Publicado: julio 23, 2026, 2:00 am
Cuando la aplicación de la ley se vuelve selectiva, estamos ante la ausencia de un estado de derecho y la instauración de un sistema de justicia discrecional que protege a sus leales y persigue a sus enemigos. Este es el escenario que se presenta cotidianamente en México sin maquillaje alguno, y que genera un enorme temor por la posibilidad de que la fuerza del estado se ejerza sin ningún límite.
La captura de Ernesto Ruffo se sitúa exactamente en esta dimensión donde el problema no es la inocencia o culpabilidad del imputado, sino el proceso que derivó en la utilización de una juez sin preparación jurídica y dispuesta a servir a la voluntad presidencial de manera abyecta y con el objetivo de ajustar cuentas con la oposición política, tanto con el PAN como con Somos México.
La intención manifiesta de la aprehensión del exgobernador de Baja California fue la de igualar los cartones. Si las filtraciones periodísticas pusieron en evidencia el vínculo criminal existente entre los cárteles de la droga y Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, la única forma de contrarrestar el golpe brutal que esta información representa era buscar a un gobernador o exgobernador de oposición que anulara el escándalo bajo el principio según el cual la fuerza del nuevo presidencialismo absoluto es superior a cualquier denuncia sobre presuntos criminales cobijados por el manto protector de Morena.
Insisto, no se trata de cuestionar la presunción de inocencia de todos los involucrados en posibles delitos, sino de mostrar la inexistencia de un sistema legal que pudiese servir como instrumento para identificar violaciones a la ley, y su sustitución por la voluntad presidencial que dictamina discrecionalmente sobre la inocencia o culpabilidad de una u otra persona.
Queda claro que uno de los principales factores que explican la casi nula inversión extranjera nueva en nuestro país es este fenómeno de carencia de instituciones jurídicas autónomas, profesionales y confiables que hacen imposible atraer capitales que requieren indispensablemente de una certeza legal hoy inexistente en México. El grave error de Ruffo fue suponer que no se atreverían a tocarlo después que un primer juzgador no encontró elementos probatorios para sustentar una acusación contra su empresa.
El miedo al gobierno es sin duda un factor que influye notablemente no sólo en las decisiones de inversión, sino en la vida cotidiana de los ciudadanos. Como en los viejos tiempos del priismo hegemónico, criticar u oponerse a las políticas públicas de la administración en turno se convierte en una amenaza real de perder la libertad y verse perseguido por un aparato jurídico que es capaz de despojar al individuo de su dignidad humana de forma permanente.
Tiempos oscuros que se viven en el país y en buena parte del planeta y que vuelven al pasado no para aprender de él, sino para reproducir sus peores momentos.
