Publicado: marzo 18, 2025, 12:30 am
El encabezado de muchos emails que indican que no se puede responder es una afrenta a la humanidad y a la democracia. Es de mala educación decirle a alguien que no puede contestar. Es autoritario, inapelable. Si respondes, rebota y te lo devuelve: por eso mismo hay que responder siempre a estas imposiciones. Siendo algo rutinario el “no reply” es gravísimo.
El “no reply” suele venir de instituciones y organismos extractivistas –qué hermosa palabra horrible: extractivismo. No la admite la RAE.
El “extractivismo”, que se usa mucho en relación con las instituciones con afán recaudador, viene de “extraer”: “poner algo fuera de donde estaba”. Y sus sinónimos: “sacar, arrancar, extirpar, quitar, vaciar, separar, exprimir”.
El “no reply” a veces puede venir con buenas noticias, o notificaciones. Pero siempre da que temblar. Incluso en esos casos exóticos de buenas noticias te quedas con las ganas de dar las gracias o de responder. Responder es humano.
El “no reply” es un abuso que achacamos a las máquinas. A las máquinas les gusta mucho meter el “no reply” en sus mensajitos. Pero detrás de un mensaje automático siempre hay una instrucción, una intención humana, aunque sea de tiempos pretéritos. ¿Quién fue el primer iluminado que ideó el “no reply”?
La burocracia sólo la puede ejercer el que manda. El mandado ha de sufrirla.
Así, en el “no reply” hubo en un tiempo remoto una intención humana. Luego, ya, la costumbre se propagaría ad infinitum: ya se sabe que la costumbre, con el roce, se hace ley.
El uso se hace código y el código informático pasa al código penal (y quizá viceversa). Lo jurídico, como vemos si intentamos leer las leyes (o sea, decretos rápidos) suelen estar mal redactadas. Leyes o decretos que funcionan al revés de lo que pretenden hay algunas en la mente de todas y todos. Y a menudo es un problema de gramática: sujeto verbo y… ¿cómo era? Y las prisas.
Esta carencia de gramática elemental y la prisa autolegislante es lo que puede salvar a las democracias en trance de privatización gubernativa: la redacción que dice lo contrario de lo que pretende es quizá el último contrapoder.
Quizá por eso hay una tendencia a que la autoridad para interpretar la aplicación de una norma no sea jurídica sino administrativa (cuñados).
El “no reply”, que se ha hecho carne (o sea, microplástico) en nuestras vidas a fuerza de email, tiene un pretexto informático falaz (no respondas pues soy una máquina) pero afecta y obliga a una persona humana, de carne y ADN (código íntimo de momento inaccesible al propio usuario, aunque sí hackeable por la ciencia, que lo “lee” y lo puede editar).
Entonces, en la cadena de órdenes, instrucciones, prohibiciones, vetos, restricciones y amenazas que jalonan el minutaje humano el “no reply” puede pasar inadvertido como algo inofensivo, trivial, mera rutina informática.
Quizá nos hemos adaptado demasiado rápido a esas malformaciones del sistema, que viene a ser humano, de las plataformas y de las administraciones.
Las plataformas, que tantas utilidades nos aportan, son incorregibles, dependen de extraer nuestros datos para revenderlos, remixearlos, alimentar sus IA’s… lo que sea que hagan, que tampoco lo sabemos.
Pero las administraciones, siendo públicas (quizá no lo son, esa es otra) no deberían usar el “no reply” con la ciudadanía (excepto dictaduras y democracias en implosión avanzada) ya que es una falta de respeto: es una afrenta cotidiana, afrenta frecuente, asumida y rutinaria: la peor especie.
El “no reply”, como las deportaciones masivas, está normalizado. Acaso idealizado. Admitir el “no reply” institucional hace tanto daño como dejar pasar la expresión de una operadora de telefonía cuando responde (la máquina): “el número marcado no existe”, ya que si hay algo obvio es que todos los números existen. De hecho los números, según algunas doctrinas que van y vienen, son lo único que existe.
Al homologar esos conceptos –los mensajes no se pueden responder, puede haber números que no existan–, estamos dañando el planeta.
El uso del “no reply” por parte de las administraciones y organismos públicos debería estar regulado por la Constitución, aunque dado el caso que le hacemos y lo interpretable que es quizá sería mejor que lo gestionara la RAE o, mejor, el propio Ejército. Así, a quien ose replicar a un correo de “no reply” se le podrá aplicar el código militar… ruso.
