Publicado: noviembre 13, 2026, 2:30 pm
Al menos ocho militares presos en Ramo Verde sufrieron descompensaciones de salud este viernes 13 de noviembre, después de cuatro días en huelga de hambre para exigir la revisión de sus expedientes judiciales y la aplicación de la Ley de Amnistía, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a partir de testimonios de sus familiares.
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Los afectados recibieron hidratación por parte del servicio médico del centro penitenciario, ubicado en Los Teques, estado Miranda. La organización identificó entre ellos a los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, además del teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara.
La protesta comenzó la mañana del lunes 9 de noviembre y reúne a 36 militares privados de libertad, quienes consideran que sus casos no han sido atendidos de manera adecuada en los procesos de excarcelación. Los detenidos reclaman investigaciones sobre presuntas irregularidades judiciales y solicitan que se evalúe su situación conforme a los beneficios previstos en la legislación de amnistía.
Entre los participantes se encuentran militares vinculados con el caso Cotiza, relacionado con la sublevación de un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en enero de 2019. Aquel episodio ocurrió en el comando de la GNB situado en el sector Cotiza, en Caracas, y derivó en detenciones y procesos judiciales contra los uniformados involucrados.
La situación dentro del penal se agravó, según los familiares citados por el OVP, después de que el general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ordenara cerrar el acceso entre la torre de reclusión y el patio. Los parientes denunciaron que la medida dejó a los manifestantes sin acceso regular al agua potable y a los baños desde el inicio de la huelga.
A las restricciones denunciadas se sumó este viernes la suspensión de las visitas para los 235 reclusos de Ramo Verde, una medida que afectó también a quienes no participan en la protesta. De acuerdo con la organización, los portones del establecimiento fueron militarizados y la decisión provocó un cacerolazo de rechazo.
La huelga ocurre en medio de nuevas exigencias de familiares de presos militares para que se revisen causas que consideran afectadas por irregularidades procesales. Los manifestantes sostienen que las medidas de excarcelación anunciadas por las autoridades chavistas no han beneficiado suficientemente a quienes permanecen detenidos en instalaciones militares.
El OVP recordó que la custodia de las personas encarceladas obliga a las autoridades a garantizar su integridad física y condiciones compatibles con la dignidad humana. En particular, la privación de agua potable denunciada por los familiares supondría un riesgo adicional para quienes llevan varios días sin ingerir alimentos.
Hasta este viernes, según la organización, ningún representante de las autoridades penitenciarias se había presentado para dialogar con los 36 huelguistas. Tampoco se conocía una respuesta oficial a las denuncias sobre el deterioro de su salud, la restricción de servicios básicos o la suspensión de visitas.
