Publicado: octubre 17, 2026, 10:00 pm
El abogado Perkins Rocha, preso polÃtico y asesor jurÃdico de la lÃder democrática venezolana MarÃa Corina Machado, advirtió que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen, de modificar la distribución de competencias de los tribunales que conocen causas relacionadas con el terrorismo, no supone la eliminación de esta estructura judicial.
Por: lapatilla.com
En un extenso mensaje publicado la noche de este sábado 17 de octubre en su cuenta oficial de X, Rocha cuestionó la interpretación de la medida como una supuesta supresión de los llamados tribunales de terrorismo. Según explicó, la decisión mantiene vigente la competencia judicial en esta materia, aunque introduce cambios en la distribución territorial de las funciones de control dentro del proceso penal.
“La competencia judicial en materia de delitos de terrorismo (…) no ha sido derogada ni suprimida”, enfatizó el abogado, quien calificó la nueva resolución como inconstitucional por considerar que carece de fundamento legal.
Rocha sostiene que la modificación anunciada por el TSJ no desmantela la estructura judicial cuestionada por sectores de la oposición, sino que reorganiza sus funciones y mantiene intacta la posibilidad de continuar procesando a personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. En su explicación, detalló que la nueva resolución plantea una desconcentración territorial de la fase de control del proceso penal, mediante la transferencia de esas atribuciones, a tribunales de instancia ordinarios en las 24 entidades federales de Venezuela.
De acuerdo con el abogado, estos juzgados asumirán funciones de control en causas relacionadas con el terrorismo, sin perder las demás competencias que ya ejercÃan. De esta manera, pasarán a actuar también como tribunales de primera instancia en funciones de control con competencia en delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, Rocha advirtió que la fase de juicio continuará centralizada en cuatro órganos jurisdiccionales de carácter nacional ubicados en Caracas, que hasta ahora venÃan desempeñándose como tribunales especializados en esta materia.
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Por ello, el asesor jurÃdico de MarÃa Corina Machado considera que el cambio no elimina la estructura judicial cuestionada, sino que modifica la distribución de sus atribuciones: los tribunales ordinarios asumirÃan las funciones de control en todo el paÃs, mientras que los juicios seguirÃan concentrados en la capital venezolana.
Esta distinción constituye el punto central de su denuncia, pues, a su juicio, presentar la reorganización como una eliminación de los tribunales de terrorismo puede generar una percepción equivocada sobre el alcance real de la decisión.
El abogado identificó dos objetivos detrás de la modificación impulsada por el TSJ, a la que describió como un “maquillaje” institucional.
El primero, según su interpretación, serÃa proyectar una imagen de cumplimiento formal de una directriz atribuida a un actor que calificó como “el Tutor”, orientada a desmantelar el aparato judicial represivo. Rocha sostiene que la medida solo producirÃa una alteración orgánica, sin poner fin a la estructura que, según denuncia, ha sido utilizada para perseguir a la disidencia polÃtica.
El segundo objetivo serÃa de carácter «pragmático coactivo»: adaptar y descentralizar la estructura judicial para mantener su capacidad de actuación, sin modificar las causas penales que ya están en curso. En ese sentido, Rocha advirtió que la redistribución territorial de las funciones judiciales permitirÃa conservar los mecanismos de procesamiento penal que cuestiona, en un contexto en el que considera relevante la posibilidad de un nuevo evento electoral en Venezuela.
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Estas afirmaciones forman parte de la interpretación polÃtica y jurÃdica expresada por el abogado en su mensaje. Su denuncia apunta a que los cambios administrativos no equivalen necesariamente a una reforma de fondo ni garantizan el cese de los procesos judiciales contra opositores y otros ciudadanos.
En su pronunciamiento, Rocha también vinculó el origen de esta estructura judicial con una resolución administrativa del TSJ que, según su argumento, habrÃa establecido de manera inconstitucional competencias en materia de terrorismo.
El abogado afirmó que este mecanismo se habrÃa utilizado para perseguir a dirigentes opositores, activistas y ciudadanos que defendieron el mandato soberano de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia.
Su cuestionamiento se centra en la legalidad de la creación y funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales, asà como en el uso de acusaciones de terrorismo en procesos contra personas vinculadas con la disidencia polÃtica. Desde esa perspectiva, Rocha considera insuficiente cualquier medida que se limite a modificar la organización de los tribunales sin eliminar las competencias que, a su juicio, permiten mantener los procesos judiciales cuestionados.
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Al concluir su mensaje, el abogado llamó a mantener la presión ciudadana para exigir la eliminación definitiva de los tribunales de terrorismo y de la competencia judicial que, según denuncia, se utiliza para perseguir, detener y condenar a quienes discrepan del poder polÃtico.
Rocha insistió en que la exigencia no debe limitarse a cambios administrativos o reorganizaciones internas del sistema judicial, sino que debe apuntar a una transformación de fondo que impida el uso de estas instancias contra la disidencia. “No habrá elecciones libres mientras haya presos polÃticos y Tribunales de Terrorismo”, advirtió.
La principal advertencia de Rocha es que la redistribución territorial de las funciones de control no debe confundirse con la desaparición de esta estructura judicial. Para el abogado, mientras se mantengan las competencias cuestionadas y continúen los procesos penales en curso, no puede hablarse de una eliminación efectiva de los tribunales de terrorismo.
La exigencia planteada por Rocha es clara: no basta con reorganizar los tribunales; reclama eliminar las competencias que considera inconstitucionales y poner fin a su utilización como instrumento de persecución polÃtica.
