Publicado: diciembre 16, 2024, 5:00 am
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Cuando una empresa evalúa llevar a cabo un proyecto de inversión tiene que tomar en consideración el tiempo de vida del proyecto, los ingresos esperados que obtendría, los costos de producción y venta en los que incurriría y cómo se financiaría el proyecto; es decir, deuda o emisión de nuevo capital mediante la venta de acciones. Tendiendo un estimado de todos los flujos futuros de ingresos netos para la vida útil del proyecto, es necesario descontarlos al presente a una tasa que refleje el costo de capital aproximado por la tasa de interés que pagaría en caso de financiar el proyecto con deuda.
Si el valor presente neto es positivo, el proyecto será rentable. Si hay dos o más posibles proyectos, la empresa se decidiría por aquel que tenga el mayor valor presente. En su evaluación, a la empresa que tiene como objetivo maximizar utilidades, solo le interesan los costos directos en los que incurriría, así como los ingresos que el proyecto le aportaría y no toma en consideración en su evaluación los efectos externos, positivos y negativos, que el proyecto pudiese generar sobre la sociedad.
Cuando se trata de proyectos de obra pública, la evaluación que se tiene que hacer incluye más variables que las que incorpora la evaluación privada. La principal diferencia entre ambos tipos de evaluación es que mientras la empresa privada utiliza precios de mercado para el cálculo de sus ingresos, costos y tasa de descuento, la evaluación de un proyecto de obra pública tiene que ser hecha tomando en consideración los denominados “precios sombra”, que incluyen los costos sociales, además de los privados y reflejan la verdadera escasez de recursos en la economía y, por lo mismo, su costo de oportunidad social.
La evaluación de una obra pública que toma los precios sombra refleja el impacto sobre diferentes variables que tendría que llevar a cabo el proyecto. Estos efectos incluyen el aumento de la tasa de interés en el mercado y su impacto sobre la inversión privada; es decir, cuánta de esta es desplazada por el mayor endeudamiento público, el efecto sobre el salario en el mercado laboral local en donde se realizaría la obra, incluyendo el impacto que tendría la atracción de más mano de obra a la zona y el efecto sobre el tipo de cambio cuando el proyecto requiera utilizar bienes importados o sea un exportador. Además, dependiendo del tipo de proyecto del que se trate, otras variables pueden ser relevantes, por ejemplo, el valor de tiempo de traslado en una obra de comunicaciones y transportes o el impacto sobre el medio ambiente de una refinería.
Así, para determinar si una obra pública puede llevarse a cabo, la evaluación tiene que utilizar la tasa de descuento que refleje el costo de oportunidad social de los fondos públicos, los demás precios sombra y los efectos externos positivos y negativos que el proyecto pudiese causar. Si en la evaluación, el valor social presente neto es positivo; es decir, la tasa de rentabilidad social más que cubre el costo de oportunidad social de los fondos públicos, el proyecto aporta a la riqueza nacional. Si por el contrario, el valor social presente neto es negativo, llevar a cabo el proyecto destruiría parte de la riqueza del país.
Para México, el artículo 34 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que para que un proyecto de inversión pública sea aprobado y se le dote de los recursos, es indispensable la evaluación de costos y beneficios que muestre que es susceptible de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables y avalada por un valuador privado. Esto implica utilizar precios sombra en la evaluación, muy particularmente la tasa social de descuento. La Comisión Gasto Financiamiento decidirá otorgar recursos a aquellos proyectos que tengan la mayor tasa de rentabilidad social.
La evidencia indica que en todas las obras públicas que López emprendió violó, con la complacencia de la Cámara de Diputados, la Ley de Presupuesto. Ninguno de sus emblemáticos proyectos fue acompañado de una evaluación social previo a que se les asignara presupuesto y en ninguno se demostró que la tasa de rentabilidad social más que cubría el costo de oportunidad de los fondos públicos. Y aquí incluimos todos sus caprichos: el Tren Maya, los hoteles construidos y operados por los milicos, el AIFA, Mexicana de Aviación, Dos Bocas y el Ferrocarril Transístmico. En todos estos la tasa de rentabilidad social es negativa y, por lo mismo, destruyen riqueza nacional. Peor aún cuando añadimos que para poder operar requerirán de cuantiosos subsidios.
La presidenta Sheinbaum también tiene sus caprichos, como son los trenes de pasajeros. Con la complicidad de los Diputados, para algunos ya hay presupuesto asignado a pesar de que no se hizo la evaluación social de los proyectos tal como lo exige la ley y lo más probable es que también, como en los de López, serán destructores de la riqueza nacional, requerirán subsidios y generarán una pérdida neta en el bienestar social. “Pequeño” lujo que no podemos darnos.
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