Publicado: julio 22, 2025, 11:00 am
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que, a 12 años de la Ley contra la Tortura, en Venezuela se sigue cometiendo dicha práctica, incluso pese a la investigación de la Corte penal Internacional (CPI) al respecto de ese y otros presuntos crímenes de lesa humanidad.
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A continuación, el comunicado íntegro del OVP en redes sociales:
«A 12 años de la Ley contra la Tortura, en Venezuela se sigue torturando
Hoy 22 de julio se cumplen 12 años de la entrada en vigor de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, una norma que marcó un hito al tipificar la tortura como delito autónomo en Venezuela y establecer responsabilidades directas para los funcionarios públicos involucrados en su práctica o encubrimiento.
La ley fue aprobada el 22 de julio de 2013 con el objetivo de adaptar el ordenamiento interno venezolano a las obligaciones asumidas por el país en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por Venezuela en 1991.
En su articulado, la norma establece con claridad que ningún funcionario público puede alegar órdenes superiores para justificar actos de tortura, y establece penas de hasta 25 años de prisión para quienes incurran en este delito. También prevé garantías para las víctimas, como el acceso a atención médica, protección integral y mecanismos de denuncia efectivos.
Incluso se contempló la creación de una Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conformada por 12 organismos institucionales y presidida por la Defensoría del Pueblo, pero dicha comisión brilla por su ausencia, no existe presencia institucional activa ni mecanismos efectivos de monitoreo, lo que deja a las víctimas completamente desprotegidas.
Pese a lo establecido en esta ley, que prohíbe expresamente la tortura física o psicológica y obliga a investigar y sancionar a los responsables, las denuncias de las víctimas no reciben respuesta efectiva. Por el contrario, en muchos casos son silenciadas o desestimadas, y se mantiene en la impunidad a quienes las cometen, especialmente cuando se trata de cuerpos de seguridad del régimen o servicios de inteligencia.
La falta de investigaciones imparciales, el retardo procesal y la negación de acceso a la justicia perpetúan un sistema donde el maltrato se normaliza e institucionaliza.
En este punto es importante mencionar que Venezuela es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y como tal tiene la obligación internacional de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de tortura. Sin embargo, estas obligaciones han sido reiteradamente ignoradas, lo que vulnera derechos humanos fundamentales y socava los principios del Estado de derecho.
Desde 2014 hasta la actualidad, se ha registrado un uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Las víctimas incluyen tanto a manifestantes como a personas consideradas enemigas del gobierno, entre ellos militares disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, entre otros.
Puntualmente en el caso de los presos políticos, la tortura ha sido empleada como herramienta para castigar, doblegar o extraer confesiones. Se han documentado patrones sistemáticos que incluyen desaparición forzada, la cual viola múltiples derechos reconocidos en convenciones internacionales; golpizas, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, amenazas a familiares, aislamiento prolongado y negación de atención médica.
Estas prácticas violan no solo el derecho a la integridad personal, sino también las garantías del debido proceso y la dignidad humana. Incluso, algunos casos emblemáticos lo ilustran con crudeza: detenidos que han perdido piezas dentales por golpizas, personas con costillas fracturadas por tortura física, y víctimas que han denunciado violencia sexual como forma de castigo o humillación.
En muchas de estas situaciones, los responsables directos han sido identificados por las víctimas, sin que se hayan iniciado procesos judiciales independientes o se haya garantizado la reparación debida.
En ese sentido, diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han señalado que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado orientada a silenciar la disidencia mediante el miedo.
A 12 años de su promulgación, esta ley que representa una obligación moral y jurídica del Estado venezolano continúa siendo letra muerta. Por ello, desde
@oveprisiones
exigimos el fin de la tortura, justicia para las víctimas, garantías reales de no repetición y que la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura cumpla con el rol que le fue asignado por ley: monitorear, denunciar y actuar frente a todo trato cruel, inhumano o degradante dentro del sistema de justicia y reclusión.
Habrá justicia.»
