es sobre la IED. Captar 100,000 millones de dólares anuales no es más que un sueño guajiro, aún con los incentivos fiscales. Para el periodo 2014 – 2022, ésta promedió 34,000 millones de dólares anuales (incluye nueva más reinversión de utilidades). Sin embargo, para el último bienio de López la IED se estima cayó a 18,000 millones de dólares y, más aún, el flujo de nuevas inversiones durante 2024 se estima fue 45% inferior a la de 2023. Sin garantía y protección jurídica de los derechos individuales, incluyendo el de la propiedad, será imposible atraer semejantes flujos de inversión.
Y es aquí en donde está ausente el incentivo más importante del Plan. La destrucción institucional en los últimos seis años, muy particularmente en los últimos cuatro meses, a significado un significativo debilitamiento del Estado de derecho. Sin un poder judicial independiente e imparcial y sin contrapesos efectivos al ejercicio arbitrario del poder, lograr que la inversión nacional y extranjera así como el crecimiento económico y el aumento del empleo sean elevados, no se va a lograr. El Plan México, como todos los planes de desarrollo, es sólo una quimera.
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