Publicado: noviembre 24, 2025, 4:00 pm
Durante 26 años, el régimen venezolano ha mantenido un objetivo claro: aniquilar toda forma de disidencia. Lo ha hecho mediante métodos cada vez más macabros que han sembrado miedo, fracturado el tejido social y quebrado la moral colectiva.
Sin embargo, la represión ya no se limita a detener, torturar, aislar o secuestrar a dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, abogados, militares, funcionarios u opositores. En esta nueva fase, la persecución alcanza también a sus familias.
La estrategia es directa y brutal, el régimen persigue a madres, padres, hijos, hermanos, primos e incluso mascotas. A través de detenciones arbitrarias, aplica castigos colectivos para presionar a la persona buscada, forzar su entrega o simplemente castigarla.
Esta práctica corresponde al sistema nazi conocido como Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia. Históricamente asociada con la Alemania nazi y regímenes totalitarios como Corea del Norte, constituye una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos.
En Venezuela, el Sippenhaft fue mencionado formalmente por primera vez en el año 2021, cuando la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí, un entrevistado relató que agentes de la DGCIM lo torturaron y le advirtieron que aplicarían este método. No fue una amenaza vacía: detuvieron a dos hermanas y a un cuñado, cumpliendo el castigo familiar.
No obstante, esta práctica no es nueva. Desde el año 2014 comenzó con hostigamiento a familiares de presos políticos y, a partir de 2017, evolucionó hacia detenciones directas. Una investigación de Armando.Info publicada en 2023 registró al menos 25 casos entre 2017 y 2020. Entre ellos figuran el del general García Palomo; el del capitán Heredia, tras cuya fuga apresaron a sus padres, dos hermanas y un cuñado, así como el de un alcalde opositor de Mérida, cuyo hijo fue detenido.
Con los años, esta práctica no solo persistió sino que se intensificó, especialmente después de las manifestaciones poselectorales del 28 de julio de 2025, cuando quedó claro que se trataba ya de una política de Estado.
Según un monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), solo en el último año se documentaron al menos 23 nuevos casos. Entre ellos destacan: la defensora Rocío San Miguel, detenida junto con su hija, esposo, exesposo y hermanos; la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada al no encontrar a sus padres; la dirigente Yenny Barrios, paciente oncológica, tras cuya excarcelación detuvieron a su hijo Diego Sierralta; así como las aprehensiones de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González; del dirigente Biagio Pilieri y su hijo; del dirigente Juan Pablo Guanipa, cuyo hermano también fue detenido; y del defensor Pedro Hernández, junto con su esposa, padre, hermano y un primo.
Otros casos revelan patrones similares, la detención de la señora Blanca de Loaiza y sus hijos Omario y José Castellanos; los arrestos de los padres, hermano, tía, primo y esposa del militar Araña; y, en el caso del capitán Sequea, la detención de su madre, sobrina y cuñado. Estos ejemplos son apenas una parte de los casos documentados, todo indica que el número real es mucho mayor.
El régimen ha llegado incluso a secuestrar niños, llevando esta política a su punto más extremo. En Carabobo, al no localizar al dirigente Miguel Guillén, fueron detenidos su madre Miriam Fernández Ruiz (72), su hijo Miguel Ángel (17), su hija Chantal Guillén Ibarra y su nieta de dos años, Nicol Palermo. El adolescente y la niña permanecieron en una sede policial por al menos tres días.
En Barinas, fueron secuestrados Ángel José Cruz (7), José Ángel Cruz (9), José Antonio Cruz (5) e Ivanela Pérez Villegas (12), junto a su niñera Franyelis y la madre de los niños. Todos estuvieron en manos de cuerpos de seguridad por más de 72 horas. El más reciente caso es el de Samanta Sofía Hernández Castillo (16), hermana del teniente en el exilio Christián Hernández; su padre y hermana también permanecen detenidos.
Esta práctica viola derechos fundamentales, entre ellos:
*el derecho a la libertad y la seguridad personal;
*el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia;
*el derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes;
*el derecho a la protección de la vida privada y familiar.
Desde el OVP observamos con profunda preocupación esta práctica cruenta y sistemática. Es por ello que documentamos cada caso y lo remitimos a las instancias internacionales competentes, con el fin de activar los mecanismos de protección y supervisión destinados a frenar estas violaciones.
En ese sentido, exigimos una investigación exhaustiva de todos los hechos registrados, así como el cese inmediato de esta política de persecución basada en vínculos familiares. Del mismo modo, demandamos justicia y reparación integral para todas las víctimas del Sippenhaft en Venezuela.
La persecución de familiares inocentes es una de las tácticas más degradantes empleadas por los regímenes represivos. Habrá justicia.
NP
