Publicado: febrero 24, 2025, 7:00 am
El INEGI dio a conocer el viernes pasado la información del PIB durante el cuarto trimestre del año pasado y la noticia, sin sorpresa, es mala: durante el periodo octubre-diciembre la economía se contrajo, respecto al tercer trimestre, en 0.6%. Para todo el año, la economía creció, con cifras ajustadas por estacionalidad, apenas un 1.2%. Con cifras originales, es decir, sin ajustar, el crecimiento anual fue de 1.5%, menos de la mitad del crecimiento registrado en 2023, cuando la economía se expandió en 3.3 por ciento.
Ya con la información para todo el año pasado, tenemos completo el desastre que fue, en términos de crecimiento económico, el periodo presidencial de López (aun cuando el cuarto trimestre del año pasado ya corresponda al gobierno de la presidenta Sheinbaum). Así, para el periodo 2019-2024, el crecimiento acumulado del PIB fue de únicamente 5.2%, por lo que el PIB por habitante disminuyó en 0.5%.
Sin duda, el muy bajo crecimiento económico acumulado durante el gobierno de López, el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se debió principalmente a cuatro factores. El primero fue la decisión de López de destinar dos billones de pesos a la construcción de cuatro obras de infraestructura con rentabilidad social negativa y destructoras de la riqueza nacional. El segundo fue la decisión de no instrumentar una política fiscal contracíclica durante 2020, lo que profundizó la caída derivada de la pandemia de COVID y limitó la recuperación durante el siguiente año. El tercero fue su decisión de permitir el crecimiento del crimen organizado, validando implícitamente la imposición de tributos privados sobre los agentes económicos, es decir, la extorsión y el cobro de derecho de piso, además de otros ilícitos como narcotráfico y trata de personas.
El cuarto, sin duda el más importante por sus efectos de largo plazo, fue la destrucción del arreglo institucional y el debilitamiento del Estado de derecho, estrategia que culminó con las reformas constitucionales que destruyeron al Poder Judicial, las que eliminaron los órganos autónomos del Estado, las que discriminaron al sector privado en el sector energético y las que revirtieron, para varios delitos, la presunción de inocencia. Todas estas reformas han sido parte de la estrategia para consolidar una presidencia autoritaria y sin contrapesos. Y es esto último lo que derivará en otro sexenio que también registrará muy bajas tasas de crecimiento económico.
Los gobiernos de la Cuatroté, primero el de López y ahora el de Sheinbaum, ya dejaron en claro que sus decisiones de política económica distan mucho de ser aquellas que promueven el crecimiento, y su élan autoritario no se acerca ni tantito al del “dictador benevolente”, ese que, de manera autoritaria, establece el marco institucional, es decir, las reglas del juego que logran maximizar el “bienestar colectivo” o “bien común”. Por el contrario, las decisiones que tomó López y ahora ha tomado Sheinbaum nos alejan de ese escenario deseable. Van algunas de ellas.
Primero, la desaparición de la independencia judicial y de la certeza jurídica. Con jueces alineados y leales al poder político, los individuos y las empresas no tendrán la garantía de que el Poder Judicial actuará de manera imparcial, sobre todo cuando uno de los involucrados en un posible litigio sea el gobierno. Tampoco habrá certeza de que los individuos podrán tener defensa jurídica cuando actos de gobierno vulneren los derechos individuales, particularmente a la propiedad y al trabajo. Sin certeza jurídica, el premio ex ante exigido para ahorrar e invertir aumenta, por lo que el flujo de inversión es menor, al igual que el crecimiento.
Segundo, el que el propio gobierno haya asumido las funciones de los órganos autónomos en materia de competencia (Cofece e IFT) favorecerá estructuras de mercado en las cuales predominen la extracción de rentas a costa del bienestar de los consumidores, además de ser una potencial fuente de corrupción entre los funcionarios públicos adscritos a estas áreas, al actuar estos como buscadores de rentas negociando con dueños de empresas que también quieren apropiarse de rentas; lo mismo sucederá en el sector energético. Menor competencia en los mercados, menos libertad económica de los individuos y mayor corrupción gubernamental se traducen en menores tasas de crecimiento y, más importante aún, en una significativa pérdida en el bienestar de la sociedad.
Tercero, las finanzas públicas. Una creciente transferencia de recursos a través de programas sociales de compra de lealtades y votos, más el creciente déficit de empresas gubernamentales y una política petrolera sin sentido, hacen estructuralmente débiles a las finanzas públicas y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica. Es tal la debilidad de las finanzas públicas que sería prácticamente imposible instrumentar una política fiscal contracíclica en caso de experimentar un choque real negativo, como serían los aranceles que pudiese poner Trump, junto con la deportación masiva de migrantes y la caída en las remesas, más las sanciones que pudiesen imponerse al haber declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Todos estos factores se traducirán en que, en los próximos seis años, habrá bajo crecimiento económico; será un sexenio en atonía.
