Publicado: diciembre 3, 2024, 6:00 am
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Persiste la zozobra en los ámbitos de la política de competencia y telecomunicaciones tras consumarse el jueves pasado el trámite legislativo federal de la reforma a la constitución que extingue a los órganos reguladores del sector.
Si bien fue positivo el cambio de última hora en el dictamen de decreto aprobado por el pleno del Senado para establecer que tendrá que ser una autoridad técnica la que remplace a la hoy constitucionalmente autónoma Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ello no es suficiente para asegurar que México cumplirá con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), aseveraron analistas consultados.
En su opinión, para tener una idea más clara sobre si se respetará el tratado -lo cual es crucial para que México llegue sin pendientes a la mesa de revisión del acuerdo en el 2026-, habrá que esperar a conocer la legislación secundaria.
Y parece haber un consenso: entre más parecida sea a la legislación actual, se correrán menos riesgos de incumplimiento.
“No creo que el dictamen aprobado disipe aún las preocupaciones ni la incertidumbre”, comentó en entrevista Lucía Ojeda, socia del despacho SAI, Derecho y Economía.
La sola promesa de un órgano técnicamente independiente no es suficiente. Hay que ver si la legislación secundaria contemplará mecanismos para que la independencia se materialice y se elimine en lo posible el riesgo de politización de sus decisiones.
Para la abogada, un primer paso es garantizar que las personas que integrarán el órgano de gobierno de la autoridad -asumiendo que se opte por una instancia colegiada, porque la reforma aprobada no lo especifica- tengan nombramientos fijos por un período relativamente largo y que no puedan ser removidos salvo causas graves.
“Esto ayuda a que las personas funcionarias que sean designadas tengan la libertad de tomar decisiones bajo su propio criterio técnico y no político. Y eso es realmente la independencia”, destacó.
El artículo Décimo transitorio del dictamen de reforma en materia de simplificación orgánica aprobado la semana pasada establece que “La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.
Esta disposición no estaba originalmente en el proyecto de reforma que fue dictaminado en agosto pasado en Comisiones de la Cámara de Diputados, durante la pasada legislatura.
Y fue hasta que se votó en el pleno de esa cámara el 21 de noviembre pasado, cuando fue incluida en una reserva presentada por el diputado morenista Ricardo Monreal, con la aspiración de compatibilizar la reforma con el T-MEC, que plantea que los países socios deben contar con autoridades especializadas para el combate de prácticas monopólicas.
“El dictamen dice que la reforma no atenta contra el T-MEC, pero quienes tendrán que dictaminar si cumple o no, son los organismos previstos en ese mecanismo para resolver las controversias”, opina Javier Núñez, socio director de Ockham Economic Consulting.
Desde su perspectiva, además de las reglas de los nuevos nombramientos directivos, también será importante el presupuesto de la nueva autoridad, pues de ello depende también el cumplimiento efectivo de sus funciones.
“El diablo está en los detalles. Y uno importante será el presupuesto, porque le están asignando nuevas funciones (a la nueva autoridad)”, puntualizó.
Cabe recordar que el nuevo órgano antimonopolios se encargará de la supervisión de la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y de aplicar la regulación asimétrica de los agentes económicos preponderantes en esos ámbitos, funciones que hoy recaen en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que también desaparecerá.
Incertidumbre en telecom
Y justo el tema de las telecomunicaciones es otro peliagudo. El capítulo 18.17 del T-MEC establece que los países socios deben tener reguladores sin ningún nexo con operadores de telecomunicaciones (como garantiza hoy el IFT, gracias a su autonomía constitucional).
Sin embargo, la reforma de extinción transfiere las facultades de regulación sectoriales del IFT a la Administración Pública Federal, que controla operadores estatales de telecomunicaciones, como Altán Redes.
“Ahí sí podría haber un reclamo de los socios comerciales por conflictos de interés, esa parte sí es más preocupante que en otros sectores”, afirma Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce (ICC).
Al igual que Lucía Ojeda, Flores Bernés también pone énfasis en las incógnitas sobre las reglas de la nueva autoridad, especialmente en lo que concierne a la separación de la autoridad investigadora de prácticas monopólicas y la autoridad sancionadora.
El dictamen de reforma aprobado contempla esa segmentación, pero no se sabe cómo operará. “Las reglas de contacto van a ser muy importantes. En la legislación actual la separación entre la autoridad investigadora y la sancionadora está garantizada en el sentido de que no pueden dialogar ni intercambiar información. Esa parte todavía falta de desarrollar para dejar claro cómo van a operar”, comentó.
Otro frente de incertidumbre es que no hay fecha para la extinción tanto de la Cofece como del IFT. El dictamen aprobado plantea que esta se materializará 180 días después de la promulgación de la legislación secundaria, para la cual no hay un plazo límite.
“Cofece e IFT podrían quedarse en el limbo legislativo si no se emite una la legislación secundaria. Hay una sentencia de muerte, pero lo que no hay es una fecha para ejecutarla”, comenta Javier Núñez.
Por otra parte, el que la reforma hable de una nueva ley secundaria y no de reformar la actual Ley Federal de Competencia Económica, también produce dudas.
“Otra cosa que genera inquietud es que hablan de una nueva ley secundaria, no de una adecuación de la que tenemos y aquí preocupa que haya la oportunidad de cambiar cosas de sustancia que son mejores prácticas internacionales que no deberían de cambiar por esta reforma”, remata Lucía Ojeda.
Puntos de incertidumbre sobre la nueva autoridad de competencia:
- Definición del nuevo órgano de gobierno. No se sabe todavía si será colegiado.
- Criterios de selección de funcionarios, duración de los nombramientos y criterios de remoción.
- Reglas de contacto entre autoridad investigadora y sancionadora y con los agentes regulados.
- Continuidad del personal de los órganos actuales para no perder experiencia y asegurar continuidad de los casos en marcha.
- Presupuesto suficiente para el nuevo órgano de competencia ante nuevas facultades.
- Nueva ley de competencia económica. Preocupa que se mantengan las buenas prácticas y los procedimientos especiales actuales.
- No hay un plazo límite para sacar la legislación secundaria y, por lo tanto, tener despejadas las dudas de cara a la revisión del T-MEC en el 2026.
- Hasta la fecha, el legislativo no se ha abierto a escuchar preocupaciones de la academia, profesionistas e iniciativa privada.
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