Publicado: mayo 20, 2025, 12:00 pm
La anulación de pasaportes por parte de la administración de Nicolás Maduro, se revela como una preocupante táctica de control y amedrentamiento contra sus ciudadanos, particularmente aquellos que expresan críticas o disidencia.
Por lapatilla.com
Anular pasaportes se utiliza como una estrategia deliberada para sofocar las voces críticas y generar un clima de intimidación. Esta medida, al restringir la libertad de movimiento y, por ende, la capacidad de buscar refugio, expresar opiniones en el extranjero o simplemente ejercer derechos fundamentales, se revela como una herramienta de control político.
Una vulneración sistemática de los derechos civiles, donde el documento de identidad esencial para la movilidad internacional se convierte en un instrumento de presión y castigo contra aquellos que disienten del régimen. Esta realidad plantea serias interrogantes sobre el estado de la democracia y el respeto a las libertades individuales en el país.
La anulación de pasaportes en Venezuela no se trata de una medida aislada, sino de una estrategia más amplia para erosionar las libertades civiles y mantener el poder a través de la intimidación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El documento analiza, en tres etapas, la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Todo ello, con el propósito de perpetuarse en el poder.
Anulación de pasaportes y otros actos de hostigamientos
81. En el contexto de la represión poselectoral se observaron nuevos y viejos patrones represivos. Entre los nuevos patrones se encuentran
la anulación abrupta, arbitraria, y no motivada de pasaportes. Al menos 40 personas defensoras de derechos humanos, con
liderazgo social, periodistas, y sus familiares, han sido víctimas de esta práctica dirigida a limitar la libre circulación e infundir terror. En algunos casos, las autoridades confiscaron los pasaportes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía mientras las personas intentaban viajar al extranjero. En otros casos, las personas se enteraron de la anulación de sus pasaportes al consultar la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) . Otro patrón inusual observado 102
fue la persecución en contra de personas testigos de mesa y observadores electorales. Conforme información de prensa, al menos 5 de estas personas han tenido que desplazarse a Colombia debido a amenazas de muerte . La Comisión considera que estos 103 patrones responden a una represalia por la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos y de la democracia.
82. De otra parte, en el contexto de la represión poselectoral se registraron viejas prácticas intimidatorias, como la marcación de
casas de personas opositoras o percibidas como tales con una X”.
El informe destaca que estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad.
CIDH: Venezuela debe restituir pasaportes anulados ilegal y arbitrariamente a personas opositoras, defensoras y periodistas Washington, DC
—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteran su condena por la anulación arbitraria e ilegal de pasaportes pertenecientes a personas opositoras, defensoras y periodistas. El Estado debe restituir de forma inmediata estos documentos de identidad que permiten viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil. Por su parte, los países de la comunidad internacional deben continuar promoviendo mecanismos y acuerdos para el reconocimiento de documentos vencidos o anulados por el régimen venezolano. Información del monitoreo de la CIDH indica que al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Esta práctica, denunciada por la CIDH y la RELE en su informe más reciente sobre Venezuela, forma parte de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas; en particular aquellas que denunciaron los abusos y la falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Las personas afectadas no han recibido notificación oficial alguna sobre la anulación de sus pasaportes, ni sobre la motivación o el fundamento legal de la medida. En la mayoría de los casos, han tomado conocimiento de la anulación al consultar el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME); en otros, la información les ha sido comunicada por funcionarios de dicha institución en los aeropuertos, al momento de viajar dentro o fuera de Venezuela. El temor a sufrir nuevas represalias, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ha llevado a que muchas de estas personas se abstengan de acudir a las autoridades a pedir una explicación por la anulación de su documento o decidan abandonar el país por pasos irregulares. El perfil de las víctimas (personas opositoras, defensoras, periodistas) y la opacidad que rodea la medida confirman que la anulación de estos pasaportes constituye una forma de represalia por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política. Estos actos generan temor, una sensación de vigilancia constante y afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y la integridad personal. Además, generan un efecto inhibidor que impide a las personas continuar con sus actividades de denuncia. El Estado venezolano debe restituir los pasaportes anulados, poner fin de manera definitiva a todas las prácticas orientadas a silenciar voces críticas y, sobre todo, adoptar medidas concretas para reconstruir la democracia y el Estado de Derecho. Para ello, es esencial fortalecer la separación y la independencia de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. Asimismo, la comunidad internacional debe activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, así como promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente por el régimen, y que les permitan el ejercicio de todos derechos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…
