Publicado: octubre 21, 2025, 8:00 pm
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes un aumento sostenido de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en varios estados de Venezuela, evidenciando un patrón de persecución selectiva dirigido contra profesionales, activistas sociales, miembros de organizaciones gremiales, defensores de derechos humanos y ciudadanos vinculados a labores comunitarias o políticas.
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A través de una publicación en su cuenta de X, la organización informó que ha registrado al menos 15 arrestos arbitrarios durante octubre, según reportes recopilados por diversas fuentes locales.
Entre los casos documentados se encuentran la detención de tres miembros de una familia en el estado Lara, el arresto de un líder social y dirigente político en Trujillo, así como la privación de libertad de un médico y dos abogadas en Mérida.
La ONG señaló que, en varios de estos casos, los familiares han denunciado la falta de información sobre el paradero y la situación jurídica de las víctimas.
“La ausencia de información oficial sobre estos casos y la negativa de acceso a la defensa técnica constituyen graves vulneraciones del derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y psicológica. Más grave aún es que los detenidos no sean presentados ante tribunales ni se inicie un proceso judicial que permita conocer su situación”, indicó JEP.
Asimismo, la organización resaltó que el aumento de las detenciones y desapariciones ocurre en un contexto nacional marcado por expresiones de esperanza, como la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, pero también por una intensificación de las acciones de persecución.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estado venezolano —añadió JEP— tiene la obligación de garantizar el respeto a la libertad personal, informar de manera inmediata sobre los motivos de la detención y permitir la comunicación con la familia y la defensa.
“La omisión de estas garantías no solo vulnera la legislación nacional, sino que también expone a las víctimas a situaciones de riesgo y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, advirtió.
La ONG exhortó a las autoridades a garantizar el respeto irrestricto de las libertades fundamentales, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y asegurar el debido proceso y la integridad de los detenidos.
Finalmente, Justicia, Encuentro y Perdón informó que en Venezuela hay actualmente 1.074 presos políticos, de los cuales 913 son hombres y 161 mujeres. Además, 49 son extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del Estado activos, 12 defensores de derechos humanos, 546 miembros de la sociedad civil, 227 pertenecientes a organizaciones políticas, 35 exfuncionarios de seguridad, 20 periodistas y 14 sindicalistas.
