Publicado: agosto 29, 2025, 7:30 pm
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes 29 de agosto, en su cuenta oficial de X, que al menos cinco defensores de derechos humanos continúan privados de libertad en Venezuela, pese a que sus casos son considerados emblemáticos de persecución política y criminalización de la labor social.
Por: lapatilla.com
Los nombres son conocidos: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda.
Según el OVP, cada uno de ellos representa “un caso emblemático de persecución, de criminalización de la palabra crítica y de la defensa de los derechos fundamentales”.
Carlos Julio Rojas, periodista y activista, tiene más de un año y medio detenido bajo acusaciones desproporcionadas y sin garantías de debido proceso. El OVP advierte que se encuentra sometido a aislamiento y graves restricciones para ejercer su defensa.
Eduardo Torres, abogado de Provea, fue desaparecido forzosamente en mayo de 2025. Posteriormente, el régimen confirmó su detención, en un caso que evidenció la práctica de ocultar a quienes resultan incómodos para el poder.
Rocío San Miguel, abogada y especialista en temas militares, fue arrestada en un aeropuerto y convertida en símbolo de la arbitrariedad estatal. Organizaciones denuncian que fue víctima de desaparición forzada y enfrenta un proceso judicial sin transparencia.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, lleva más de cuatro años encarcelado por documentar violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas. Según el OVP, paga con su libertad el haber denunciado lo que muchos prefieren callar.
Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal, fue detenido en agosto de 2024 mientras intentaba ejercer la defensa legal de manifestantes. Su caso demuestra que en Venezuela incluso la labor de un defensor puede ser tratada como delito.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que estos casos no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de intimidación contra la sociedad civil.
“La detención de defensores de derechos humanos es una afrenta a la democracia, a la dignidad y al futuro del país”, expresó la organización en su denuncia pública.
El OVP exigió la liberación inmediata e incondicional de los cinco defensores y recordó que ningún régimen puede aspirar a legitimidad mientras mantenga tras las rejas a quienes dedican su vida a proteger los derechos de los demás.
